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Requena (07/11/17).- Partido Popular de Requena

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 2 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño dice que “los Estados miembros tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar la protección del niño contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres.”

La Comunidad Valenciana aun teniendo el máximo techo competencial en materia de educación debe “facilitar a la Administración del Estado la información que ésta le solicite sobre el funcionamiento del sistema educativo” y colaborar con ella para garantizar una educación homogénea y eficaz, sin desigualdades ni desequilibrios.

El mecanismo que el Estado se reserva para garantizar el cumplimiento de la normativa es la Alta Inspección para comprobar que, en el marco de autonomía de que las Administraciones educativas disponen, se cumplen los requisitos establecidos por el Estado, además de velar para que se garanticen los derechos educativos básicos. Sin embargo, la Alta Inspección no tiene potestad de supervisar centros, ni el trabajo que los docentes realizan.

Solo un aumento de competencias podría permitir el supervisar la normativa y la actuación de la propia inspección de educación en cada comunidad. Y ese aumento de competencias hay que llevarlo a la Ley Orgánica de Educación.

El pasado 25 de noviembre, el Partido Popular, PSOE y Ciudadanos alcanzamos un acuerdo para crear una Subcomisión por el Pacto de Estado Social y Político por la Educación que fue aprobada el 21 de diciembre por el Pleno del Congreso. En la actualidad se está siguiendo con los trabajos para alcanzar el máximo consenso con los grupos parlamentarios.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular presenta al Pleno del Ayuntamiento de Requena las siguientes:

PROPUESTAS DE ACUERDO

PRIMERO.- Que el M.I. Ayuntamiento de Requena manifiesta la necesidad de incorporar en el Pacto de Estado Social y Político por la Educación que se está consensuando en el Congreso de los Diputados las siguientes medidas que refuercen la Alta Inspección Educativa, con el fin de que pueda actuar de forma rápida y eficiente contra cualquier tipo de actuación de acoso, discriminación e incitación al odio a menores de edad, así como velar por el cumplimiento de los principios constitucionales, modificando el marco normativo para:

Poder reforzar las funciones de la Alta Inspección Educativa del Estado, de modo que se posibilite el requerimiento formal por parte de ésta, en los procedimientos previstos en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, ante las actuaciones vulneradoras por las administraciones educativas contrarias a la Constitución, la convivencia o los tratados internacionales.

Que la Alta Inspección Educativa, actuando de oficio o a instancia de parte, realice requerimientos e inspecciones en centros educativos, elabore informes sobre las decisiones que adopte la Administración educativa en relación con la comprobación:

  • De la inclusión de los aspectos básicos del currículo dentro de los currículos respectivos.
  • Que los libros de texto y otros materiales curriculares se cursen de acuerdo con el ordenamiento estatal correspondiente.
  • Del derecho de igualdad de todos los alumnos, en particular, los derechos lingüísticos y a recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado.
  • La vulneración de los principios y valores contenidos en la Constitución dará lugar a la imposición de las sanciones administrativas que, en desarrollo de lo dispuesto en este apartado, las Administraciones educativas establezcan.

Que la Alta Inspección Educativa garantice la neutralidad ideológica y política de los centros docentes, en los términos del artículo 18 de la Ley Orgánica 8/1985, del Derecho a la Educación, para garantizar los principios y normas constitucionales, con el objetivo de preservar a los centros educativos como lugares de aprendizaje, libres de adoctrinamiento por quienes atentan contra los derechos y libertades públicas amparados por nuestra Constitución.

Acordar el desarrollo de las medidas legales necesarias para que, en el ejercicio de las funciones de la Alta Inspección, los funcionarios del Estado gocen efectivamente de la consideración de autoridad pública a todos los efectos, pudiendo recabar en sus actuaciones, la colaboración necesaria de las autoridades del Estado y de las comunidades autónomas, para el cumplimiento de las funciones que les están encomendadas.

Desarrollar el marco normativo, para seguir potenciando los medios a disposición de la Fiscalía, así como implementar cauces específicos de comunicación con la Alta Inspección Educativa del Estado, para perseguir con diligencia los delitos de odio cuya víctima son los menores de centros educativos.

SEGUNDO.- Que el M.I. Ayuntamiento de Requena inste al Consell a articular un grupo de trabajo de inspectores e inspectoras de educación, donde formen parte inspectores de las tres provincias para que velen porque no se vulnere el Estatuto de Autonomía en los centros educativos de la Comunidad Valenciana.

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