Las propuestas económicas electorales

EL OBSERVATORIO DEL TEJO / JULIÁN SÁNCHEZ

Tras el sonoro y espectacular fracaso de nuestros políticos consecuente al nuevo escenario ofrecido por la voluntad ciudadana tras los comicios del pasado 20/D, no queda más remedio (si no existe un relámpago de improvisación a ultimísima hora), que esperar a las nuevas propuestas que el circo mediático nos haga llegar en referencia a las coaliciones y partidos políticos que componen el batiburrillo político nacional en su nuevo periplo de campaña.

Barbaridades habremos de escuchar, y muchas, a derecha e izquierda del panorama político nacional. Habrán, como siempre, corazones de buena fe que las creerán. Incautos los ha habido, hay y habrá en todo momento, pero, se les crea o no, a los efectos de lo que vaya a suceder después, tendrá únicamente el valor de la frustración, poco más, porque la realidad más cruda volverá a imponerse y la playa nunca podrá llegar a Játiva, al menos en circunstancias naturales normales. Una cosa serán las promesas llevadas a cabo con el propósito de la incautación del voto, y otra lo será la política real a aplicar, simplemente porque el olmo nunca proporciona fruto.

Los mítines y alardes, pueden tener su efecto sobre el voto inexperto o crédulo, así como en el poco habituado, pero en referencia a nuestra experiencia, el voto inteligente nunca se debe aplicar a las promesas que nos lleguen, sino a la consabida rutina de lo experimentado con anterioridad por quienes pretenden ganar nuestra confianza y conseguir mediante nuestra aquiescencia el gobierno, nada menos, de nuestra nación.

El abuso degenerativo en corrupción de quienes nos han gobernado, ha dado paso a la demagogia y la falsedad del populismo con promesas de ilusorios repartos de una riqueza que únicamente se puede generar mediante el emprendimiento y el trabajo, pero que, lejos de estimular el fomento de sus posibilidades, se suple con propuestas asistencialistas generadoras de pura miseria, tomando por prototipo Venezuela, Cuba o Grecia, en lugar del ejemplo más diáfano y magnánimo de la Europa nórdica, pese a que los ejemplos que nos llegan no dejan lugar a duda ninguna al respecto.

Pero la economía de nuestros estados sigue su imperturbable ruta sin prestar atención alguna a soflamas y artimañas. El ministro de Economía en funciones Luis de Guindos, para mí el miembro más serio y competente, de largo, del actual gobierno, ha presentado recientemente en el Congreso de los Diputados las nuevas previsiones macroeconómicas que incluyen una revisión a la baja de las anteriores estimaciones, donde se hace efectiva una estimación de aumento del PIB del 2,7% frente a la apreciación del 3% vigente hasta ahora. Pero no vino a ser únicamente esta circunstancia la que desató las correspondientes alarmas, también, según el propio ministro, el desempleo se situará en el 19,9%, dos décimas más que en la anterior previsión.

Como consecuencia, el menor crecimiento económico previsto, dicha previsión se acompañará también de un mayor margen fiscal ante la evidencia de que España no tenía ninguna posibilidad de rebajar el déficit público del 5% del PIB registrado en 2015 al 2,8% exigido por Bruselas. En el nuevo cuadro macroeconómico, el ejecutivo fija el objetivo de déficit en el 3,6%. La relajación equivale a ocho décimas de PIB. Aun así, el nuevo umbral sigue siendo exigente; rebajar los números rojos al 3,6% del PIB implica una reducción del déficit de 13.749 millones, los cuales deberán ser detraídos obligatoriamente del presupuesto.

Siguiendo razonablemente con esta línea de previsión, el ministro Cristóbal Montoro, responsable de la ejecución presupuestaria, señaló que el ajuste se concentrará en el capítulo VIII de activos financieros que tengan efecto sobre el déficit público. Todo ello a consecuencia de que Bruselas ha lanzado sobre España una firme advertencia de que nuestro país ha invertido los ajustes estructurales logrados en los últimos años debido a que ha frenado los esfuerzos de consolidación. En consecuencia, ha reiterado su llamada al gobierno español para que emprenda medidas adicionales efectivas con la intención de contrarrestar el déficit.

En este sentido, Bruselas y el BCE señalan que el Gobierno se ha desviado por un gran margen del objetivo de déficit del 4,2 % comprometido con la UE para 2015, alcanzando una cifra (5 %) que sitúa el déficit español «entre los más altos» de la Eurozona. En consecuencia, el objetivo de las medidas adicionales debe ser, indefectiblemente, asegurar una reducción «duradera» del déficit público de las instituciones, que Bruselas insiste que es «fundamental» y, consecuentemente con ello, se deben adoptar esfuerzos de reforma «importantes», de cara a equilibrar la economía.

Bruselas también advierte de la realidad de que se continúa constatando que tanto la Seguridad Social como una mayoría de regiones se alejaron de sus propios objetivos fiscales y asegura que las autoridades desaprovecharon los beneficios del «crecimiento dinámico» y el entorno de bajos tipos de interés que podrían haber contribuido a «acelerar la reducción del déficit».

Pero no ha venido siendo únicamente Bruselas quienes han advertido sobre el desajuste económico español, el BCE, institución presidida por Mario Draghi, y por boca de su mismo Presidente, considera que España tiene por delante «significativos desafíos» que requerirán «esfuerzos adicionales de consolidación que garanticen una duradera reducción del déficit público”.

Resumiendo un poco lo anteriormente expuesto, habrá que considerar en cifras tangibles, que lo que se va a encontrar indefectiblemente el nuevo Gobierno, vendrá a ser, en principio, la atenuación del crecimiento del empleo, en unos 60.000 puestos de trabajo menos en 2016 respecto a 2015. La cifra será mayor en 2017. Es decir, seguirá la creación de puestos, pero a un ritmo inferior (algo más de 450.000 frente a los 525.000 de 2015). A esto habrá que añadir una reducción inferior del paro en unos 150.000, es decir, bajará en unos 500.000 frente a los 680.000 en 2015.

Todo lo anterior se significa en orden a las cuentas referentes al gobierno del estado, pero ¿y las autonomías? Pues, mal gracias.

El agujero autonómico experimentado fue de 1.275 millones (0,11% del PIB), un 40,1% más que en el mismo período de 2015. Los ingresos de las CCAA crecieron un 0,6% interanual, con un volumen de 23.114 millones, mientras que los gastos no financieros fueron de 24.389 millones, un 2,1% más que en el año anterior. Entre otras partidas de gasto, destaca el incremento de los consumos intermedios (servicios básicos), con 4.703 millones (+5,8%), o la remuneración de los empleados públicos, con otros 10.941 millones (+3,1%).

Dentro de este contexto, y por lo que pueda atañernos, Los casos de Extremadura y Valencia son los más preocupantes. En este sentido, cabe recordar que el Gobierno ha fijado para las autonomías un objetivo de déficit del 0,7% del PIB en 2016, y la cuestión es que Extremadura (0,7%) ya ha alcanzado ese umbral en apenas dos meses, mientas que Valencia (0,45%) y Murcia (0,41%) no se sitúan lejos. Tan sólo Asturias, Galicia, País Vasco, Navarra y La Rioja presentan equilibrio o superávit presupuestario.

Ninguna comunidad desea rebajar sus pretensiones de orden económico, especialmente las más poderosas. Evidentemente que lo habrían de tener mucho más fácil a la hora de preservar los servicios básicos inherentes al estado de bienestar, si se decidiesen de una vez a eliminar duplicidades administrativas, cargos improductivos e ínfulas separatistas, pero toda esta parafernalia deviene implícita a su propia condición de políticos y de sus “enchufes” endógenos.

En nuestra comunidad, a la que la célebre Mónica Oltra define como comunidad “pobre” pero que contribuye como rica, ya se ha provocado la firma de un manifiesto de 300 alcaldes/as reclamando una más justa financiación. Y ahora nos preguntamos: ¿De que parte del presupuesto de financiación se propone, en este caso y otros parecidos, detraer las oportunas cantidades a efectos de no caer en la vulneración de lo previsto en el artículo 156 de la vigente Constitución Española, en referencia a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles?

Sencillamente difícil, simplemente porque las comunidades que más se quejan son precisamente las más poderosas (Cataluña, Madrid, Valencia, Baleares…) y, exceptuando Madrid, todas ellas afloran un déficit más que preocupante.

Ahora vendrán nuevamente las promesas. Prometerán traernos nuevamente la playa, ofrecerán dinero a troche y moche, subirnos las pensiones y los salarios, sin tener en cuenta los consabidos déficits y carencias, hasta cantidades verdaderamente mareantes y, cuando les pregunten de donde van a salir los recursos ofrecidos nos dirán lo de siempre: “Los pagarán los ricos”.

Y les creeremos. Luego se enzarzarán en peregrinas y guionizadas discusiones de carácter indefinido con destino a ninguna parte para desembocar en algo que no tiene remisión, tal y como pasó en Grecia, deberemos abonar la factura de sus fastos y dispendios mediante la consabida detracción sobre los avances sociales. O sea, lo de siempre, todo para el pueblo, pero que pague el pueblo.

Julián Sánchez