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Ante las negociaciones del Trílogo sobre el Reglamento relativo a las medidas de protección contra las plagas de los vegetales
Las organizaciones representativas del sector español han enviado una carta a los europarlamentarios españoles en la que les solicitan que garanticen la protección fitosanitaria de las plantaciones comunitarias, frente a la entrada de productos y materiales vegetales de terceros países.
Recientemente se han iniciado las negociaciones en el marco de los Trílogos, para alcanzar un acuerdo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre medidas de protección contra las plagas de los vegetales, la “Ley de Sanidad Vegetal”. Una de las cuestiones más importantes y controvertidas de ese Reglamento, es el principio que debe regir las condiciones bajo las cuales la UE permitirá en el futuro la entrada de productos y materiales vegetales desde terceros países.
El sector español recuerda que, casos recientes como el de la Xyllela fastidiosa o las reiteradas interceptaciones de Black Spot, afectan sobre todo a los países del Sur de la UE. Estas amenazas, como otras plagas altamente devastadoras y sin posibilidad de ser erradicadas una vez introducidas, ponen en riesgo de contagio a las plantaciones mediterráneas y demuestran que los sistemas de protección actuales son absolutamente insuficientes.
El sector español defiende la propuesta liderada por Francia y España de instaurar por reglamento una “lista positiva”. De esta forma solo podrían entrar en la UE aquellos productos procedentes de aquellos países que, por ofrecer suficiente seguridad y control y no entrañar riesgos fitosanitarios, estuvieran expresamente permitidos. Esta medida no actuaría como “barrera comercial”, porque no afectaría a la mayoría de los flujos tradicionales, que no presentan riesgo y que quedarían incluidos en la lista positiva. Esta propuesta supone un cambio frente al enfoque actual de “lista negativa”, que ha resultado ineficaz y según el cual, cualquier
importación está autorizada, salvo que haya sido explícitamente prohibida.
Desde el sector español se espera que las instituciones comunitarias revisen en profundidad este enfoque y no antepongan los intereses comerciales en detrimento de la protección de las plantaciones y producciones europeas.
