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EL OBSERVATORIO DEL TEJO. JULIÁN SÁNCHEZ

El pasado día 16 de diciembre el ministro de Industria y Energía José Manuel Soria, se marchó a Londres y tras celebrar una reunión con el comisario europeo de Industria Antonio Tajani, se apresuró en efectuar una declaración pública consistente en el anuncio de que el Gobierno “no tenía intención alguna en subir el precio de la factura eléctrica en 2014”. Seguramente el ministro no había contado con la opinión del principal poder económico en el ejecutivo, tal y como es considerado el ministro Montoro y, lo que en principio aparentaba una estabilidad en precios del recibo de la luz para particulares y empresas, se vino a convertir en otro anuncio, en sentido contrario, habida cuenta que, el pasado día 19, aperas setenta y dos horas después del anterior anuncio, el propio Gobierno hizo circular la proclama consistente en que, a partir del primero de enero próximo se revisarán de nuevo los precios de la luz en España.

En principio todo apuntaba a un repunte del 3%, pero al conocerse el resultado de los costes finales de la subasta de adquisición, se disipaba la previsión de incremento a una consideración real del 13%. La sorpresa la tuvimos todos cuando en la madrugada del día 20, la comisión de competencia, a requerimiento del propio Gobierno, tuvo a bien ejercer su potestad para anular la subasta eléctrica celebrada el día anterior, citando «circunstancias atípicas» y los elevados precios del mercado registrados en días previos.

¿Por qué es tan caro el coste del recibo de la luz en España, que viene a alcanzar hasta un 70% más que, por ejemplo, en nuestro vecino país Francia? Pues, a pesar de que nuestros vecinos apostaron por la generación de energía nuclear que resulta bastante más barata (80 centrales en Francia por 8 en España), en nuestro país la presión ecologista hizo mella en los sucesivos gobiernos hasta llegar a la promulgación de la Ley 54/1997 (Gobierno Aznar) que establece las bases del sistema eléctrico actual, la cual ha sido reformada en el Congreso el pasado día 19 de diciembre. Posteriormente a su promulgación, se puso en vigencia el Decreto 1342/2002, inspirado por el entonces ministro de Economía Rodrigo Rato, donde se establecía que las tarifas eléctricas nunca podrían subir más del coste del IPC. Medida demagógica, además de irreal, habida cuenta que, si no se cubrían los mencionados costes, lo lógico venía a ser que las cantidades no cubiertas pasasen automáticamente a incrementar el déficit de tarifa. En este orden de cosas surge la gran pregunta ¿Cómo se llega al enorme déficit de más de 30.000 millones de euros actual. Pues de la forma siguiente:

Al amparo de la cuestión legal establecida para el cambio de sistema, las compañías eléctricas y afines, además de inversores particulares, al tratarse de un negocio en principio primado que garantizaba un alto rendimiento a la inversión, comenzaron a establecer los sistemas de fondos para obtener el capital necesario en orden a la puesta en funcionamiento del nuevo plan energético basado en la energía fotovoltaica. Cuando se comenzó a la adquisición de los paneles destinados a la composición de los diversos parques, el coste de los mismos ascendía en aquel entonces a unos 6 euros Wp, habida cuenta del alto coste de unas instalaciones construidas en celdas de silicio, un producto carísimo que únicamente habría de ofrecer rentabilidades reales a muy largo plazo.

El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, tras comprobar la insostenibilidad de mantener un déficit creciente, comenzó paulatinamente a emitir normativas que fuesen suavizando la acumulación de dicho déficit, pero dicha normativa chocaba con los intereses de los inversores, los cuales habían expuesto su capital al amparo de una legislación en su momento vigente, que no admitía rectificación mediante la retroactividad y, sobre ésta base legal, la asociación Anpier, que agrupa la defensa de los intereses de miles de empresas así como de unos 55.000 inversores particulares de orden nacional e internacional, comenzó una persistente batalla legal al efecto en tribunales nacionales y europeos, cuya resolución se espera vaya dilucidándose para finales del presente año o, como mucho, principios del próximo.

Los expertos abundan en que el plan se adoptó por los sucesivos gobiernos, independientemente de su color político, mediante un elevado grado de precipitación, habida cuenta que, poco tiempo después desde China se comenzaron a fabricar paneles con unos materiales de coste más asequible, pero de una eficacia similar en su rendimiento, los cuales fueron puestos en el mercado a un coste de 0’60 € Wp. De ésta forma, la inversión necesaria que el acometimiento del plan habría requerido, hubiese resultado infinitamente menor y, por tanto, el déficit registrado sería hoy inferior al 70%, al efecto totalmente asequible.

Si algo faltaba para empeorar todavía más el escenario, cuando Zapatero llegó al poder, el petróleo alcanzaba un coste de 30 € barril y en poco tiempo pasó a experimentar un aumento de hasta 90 €, Otro gravamen más a contabilizar en el extraordinario déficit, todo lo cual, en líneas generales, nos ha ido llevando a la actual contabilización de cerca de los aproximadamente 26.000 millones actuales.

Pero, a lo hecho pecho y para garantizar el rendimiento de dicha inversión, los gobiernos acordaron, en principio, repercutir en el recibo de la luz a empresas y consumidores en general, un total del 38% en referencia a primas y subvenciones a la inversión. Si consideramos que otro 21% corresponden a impuestos, el verdadero coste de la generación y distribución de la energía que se adquiere por España viene a resultar el 44% de lo que actualmente venimos pagando los consumidores en general.

A fin de racionalizar lo más ajustado posible el sistema de repercusión de costes, el ministro Soria anunció el final del déficit tarifario mediante un reparto efectuado consistente en promediar el déficit de forma tripartita entre consumidores vía recibo de la luz; equilibrarlo sobre las compañías del sector, a través de más impuestos y menos subvenciones; y el Estado, quien asumiría su parte con cargo a los presupuestos.

Y ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues que el Estado no ha cumplido. El Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro a quien no le cuadra el déficit, exigió a principios de diciembre de este año los 3.600 millones de euros que Industria se había comprometido a pagar a las eléctricas para cumplir con el déficit público que exige Bruselas. La solución para tapar este agujero ha sido regresar a lo que se venía haciendo hasta ahora: permitir que las compañías eléctricas titularizasen esta deuda con el aval del Estado durante los próximos quince años y a cargo del recibo de la luz. Es decir, más déficit tarifario y otra vez a responder la ciudadanía de los incumplimientos del propio gobierno.

Y la cosa puede ponerse peor si por fin ven la luz los pronunciamientos jurídicos en forma de sentencia que den la razón, como se supone, a los reclamantes inversores, los cuales, como ya manifestamos, han interpuesto demandas a nivel nacional e internacional. Según Anpier, este reconocimiento expreso de la existencia en nuestro país de un “riesgo regulatorio” es la declaración palmaria de la existencia de “inseguridad jurídica” en nuestro ordenamiento, situación absolutamente incompatible con la inversión y la creación de empresas, puesto que si existe riesgo regulatorio no es posible calcular una rentabilidad y, por lo tanto, es poco recomendable realizar inversión alguna.

Y en esto estamos. A las cuatro de la mañana del día 20 de diciembre el gobierno, por mediación de la comisión de competencia, ha ejercido su potestad para anular la subasta eléctrica celebrada al efecto, citando «circunstancias atípicas» y los elevados precios del mercado registrados en días previos ¿Estrategia de dilación o intento de justificación sin base ni futuro real? Lo cierto es que la sombra de un desmedido aumento planea sobre los castigados bolsillos de los consumidores y empresas españolas. Las malas praxis políticas, además de gravar hasta lo indecible los castigados bolsillos de la ciudadanía, van a conseguir que la sociedad española vaya continuamente perdiendo el tren del progreso y el bienestar que, sin duda ninguna, ofrecen las energías renovables, por culpa de una supuesta prelación de los intereses particulares de los gestores y beneficiarios de un reducido grupo de intereses espurios y esto se va haciendo ya totalmente intolerable.

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