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Requena (13/12/18). Fuente eleconomista.es – Rubén Esteller
Iberdrola y Naturgy han puesto sobre la mesa un cambio normativo que permita desbloquear la situación de las centrales nucleares en España. Ambas compañías quieren que el Gobierno disponga de un plazo adicional de cuatro años para poder decidir sobre el cierre ordenado de estas plantas o la posibilidad de continuar operando bajo un marco retributivo estable que garantice su rentabilidad.
Para ello, han planteado al Ejecutivo la modificación del artículo 20 del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas de modo que en el supuesto de que se solicite la renovación de la autorización de una nuclear sin precisar en la solicitud el plazo por el que se pretende ampliar los permisos se pueda entender que esta opción equivalga a lo que resta a dicha planta para alcanzar su vida de diseño, es decir, llegar a los 40 años.
Con esta medida se permitiría dar este plazo adicional de vida con las inversiones anuales ordinarias, de modo que el Gobierno ganaría tiempo para tomar una decisión sobre la explotación más allá de ese periodo. En tal caso, el contenido de la correspondiente Revisión Periódica de la Seguridad de la central se ajustará también al plazo por el que se entiende solicitada la renovación sin perjuicio de que posteriormente se hubiera de realizar otra revisión de seguridad.
Eliminaría el riesgo de que el solicitante de la renovación pueda quedar cautivo con un mayor plazo
Por poner el ejemplo más cercano, en la central nuclear de Almaraz se podría plantear ampliar los permisos sin fecha, de modo que con este cambio se lograría que siguiera operativa cuatro años más, como reclaman Iberdrola y Naturgy, y luego se analizaría la petición de Endesa de operarla hasta los 50 años. Esta medida permitiría también invertir del orden de 300 millones en la planta frente a los 1.000 millones que supondría la ampliación directa de 10 años más.
Esta modificación no impediría ulteriores renovaciones que pudieran acordarse una vez alcanzada la vida de diseño, de tal modo que si luego Endesa o las mismas Iberdrola o Naturgy quisieran continuar con las plantas más allá de los 40 años lo pudieran hacer pero eliminando el riesgo de que el solicitante de la renovación pueda quedar cautivo con un mayor plazo si la Administración, por razones de interés general, así lo acordara. De hecho, el Gobierno amparándose en informes de seguridad de suministro de REE, podría negarse a aceptar el cierre de alguna de estas centrales o forzar su prolongación.
Las centrales nucleares compran combustible para operar 40 años
El PP de la comarca cacereña de Campo Arañuelo ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas para reclamar la prórroga de la vida útil de la Central Nuclear de Almaraz y evitar así que «las más de 4.000 familias que se verían afectadas por su cierre se queden sin nada».
La presidenta comarcal del PP en Campo Arañuelo, Paloma López, ha presentado esta acción que, bajo el lema Sí a la prórroga, Almaraz no se cierra, se llevará a cabo a través de la plataforma Change.org y de forma presencial en distintos establecimientos de la zona, tal y como informa Efe.
Los municipios de la zona de Cofrentes han emitido también un comunicado conjunto para mostrar su «preocupación y rechazo ante el posible cierre de la Central Nuclear de Cofrentes». En el documento se advierte de que este hecho que plantea el Gobierno de Pedro Sánchez «tendría un impacto devastador en las poblaciones cercanas». Según recogía Las Provincias, se perderían más de 1.000 empleos directos y otros 1.000 indirectos, con lo que más de 2.000 familias que trabajan y dependen de la central se verían seriamente afectadas. Esto supone un impacto sobre el 20% de la población de esta comarca del interior de la Comunidad Valenciana y los municipios consideran urgente «luchar para evitar el despoblamiento de las comarcas y municipios».
