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EL OBSERVATORIO DEL TEJO./ Julián Sánchez

Poco a poco, a medida que se va desmenuzando la reforma fiscal de Montoro  van tomando cuerpo las trampas que ha hecho el Gobierno para intentar hacer ver el tardío cumplimiento de su promesa electoral consistente bajar los impuestos. Como ya manifestamos semanas anteriores,  en realizad, con esta supuesta reforma fiscal, lo que se presume bajar por un lado, se va efectivamente subiendo por otro y además con intereses. Esta actitud viene forzada como consecuencia de que nuestro país arrastra actualmente un déficit muy próximo al 7% y una deuda pública acercándose al 100% del Producto Interior Bruto (PIB), como consecuencia Bruselas no está por la labor de que España baje impuestos, cuando además es uno de los países con menos recaudación fiscal y más economía sumergida.

En consecuencia esta semana hemos tenido noticias de que entre los cambios fiscales que incluirá el real decreto-ley de medidas liberalizadoras de la economía aprobado el viernes, destaca el establecimiento de un nuevo tipo en el impuesto que grava los depósitos bancarios, con efectos desde el 1 de enero de 2014 (cuando se trata de rebajar el efecto se aplaza uno o dos años, pero en referencia a la recaudación se interponen los efectos retroactivos, por si acaso). El Gobierno determinó que el gravamen sea del 0,03% para los depósitos bancarios en el conjunto de España, un tributo con el que contaban algunas comunidades autónomas y que el Ejecutivo extendió a todo el territorio español en 2013, pero que hasta ahora tenía establecido un tipo del 0%.

Lo que viene a ser lo mismo, la recaudación que Montoro espera obtener como consecuencia de este nuevo expolio a los bolsillos de los ahorradores va a suponer otros 300 millones de euros adicionales, otra prueba más de la “bondad” de la reforma gubernamental. Entre eso, el 21% de retención fiscal al rendimiento del ahorro y que éstos están topados por mor de las imposiciones del gobierno ya no hace falta que creen preferentes, los recursos de los pequeños ahorradores mejor que se los gasten cuanto antes, o de lo contrario pasará Montoro con el tridente. Esa es la forma en que se fomenta el ahorro en este país, si es que alguien puede permitirse algo como eso.

La segunda noticia semanal tiene su fundamento en la venta de una vivienda, cuidado con ello, habida cuenta que, según recoge el diario económico Cinco Días, haciéndose eco de una información elaborada por el despacho económico “Solchaga Recio&asociados”, a partir del uno de enero de 2015 todo aquel que transfiera una vivienda tendrá que pagar un buen pellizco a Hacienda que puede suponer, según la venta, hasta los 30.000 euros en referencia al actual tratamiento fiscal. Solo hay dos excepciones: si el dinero se utiliza para comprar otra residencia, pero tiene que ser la vivienda habitual y no sirve una segunda vivienda, o los mayores de 65 años.

La cosa viene por lo siguiente: Cuando un contribuyente enajena una vivienda, ha de tributar por la revalorización que haya experimentado el inmueble desde que lo compró. Ahora bien, en la actualidad se aplica un coeficiente de actualización, el cual descuenta de esa plusvalía toda la inflación sufrida en esos años, de modo que sólo se tributa por la ganancia real de valor y no simplemente por un exagerado incremento de los precios.

Además, para las viviendas que se han comprado antes del 31 de diciembre de 1994, existen también unos coeficientes de abatimiento que a la hora de calcular la plusvalía descuentan parte de las enormes revalorizaciones existentes en las fincas más antiguas.

                En consecuencia, el Anteproyecto de Ley del IRPF denota una modificación en el artículo 35 y ya no se incluye el ajuste mediante coeficientes. Consiguientemente las plusvalías a largo plazo tendrán que tributar en cantidades muy superiores a las hasta ahora establecidas que serán incluidas en renta al tipo que toque. Esta actuación, según varios expertos consultados, va en contra del principio de capacidad económica al no contabilizar los incrementos reales sino los incrementos de precios experimentados, o dicho de otra forma, obligan a tributar a un contribuyente sin tener en cuenta los años precedentes en referencia al nivel de inflación que normalmente ha sido muy elevado. Del mismo modo, los padres que deseen donar a los hijos una vivienda deberán pasar por el mismo precepto, toda vez que el proyecto prevé que, a partir del 1º de enero de 2015, las donaciones de viviendas tributarán del mismo modo que si el proceso hubiese sido una venta.

Lo que si queda claro es que durante los dos últimos años y medio, el Gobierno del PP ha subido más de 50 tributos, entre impuestos, tasas, tarifas y copagos, además de establecer una amnistía fiscal para grandes defraudadores fiscales. En conjunto han recaudado más de 30.000 millones de euros extras, concurriendo a las elecciones bajo la estricta promesa programática en sentido contrario.  Con esta reforma dicen que devuelven a la ciudadanía unos 6.000 millones en rebaja impositiva, no solo no la vemos, si no que, mediante lo que vamos viendo, lo que supuestamente nos devuelven con una mano, nos lo detraen con la otra, o lo que viene a ser lo mismo, ya lo dijimos en el anteriores comentarios sobre éste particular; el actual gobierno aplica una política excesivamente agresiva para recaudar, que no reprime en modo alguno a la hora de recortar.

Lo dicho; siguen haciendo trampas y además nos toman por tontos.

 

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