Libertad de expresión

EL OBSERVATORIO DEL TEJO / JULIÁN SÁNCHEZ

El desmedido ataque a Álvaro Carvajal, periodista de EL MUNDO, desde una tribuna de la Universidad Complutense, que el político Pablo Iglesias dedicó ayer durante el transcurso de una conferencia que el mismo impartía, puso en evidencia la verdadera relación, no únicamente que Podemos pueda dedicar a los diferentes medios de comunicación, sino del verdadero espíritu que subyace en la mentalidad de ciertos partidos y de muchos políticos actuales, ante las voces disidentes al genuino y común proceder político de quienes pretende el arrogo del poder sin importarle medios ni circunstancias.

Hasta estos momentos, los miembros de los diferentes medios no aparentaban otorgar mucha importancia a los tics y mensajes que desde las formaciones políticas al uso se venían enviando hacia la sociedad en general -recordemos el caso del “abrigo”, señalando a la periodista Ana Romero-, únicamente el ataque directo en un foro como la Complutense parece haberles  despertado, al menos de momento, de ese mortecino letargo, un tanto devoto, hacia la acepción de las directrices sublimes del “mando político”.

Iglesias, el hombre quien en su día participó como profesor en un escrache efectuado a Rosa Díez en el mismo escenario donde ayer atacó al periodista de El Mundo, paradójicamente ahora viene a reivindicar la Universidad como el templo de autenticidad donde se debe, indefectible y sagradamente, practicar la libertad de opinión, evidentemente la de él.

Ciertamente se puede y se debe estar seguro de que existe un sector de la ciudadanía española, independientemente de la ideología que profese, que subyuga a sus propios intereses ideológicos el interés general de la libertad como concepto ecuánime, de eso no existe la mínima dura, pero a este sector habría que advertirle que la represión, en cualquiera de sus manifestaciones, se constituye como un garfio que se mueve al modo de un péndulo oscilante, por lo cual, cuando golpea lo hace hiriendo, sin advertir donde ni a quien lo hace. Y valga esto como advertencia en general.

No deviene nada extraño al respecto, la circunstancia de que el estado de la libertad de expresión en España haya descendido por tercer año consecutivo y merece una calificación de 6,58 puntos sobre 10, según el último informe del Observatorio de la Libertad de Expresión de la Fundación Ciudadanía y Valores (Funciva), referido al año 2014. Esta valoración no se efectúa de forma aleatoria, las puntuaciones se obtienen de acuerdo a las respuestas de diversos expertos a preguntas referidas a cuestiones básicas acerca de la legislación sobre libertad de expresión, la jurisprudencia de los tribunales Constitucional y Supremo y al uso que de ella se hace en la escena pública.

Evidentemente que el comportamiento de nuestros políticos de hoy, responde a una actuación que deviene guionizada. Hay que fabricar los oportunos mensajes, bajo la idea de dejarles claro a los fieles y devotos electores que cuando accedan a cualquier información que no constituya un laudatio servil a la ideología, o al pensamiento de su incuestionable líder, que todo ello no sea considerado más que una vulgar infamia dirigida a cercenar el dogma de veracidad del que el gran adalid es poseedor. Que, evidentemente, el medio en cuestión, en este caso nunca será objetivo, sino que forma parte de esa casta misérrima, incapaz de ver sus enormes cualidades, y la incuestionable verdad del mensaje de salvación social emitido hacia el bien común.

Se proclaman como los genuinos representantes del pueblo; la “gente” hoy nos denominan así, tanto si les hemos votado, como si no, y para sus fines, no dudan en pasar el viejo rodillo del poder absoluto por las voluntades y haciendas de todo aquel que crean necesario cercenar a efectos poder conseguir adueñarse de ello, parece que no ha pasado el tiempo.

Nuestros políticos olvidan habitualmente que la libertad de expresión en España costó mucho de recobrar, así como que su salvaguarda explicitada en el Título I de la Constitución Española de 1978, referente a los Derechos y Deberes Fundamentales Públicos, y que su Artículo 20, ap. 1. a), indica preceptivamente que “Se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.”

También olvidan nuestros políticos que, según prescribe la sentencia del Tribunal Constitucional 6/1981, de 16 de marzo, ambas libertades, tanto la de expresión como la de información, podrán ser ejercidas por cualquier persona, teniendo en cuenta que las libertades de expresión e información con frecuencia entran en colisión con los derechos al honor, a la intimidad y la propia imagen, que aparecen como límite expresamente reconocido en el precepto constitucional. Por todo ello, en caso de conflicto deberá llevarse a cabo la correspondiente ponderación de bienes, teniendo que analizar cada una de las circunstancias concurrentes, de forma tal que cada caso necesitará de un examen particularizado sin que quepa la aplicación automática de reglas generales.

Evidentemente que el ego de nuestros políticos, preocupados obsesivamente por el asalto al poder, en no pocas ocasiones mediante el voto inconsciente o devoto de unos fieles que piden el pan para hoy, sin importarles que podrán comer mañana, no alcanza en muchas ocasiones a dirimir el límite mediante el cual pueda ser legítimo o, todo lo contrario, la toma de dicho poder. La máxima con la que Karl Marx vino a describir las aspiraciones de la Comuna, la fugaz insurrección que tomó el poder en París entre marzo y mayo de 1871, y que recientemente rescató para su filosofía personal el propio Pablo Iglesias referente a «El cielo no se toma por consenso, sino por asalto», no viene a ser otra cosa sino una declaración de intenciones al respecto.

La libertad es un concepto tan etéreo que no llega a percibirse nunca de forma física, pero, cuando se llega a perder, la percepción llega a ser tan desesperante que los demás conceptos inherentes la vida dejan de tener presencia.

Julián Sánchez