sábado, 18 mayo
EL OBSERVATORIO DEL TEJO. JULIÁN SÁNCHEZ
He de reconocer que, en principio, esperaba más de la primera propuesta que el equipo de Pedro Sánchez vino a efectuar como anuncio de iniciativa parlamentaria dirigida como propuesta de atenuación de la situación del desempleo en nuestro país y que fue registrada la pasada semana en el Congreso como “proposición no de ley”. La propuesta, en líneas generales, supone el establecimiento de un subsidio de 426 euros mensuales dirigido a parados sin ingresos que tengan hijos a su cargo, y otros colectivos vulnerables como las víctimas de violencia machista, los discapacitados y los parados mayores de 45 años que hayan agotado sus prestaciones.
En principio habrá que reconocer que toda ayuda que se dirija a colectivos especialmente sensibles y maltratados por la actual situación socio económica, no viene a ser una medida que carezca de sentido común y su aplicación ofrezca una posibilidad de paliar determinadas situaciones que deben subsanarse si o si, en una sociedad que se rige por una constitución que proclama el Estado Social y Democrático de Derecho pero, me da la impresión que esta propuesta, cuyas características la convierten en una especie de “minijob” de la presentada por Podemos en su programa de intenciones, aparte del suturamiento coyuntural de la problemática social de los colectivos mencionados, no alcanza a ofrecer una solución eficaz y efectiva que alcance a paliar el desajuste social y ofrecer una salida definitiva a la resolución de la crisis que vaya a culminar mediante la recuperación definitiva del empleo.
No están tan lejanos los tiempos en los cuales nuestros políticos vinieron a hacer gala de un mejor sentido de la estrategia y de la utilización de los recursos públicos a la hora de aplicar políticas de fomento del empleo, con la intención de llevar a la España social a la capacitación de aprender a pescar, en lugar de acceder al pescado en el canasto. Hubo un tiempo en el que las actuales Oficinas de “Desempleo” se constituían como auténticas y efectivas Oficinas de “Empleo” dotadas de los recursos oportunos para poder ejecutar políticas de colocación adecuadas a una situación similar a la que hoy estamos atravesando.
En plena transición democrática y tras el consenso alcanzado por los agentes sociales y políticos y el gobierno de la nación, el Presidente Adolfo Suárez anunció una serie de medidas para el Fomento del Empleo encaminadas a la recuperación económica y a facilitar la contratación, especialmente de colectivos sensibles a la marginación social. De esta guisa vio la luz el Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio del Ministerio de Trabajo Y Seguridad Social mediante la intención de propiciar la consecución de unos índices de contratación más elevados, lo que permitirá reducir la tasa de desempleo hasta niveles sostenibles.
Las medidas, para las que se efectuó una dotación de recursos económicos en relación directa a los objetivos establecidos, suponían la atención preferente a la colocación de colectivos como venían a ser: Desempleados que hayan agotado las prestaciones de desempleo o que tengan responsabilidades familiares, personas discapacitadas, mujeres con responsabilidades familiares y trabajadores jóvenes en prácticas y formación. Meses después, y tras el acceso al poder de Felipe González tras las elecciones del 28 de octubre del mismo año, el nuevo gobierno socialista ratificó las medidas e inclusive las amplió a otros colectivos sensibles lo cual vino a significar una auténtica revolución que propició una espectacular recuperación del empleo en nuestro país.
Se primaba el empleo de calidad. En este sentido, además de subvencionar la contratación temporal hasta tres años, se primaba, bonificando al empresario, la conversión indefinida del contrato a la finalización del periodo temporal acordado.
Las empresas que contrataban personas discapacitadas, obtenían importantes subvenciones en las cuotas de la Seguridad Social, aparte de una importante cantidad a fondo perdido acorde al nivel de minusvalía acreditada.
Se regulaba el aprendizaje juvenil y las prácticas laborales, subvencionando además la conversión de los contratos temporales en indefinidos a la finalización de la eventualidad contractual.
Aparte de todo ello, las medidas se complementaban con importantes subvenciones fiscales que perfeccionaban e incentivaban el espíritu de la contratación.
Puedo comentar de forma directa estas medidas, aunque muy someramente por motivos obvios de espacio, por cuanto yo mismo viene a ser el responsable de la ejecución del programa en nuestra comarca como Jefe de Área de la Oficina Comarcal del INEM. Y puedo asegurar que el impacto que éstas medidas ejerció sobre el contexto socioeconómico de toda nuestra zona, al igual que en toda España, vino a ser auténticamente espectacular. No conocí nunca un periodo de tanta actividad en lo referente a la contratación en toda mi vida en la Administración y estimo que vino a ser larga, no tengo empacho en manifestar que el desempleo en nuestra zona quedó reducido en el periodo de vigencia de las medidas, a una constatación meramente coyuntural.
Hubo posteriormente un intento de realizar algo semejante, que llegó a estar bien establecido, pero que, aunque eficaz, no llegó a alcanzar la espectacularidad de desarrollo que el mencionado R. D. de 1982, que vino a ser el Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, sobre Medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica, promulgado por el gobierno de José María Aznar apenas unos meses después de su acceso al poder tras las elecciones del 3 de marzo de 1996. Dichas medidas venían a incidir especialmente en la disminución impositiva para las empresas que contratasen determinados colectivos de trabajadores y estableciesen el aumento de plantillas mediante la contratación indefinida, bien de forma directa o mediante la conversión de su plantilla eventual.
Sin alcanzar la espectacularidad del desarrollo del Real Decreto de Fomento del 82 antes mencionado, el R.D.L. de Aznar llegó a constituirse como una herramienta efectiva en la reactivación económica en un momento también muy delicado y, por ende, sobre la creación de empleo, constituyéndose, sin duda ninguna, ambas modalidades durante todo el periodo de su vigencia como las épocas de prosperidad más contundentes y productivas en todo el periodo de nuestra democracia.
No tienen nada que ver el espíritu de éstas medidas con las propuestas que se efectúan hoy en día, aparentemente más dirigidas a gastar pólvora en salvas que a propiciar una salida efectiva a la actual situación de crisis que padecemos. La entrada de Mariano Rajoy al gobierno de la nación propició una serie de medidas diametralmente opuestas a las establecidas por su antecesor Aznar, por lo que las consecuencias no dejaron lugar a dudas en referencia a comparativa. Al elegir la recaudación a una intervención más keynesiana, Rajoy optó por una vía dura que ralentizó la recuperación y el empleo. Y en lo referente a la izquierda, la amenaza “Podemos” se ha constituido como una especie de complejo o barrera a superar, por lo que, en lugar de concebir propuestas dedicadas a la aportación de recursos sobre el restablecimiento del empleo duradero y de calidad, se opta por la demagogia directa de ofrecer el ”pan para hoy” sin concebir siquiera como se va a poder sostener la propuesta en el tiempo sin ampliar la base social del trabajo mediante la indefectible disminución del nivel de desempleo hasta situaciones sostenibles. Parece ser que importa más la recuperación rápida de la intención del voto que la consolidación en tiempo más prudente de la estructura del propio partido mediante la vocación de permanencia en una situación propicia de libertad y progreso sostenible.
Terminaré deseando al flamante Secretario General del PSOE Pedro Sánchez que no se deje llevar por los fuegos de artificio coyunturales que deslumbran desde una situación de evidente coyuntura y vuelva hacia las raíces de su contexto ideológico que alcanzó a resolver la cuestión del postulado marxista. Las palabras de Eduard Bernstein no pudieron ser más elocuentes: “(…) la palabra revisionismo, que en el fondo sólo tiene sentido para cuestiones teóricas, traducida a lo político significa reformismo, política del trabajo sistemático de reforma en contraposición con la política que tiene presente una catástrofe revolucionaria como estadio del movimiento deseado o reconocido como inevitable”. Se puede decir todo lo alto que uno desee, pero nunca más claro: Efectividad, o si se quiere realidad, frente a demagogia.
Julián Sánchez
