jueves, 22 febrero
La Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas, como organización representativa de las denominaciones de origen de vino a nivel nacional, hace constar públicamente su comprensión y apoyo a buena parte de las reivindicaciones
Requena (22/02/24)- CECRV
La Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas, como organización representativa de las denominaciones de origen de vino a nivel nacional, hace constar públicamente su comprensión y apoyo a buena parte de las reivindicaciones de los agricultores y de las agricultoras de nuestro país y, en especial, de los viticultores/as. Asimismo, la asociación quiere dejar claro que las protestas que se vienen produciendo en las últimas semanas son legítimas, siempre que se produzcan desde el respeto a la legalidad, y que las medidas que demandan los trabajadores del sector agrario deben ser cuestiones profesionales, ajenas a cualquier otro interés.
CECRV considera que las reivindicaciones del sector agrario deben recibir respuestas y compromisos claros y firmes con medidas concretas por parte de las Administraciones Públicas de diferentes niveles competenciales: Comunidades Autónomas, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Comisión Europea.
Para CECRV es razonable y exigible que los productores agrarios de nuestro país (y el resto de eslabones de la cadena alimentaria) no vendan a pérdidas, que sus productos puedan competir en igualdad de condiciones con productos de países terceros, que se sienten las bases para garantizar el relevo generacional y el futuro de su actividad, que se modernicen las infraestructuras de las zonas rurales en las que viven y trabajan, que se les ayude a combatir los efectos del cambio climático, a mitigarlo y a adaptarse a él y que se reduzca la carga administrativa a la que están sometidos.
Por ello, CECRV apoya las siguientes demandas de los agricultores y en especial de los viticultores de nuestro país:
Para todo ello es necesario que las administraciones públicas redoblen sus esfuerzos para contar con el concurso y el acuerdo de los agricultores para la elaboración de las políticas públicas que les afectan. Pero también que la agricultura sea una política de Estado, con mayúsculas, en tanto que actividad esencial y estratégica para la sociedad, y que esta se aborde desde una mirada a largo plazo, con un modelo compartido por todos sus actores.