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EL OBSERVATORIO DEL TEJO / JULIÁN SÁNCHEZ

De todos es conocido el precepto constitucional estipulado en el artículo 47 de nuestra Carta Magna que proclama el derecho ciudadano al disfrute de una vivienda digna y adecuada, pero no tan conocida resulta la segunda parte a que el principio obliga y que especifica de forma textual “…Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.

El ejercicio de este derecho debe ser aplicado indefectiblemente como primaria medida social sea cual sea el color del gobierno a quien competa su aplicación, pero en un estado de derecho siempre manteniendo la precaución institucional de hacer conjugar dicho derecho con otro no menos preceptivo, como viene a ser el de la propiedad privada, cuyo reconocimiento viene establecido en el artículo 33 del propio texto constitucional el cual, en su apartado 3 recoge el precepto textual “Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos, sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes”.

Del conveniente ejercicio de un derecho constitucional y su armonización con otro que pudiese ser complementario en sus formas y fondo, se pone en juego el funcionamiento del ordenamiento jurídico en relación con el estado de derecho, instrumento fundamental para generar la confianza en que se debe basar la convivencia pacífica en todo el territorio donde tenga lugar su aplicación normativa.

En este sentido resulta más que significativo el asistir a espectáculos como el que se llevó a cabo en Madrid el mismo día de la toma de posesión de Manuela Carmena como alcaldesa de Madrid, consistente en la ocupación de un edificio situado en el barrio de Malasaña de Madrid, propiedad de la familia Capriles, antigua dueña del grupo de medios Cadena Capriles de Venezuela, por parte de personas componentes del denominado “Colectivo Maravillas”, un grupo activista próximo a Podemos, con la finalidad, con la finalidad de convertirlo en un “centro social”.

También resulta más que significativo la evidencia de que entre los integrantes del colectivo en cuestión se encontraba Iñigo Errejón, considerado como número dos del partido que encabeza Pablo Iglesias y supuesto postulado aspirante a la primera Vicepresidencia del Gobierno de España tras las próximas elecciones. Recordemos al efecto que las formaciones afines a dicho partido únicamente obtuvieron la contabilización en conjunto en las pasadas elecciones del 25M un total del 10% en las locales y un 14% en las autonómicas.

No puede extrañarnos por tanto, tras intervenciones como la mentada, que dejan en evidencia una inseguridad jurídica más que latente en nuestro país vaya a llevarnos al efecto contrario del previsto y, en consecuencia lleve a una más que efectiva paralización de la inversión y el desarrollo económico en todo el país.

Un informe del propio Banco de España ya vino a constatar el miedo a la incertidumbre política en su último boletín, en el que explicó que los inversores sacaron de España casi 20.000 millones de euros a lo largo del pasado mes de marzo. El grueso de esta salida de capitales se compone de inversiones de cartera que han abandonado nuestro país.

Goldman Sachs o UBS estarían preparando ya sendos informes sobre el creciente «riesgo país» que registra España y en este mismo sentido la visión de las agencias de calificación va en esta línea. Fitch ya se ha pronunciado públicamente, anunciando que el resultado electoral del pasado 24 de mayo «pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos de déficit». Por su parte, Moody’s habla de «elementos de incertidumbre» que generan «dificultades» para la adopción de reformas económicas.

Todas estas incertidumbres se ven reflejadas en la elevación de la prima de riesgo española en su diferencial con Alemania, que vino a ascender desde los 112 puntos en que estaba situada el 14 de mayo pasado hasta los 152 en que se contabilizó el 19 de junio último. En cualquier caso, unos y otros coinciden en que el ritmo de inversión «se ha paralizado» a la espera de un escenario político más favorable. Lo que significa que el impulso económico necesario para recuperar el empleo perdido podría detenerse en los próximos meses y su continuidad dependiente de las circunstancias venideras. Actualmente se estima que la paralización de expectativa en referencia a inversiones que se ha producido en Madrid, lleva pareja la suspensión de una totalidad de 150.000 empleos netos.

La seguridad jurídica es una condición que debe aportar todo país que pretenda acoger el nivel de inversión necesario para su convivencia y desarrollo específico. La inseguridad jurídica ha propiciado que en Grecia la fuga de depósitos que sufre dicho país desde el pasado mes de noviembre, fecha en la que supuestamente la llegada de Syriza al poder comenzó a atemorizar a los ahorradores, asciende ya a 20.000 millones de euros, según las estimaciones hechas públicas el pasado viernes.

Hay que tener en cuenta en este sentido que el PIB de Grecia, según datos publicados por Bloomberg, empresa analista de software financiero, se mueve alrededor de los 182.400 millones de euros, en consecuencia la salida de depósitos de las entidades financieras griegas alcanza ya el 10% de su PIB, su incremento acercaría al país al temible “corralito”.

El progreso social en modo alguno debe estar reñido con el estado de derecho y la seguridad jurídica que ello implica. En un país como el nuestro con una deuda pública cercana al cien por cien de nuestro PIB y un desempleo próximo al 23% del cual el paro juvenil se acerca al 50% de su contabilización total según los últimos datos macro publicados por el diario Expansión, no puede permitirse el lujo de jugar a aventuras totalitarias ni sacar los pies del tiesto mediante proclamas populistas y soflamas guerracivilistas. Los ayuntamientos democráticos salidos de las urnas el pasado 25M, mejor harían en tratar de procurar la elaboración de programas realistas dirigidos al establecimiento de la confianza y la idea de progreso basado en la ley, procurando el respeto a la legalidad vigente. Y, a superior nivel procurar la adecuación de la demanda social a los nuevos tiempos, mediante la regeneración política, las reformas administrativa y electoral, así como la efectiva separación de las competencias los tres poderes básicos del estado.

La anarquía no ha sido nunca fuente de progreso y bienestar social, el respeto a la Constitución y a las leyes devienen en el único camino razonable para la resolución de nuestra actual problemática. Si hay que adecuar o reformar algún desfase que se proceda a ello mediante los trámites que la propia ley impone, pero las consecuencias que propician las soluciones a la “venezolana” las tenemos presentes ahí mismo; atropello de las libertades individuales y colectivas, miseria y temor. No es ese el futuro que debemos desear para nuestro país.

Volviendo para concluir al tema de la comparativa constitucional al principio reseñada, habrá que considerar que la armonización de ambos preceptos constitucionales únicamente se puede conseguir mediante la actuación consecuente y democrática. Considerando igualmente que la iniciativa emprendida por la alcaldesa Manuela Carmena en referencia a su gestión ante las entidades financieras más significativas de nuestro país, a efectos de conseguir la puesta a disposición de viviendas actualmente vacías en Madrid para su salida en alquiler social como una iniciativa acertada en su forma y fondo, ello no debe significar más que el comienzo de un amplio plan a seguir que trate de llevar a la coordinación entre las tres administraciones del estado, encaminado hacia la elaboración de un amplio plan de construcción de vivienda social que llegue a poner en manos de familias trabajadoras con escasos recursos la posibilidad de adquisición en propiedad de una vivienda digna a precio asequible y una financiación a largo plazo, tal y como en épocas anteriores se vino realizando y que tanto beneficio produjo a las clases sociales del país. En Requena tenemos el ejemplo vivo en las numerosas barriadas que propiciaron la doble vertiente de acceder a la vivienda a quien no tenía medios, al tiempo que favorecer la elevación  del nivel de empleo en una época tanto o más delicada que la actual.

Contra la inactividad, la arbitrariedad y el populismo, el mejor antídoto siempre habrá de ser la imaginación, el diálogo y la eficacia, todo lo demás engaño y demagogia, al menos a mi personal parecer.

Julián Sánchez.

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