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EL OBSERVATORIO DEL TEJO/ JULIÁN SÁNCHEZ

Da la sensación, si se repasa la letra pequeña de la tan anunciada “Reforma Montoro”, que el Gobierno de la nación ha diseñado una reforma fiscal a efectos de que su impacto más positivo a la vista e la ciudadanía tenga efectos a partir del primero de enero del próximo año. En este sentido habremos de recordar la evidencia de que, a principios de su segundo tercio, habrán de celebrarse legal y reglamentariamente las pertinentes elecciones a gobiernos autonómicos y ayuntamientos en consecuencia, el impacto más atractivo, a mi juicio, de la supuesta innovación fiscal, viene a ser la anunciada rebaja de las retenciones a cuenta establecidas sobre las cadenciales nóminas de trabajadores y pensionistas, las cuales vendrán a experimentar un significativo aumento en referencia su saldo líquido a percibir, como consecuencia de la menor detracción impositiva correspondiente al IRPF.

La pretensión gubernamental al efecto deviene en dos consideraciones intencionadamente establecidas. La primera de ellas habría de ser la de poner a disposición del ciudadano consumista una mayor reserva de efectivo, lo que, en consecuencia, deberá redundar necesariamente en una mayor posibilidad de inyectar mayores ingresos en comercios y hostelería entre otros. La segunda en provocar el aparente conformismo entre asalariados y pensionistas quienes, al disponer de entrada de un mayor saldo líquido en sus respectivas nóminas, lógicamente no prestarán tanta atención a sus protestas sobre la supuesta congelación o, en su caso, efectiva disminución que sin duda va a sufrir nuevamente la parte bruta de sus emolumentos desde principios del próximo año. Hay que reconocer en este caso a los diseñadores del plan de Montoro una evidente habilidad psicológica a la hora de establecer este criterio y más en un país donde, según un informe proporcionado por Adecco, el salario medio con respecto al conjunto de los países europeos se contabiliza en un 17’1% menos.

Evidentemente hay que considerar que el equipo Montoro ha diseñado una rebaja llamativa y sugerente en sus grandes cifras, pero también bastante “tramposilla” en lo referente a la letra pequeña. El objetivo esencial no es tanto reducir los impuestos, si no producir la impresión de que bajan, sobre todo a través de una disminución inmediata de las retenciones en las nóminas de asalariados y pensionistas y, también podríamos decir lo mismo de los autónomos quienes también son dirigidos por el mismo camino.

Si repasamos el Plan de Estabilidad Presupuestaria que el propio Gobierno envió a Bruselas en referencia al periodo 2014-2017, podremos comprobar que la modificación prevista para 2015, prevé una variación en la legislación tributaria actual hacia la reducción del IRPF en 0,23 puntos del PIB, así como del Impuesto de Sociedades en un 0,06, pero  al tiempo, también se dispone la reforma del IVA, los impuestos autonómicos y municipales, así como las cotizaciones sociales mediante el objetivo de recaudar un total de 0,44 puntos adicionales. Y en lo referente a sociedades también será interesante el constatar que las grandes empresas se verán nuevamente agraciadas pagando menos (el tipo pasa del 30 al 25%), aunque el prototipo efectivo en cualquier caso no superará el 4%. En consecuencia, la tan anunciada rebaja de impuestos para el año 2015 se quedará, en realidad, en una subida de 0,15 puntos del PIB evidencia que, llevada a su contabilización práctica, vendrá a suponer un incremento a favor del Gobierno de unos 1.500 millones de euros.

Podríamos seguir analizando y comparando en lo previsto para años posteriores (16-17), pero seguramente sería estéril el hacerlo en estos momentos conociendo la versatilidad de pensamiento del actual responsable de la hacienda pública estatal, cuya palabra estamos acostumbrados a que venga a significar algo así como una columna de credibilidad muy poco estable o cimentada, por lo que no resultaría nada extraño que las anunciadas previsiones sufriesen las “oportunas” modificaciones sobre la marcha, del mismo modo como se vino haciendo en  el año 2012 donde procedieron in situ a la modificación del IRPF con unos efectos recaudatorios al alza estimados de 0,35 puntos del PIB. También lo vinieron a hacer en el año 2013, cuando el propio Gobierno modificó al alza el IPRF  en un alza de 0,22 puntos del PIB, acumulativos a los 0,35 anteriormente mentados de 2012, por lo que a final del ejercicio de 2013 el IRPF había experimentado un incremento en su recaudación de 0,57 puntos sobre el PIB en referencia al que había establecido a comienzos de 2012.

La propia asociación profesional de técnicos de hacienda (GESTHA) en un comunicado realizado al efecto, alertaron de la  firme videncia consistente en que “la reforma del IRPF que el Gobierno anunciaba recaía en las clases medias y que los principales beneficiarios eran los que ingresaban más de 150.000 euros al año”. Todo lo cual viene a casar en la apreciación de que la línea seguida por el ejecutivo desde el mismo día en que entró en funciones ha sido la elevación de la vía recaudatoria mediante una subida constante de más de cincuenta impuestos los cuales vinieron a suponer la expoliación a la ciudadanía de cerca de 28.000 millones de euros adicionales.

Ahora, inclusive se inventan algunos nuevos, conocido el elevado instinto vampiresco del titular de nuestra Hacienda, se ingenia una novedad la cual viene a ser algo imprevisible en toda nuestra historia económico-laboral, tal y como viene a ser la nueva tributación sobre las indemnizaciones por despido -encima de pobre, te queman la casa –. Aunque, a mi juicio, jurídicamente habría mucho que decir sobre este concepto, habida cuenta que no se debe otorgar características salariales a un suplido que se establece como indemnización compensatoria por la  privación de un bien o derecho fundamental, tal como viene a ser el derecho a un puesto de trabajo efectivamente desempeñado. Y otros bastante significativos como la bajada de deducciones en planes de pensiones y su eliminación en concepto de alquileres de vivienda, circunstancia ésta que sin duda vendrá a incentivar la picaresca que lleve a la declaración en negro con el beneplácito del propio arrendador.

No, no es cierto que los ciudadanos vamos a pagar menos impuestos a partir de 2015. Si efectuamos una previsión comparativa, todavía habremos de pagar previsiblemente el próximo año más de 40.000 millones de euros de los que pagamos en 2011 y si la consideración la efectuamos de forma acumulativa, en el último cuatrienio hasta 2015, los ciudadanos habremos pagado sobre los tipos anteriores, mediante las correspondientes reformas fiscales decretadas por el Gobierno del P.P. un montante que se eleva a más de 130.000 millones de euros. Lo dicho, recaudar como izquierdas y recortar como derechas, esa ha sido y sigue siendo la filosofía de nuestro actual Equipo de Gobierno estatal y eso, quiéranlo o no lo quieran, no significa otra cosa que hacer trampas o, lo que viene a ser lo mismo, dar imagen aparente de algo que se anuncia realizar, para hacer justamente lo contrario.

Julián Sánchez

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