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EL OBSERVATORIO DEL TEJO. JULIÁN SÁNCHEZ

Al hilo del último caso de supuesta corrupción destapado en el seno del C.F. Barcelona merced a la querella que el socio Jordi Cases interpuso al Presidente Sandro Rosell, basándose en la distracción de 40 millones de euros ocultos en cláusulas denominadas de “confidencialidad”, convendría invocar al efecto el reciente informe presentado el pasado miércoles por el Grupo de Estados Contra la Corrupción (Greco) perteneciente al Consejo de Europa, donde se asevera que los casos de corrupción en España «atentan gravemente contra la credibilidad de sus instituciones». El texto recomienda adoptar un “código de conducta parlamentaria” que aconseje sobre la prevención de conflictos de intereses, los regalos y los intereses financieros, así como la introducción de reglas en la relación entre parlamentarios y grupos de presión.

Dicho informe recomienda, igualmente, la conveniencia de prevenir la corrupción mediante su vigilancia sobre políticos, parlamentarios y demás cargos públicos, así como jueces y fiscales, también sobre algo de lo que estoy considerando permanentemente en mis artículos de esta página; tal y como debe ser la ampliación de la efectiva independencia del Consejo General del Poder Judicial, incluir criterios objetivos para nominar a altos funcionarios gubernamentales y judiciales y revisar el método de selección del fiscal general del Estado. En este sentido, afirma que, a pesar de todas las garantías, la «percepción de la independencia del fiscal general del Estado es preocupante» y solicita los esfuerzos que hagan falta para que la Fiscalía General del Estado «sea y parezca imparcial, objetiva y libre de toda influencia o injerencia externa».

Pese a lo anteriormente expuesto, el informe aclara la evidencia de que «salvo casos aislados, no existe ningún indicio serio de corrupción en jueces y fiscales». Pero constata que España «ha sido el escenario de numerosos casos de corrupción protagonizados por responsables políticos de primer orden, altos funcionarios o empresarios». No creo que haga falta reseñar ninguna prueba al respecto de lo manifestado por el indicado informe, pero duele comprobar, que en su indicación, el grupo destaque la progresividad de la mencionada lacra, toda vez que recuerdan que España estaba en 2008 entre los 20 países menos corruptos del mundo, según el Índice anual de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. Sin embargo, en 2013 ya venimos a ocupar el puesto 40.

Recordemos que la corrupción se ha convertido en el segundo problema causa del mayor nivel de preocupación de los españoles, solo superado por el paro, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Y es que los últimos escándalos como el ‘caso de los ERE’ andaluces, los sindicatos, o el de ‘los papeles de Bárcenas’ no ayudan a que los ciudadanos confíen en sus políticos e instituciones.

Tampoco la organización Transparencia Internacional, con sede en Berlín, considera mejor a España en su último Índice de Percepción de la Corrupción que todavía podría haber sido mucho más contundente si hubiesen sido contabilizados los casos aparecidos en los últimos meses en nuestro país. Así lo vino a indicar el presidente del propio organismo en España, Jesús Lizcano, quien considera que actualmente hay una enorme alarma social por este asunto.

Esta actitud, como vemos, no únicamente se lleva a cabo en nuestro país, es una práctica que se está extendiendo como el petróleo derramado en las cercanías de una playa por todo el panorama mundial, de ahí un informe del Banco Mundial hace constar la evidencia de que más de ocho billones de euros están a buen recaudo en los paraísos fiscales, sin que sus propietarios abonen ni un sólo céntimo al erario público de sus respectivos países. Son los escondrijos de una cuarta parte de la riqueza privada mundial, según datos del Fondo Monetario Internacional.

No debe extrañar por ello la aparición de un informe-denuncia de la prestigiosa ONG Intermón Oxfam, donde delatan que la mitad de la riqueza mundial está en manos de un exiguo 1% de la población y que 15,5 billones de euros -hace tres años venían a reconocerse 8 billones- se escapan anualmente al control del fisco a nivel mundial porque, continúa informando esta organización, “las personas más ricas y las grandes empresas ocultan miles de millones a las arcas públicas a través de complejas redes de evasión.
Y ahora surge la interpelación ¿Pueden nuestros gobiernos estar legitimados para exigir a su ciudadanía el respeto hacia unas leyes que ellos mismos vulneran con la mayor impunidad? ¿Puede un gobierno como el español invocar la legítima representación de la voluntad mayoritaria del pueblo, cuando mediante unos sufragios de prelación y elección de candidatura establecida que le llevan al sometimiento del poder legislativo, además del ejecutivo y el judicial a la voluntad de una única persona, facultando mediante ello la vulneración del estado de derecho un día sí y el otro también?

Pues ahí dejo estas dos cuestiones, que cada cual las medite y resuelva a su real saber y mejor entender, pero que tengan en cuenta otra cuestión, la que se deriva de la idea de que las actitudes descritas anteriormente no son otra cosa que una forma de violencia encubierta del mayor calibre económico, que vienen a propiciar un insostenible nivel de degradación social cada día más determinante. Y que tampoco olviden la evidencia constatada consistente en que la violencia engendra más y mayor violencia. En consecuencia ¿puede considerarse mayor violencia que la realidad de cientos de millones de personas viviendo en la más absoluta indigencia mientras que un 1% de la población posee la mitad de la riqueza mundial? Pues otra cuestión más para meditar. Como solía decir mi abuela: “Para todo buen funcionamiento se precisa el establecimiento de de una regla y, donde no existe la regla, ella sola se va a imponer”. Al tiempo.

Julián Sánchez

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