viernes, 19 abril
EL OBSERVATORIO DEL TEJO / JULIÁN SÁNCHEZ
Uno, que ya es perro viejo en estas lides, puede entender que llegue a producirse la circunstancia de que, por motivos endógenos, los portavoces de los principales partidos de su municipio anden a la greña, pero cuando el asunto deviene de materia exógena, el tema ya puede resultar como asunto más que preocupante.
Que la intervención del diputado Javier Berasaluce durante el pasado Pleno de la Diputación valenciana arrancase la réplica del alcalde de nuestra localidad Mario Sánchez, poniendo es cuestión la intervención en dicho Pleno del diputado y portavoz del P.P. en el Ayuntamiento de Requena, acusándole además de querer encender una guerra que no existe en el pueblo aparenta, en principio, el estallido de un chispazo de acaloramiento efectuado con visos más partidistas que reales, habida cuenta que, en lugar de haberlo efectuado tras un proceso más reflexivo sobre dicho particular, invocado al amparo de nuestra Constitución vigente, su pertinaz politización ha venido a provocar el enfrentamiento a distancia de ambos munícipes sobre un asunto cuya gravedad estimo merece, al menos, un poco de reflexión.
¿Es cierto que Javier Berasaluce incendió el Pleno de la Diputación? ¿Es cierto que el foco provenía exclusivamente de Berasaluce, o existían otros focos anexos? Hombre pues precisamente el diputado de Compromís Xavier Ríus no vino a echar precisamente agua a la hoguera cuando manifestó: “¿Quieren hablar de imposiciones lingüísticas? Los valencianos estamos hartos de escuchar en nuestra propia tierra aquello de ‘háblame en cristiano’, incluso con tono de burla” (sic). Y ya no digamos el Sr. Presidente, el socialista José Rodríguez, quien propiciando una soberana lección de cómo no debe dirigirse ni moderarse un plenario, al requerimiento de Berasaluce de que, al menos hablasen despacio en la lengua vernácula para poder entenderles, le vino a responder con evidente tono despectivo, “Si parla vosté lentament també intentarem entendre-li» («Si habla usted despacio también intentaremos entenderle»). Un genuino ejemplo de imparcialidad, mesura y concordia el mostrado por el Presidente.
Y si ya acudimos a las intervenciones de los propios lectores, podríamos encontrar “incendios” de uno y otro bando, donde la intransigencia y la carencia de educación devienen patentes. Extraigo al efecto una intervención de alguien que se autodenomina “Micalet”, quien refiriéndose a Berasaluce le espeta un comentario del siguiente tenor: “Quina educació cal tenir davant d’un ruc? Aquest in presentable el que hauria de fer és estudiar la llengua del país que l’acull. Estudiar-la i practicar-la.Aquest senyor demostra a més de ser un ase, que no te decència ni és cap demòcrata.La democràcia consisteix a que la gent tinguin tots els mateixos drets, i d’entrada ell nega el dret que te tothom de parlar-li en la pròpia llengua, si no l’entén és el seu problema. Si es nega a prendre-la és el seu problema. A més de ser un ruc, és un pocavergonya”. Que traducido viene a decir: “¿Que educación hay que tener delante de un jumento? Este impresentable lo que debería hacer es estudiar la lengua del país que le acoge. Estudiarla y practicarla. Este señor demuestra además de ser un asno, que no tiene decencia ni es ningún demócrata. La democracia consiste en que las gentes tengan todos los mismos derechos, y de entrada él niega el derecho al que tiene todo el mundo de hablarle en la propia lengua, si no lo entiende es su problema. Si se niega a tomarla es su problema. Además de ser un jumento, es un sinvergüenza”. Un verdadero ejemplo de concepto democrático, tolerancia, educación y oferta de integración y cohesión social, sí señor. A lo mejor este tal “Micalet” si podría alcanzar, caso de proponérselo, una alta nota hacia las oposiciones a ”jumento”, si es que algún día llegasen a celebrarse, dicho sea, con el debido respeto a este noble cuadrúpedo de largas orejas y sonoro rozno.
Los incendios no se apagan con gasolina, y verdaderamente el clima de crispación que se viene alcanzando nuevamente en las comarcas castellano hablantes de nuestra Comunidad, desde que Vicent Marzà viene desempeñando las competencias de educación en la Consellería de referencia, aparenta más al clima vivido durante los años ochenta del pasado siglo, que a lo que debía ser un proceso de normalidad en el actual periodo.
No creo ser una persona dudosa en el tratamiento de este tema. Personalmente, igual que declara el propio alcalde de Requena, también dispongo del título de grau mitjà otorgado por la Generalitat Valenciana, pero, también se da la circunstancia de que hablo con fluidez la lengua valenciana desde 1968, aprendida voluntariamente en el cuartel de aviación de la Avenida del Cid de Valencia (hoy dependencia de la policía municipal), tirando por tierra el mito de que en los cuarteles de la época las lenguas vernáculas estaban represaliadas. Pues bien, desconozco en otros cuarteles, pero en mi unidad nos expresábamos en valenciano desde el propio capitán hasta cualquier miembro de la tropa que dominase la lengua, y no existía problema ni crispación alguna entre nosotros, simplemente porque se respetaba la expresión al respecto de cada cual.
Recuerdo a mediados de los ochenta, el elevado grado de crispación y sensibilización sobre el tema del valenciano que existía en las comarcas castellano hablantes de nuestra comunidad y cuyas circunstancias vine a experimentar directamente. Vino a ser un día, cuando preparábamos la campaña de la candidatura de acceso a la Alcaldía de Requena de Antonio Monteagudo y al efecto, programamos una conferencia que debía impartir el entonces conseller Ciprià Císcar, habiendo sido asignado yo como presentador y moderador del hecho. En dicho acto se nos llenó la sala hasta los propios pasillos de personas de dentro y de fuera de nuestro municipio, miembros de una coordinadora comarcal de “defensa del castellano”. Era tanta la crispación que hubo que tirar de mucha mano izquierda, respeto y empatía con el propósito de conseguir concluir el parlamento sin graves problemas, habida cuenta que el grado de convulsión devenía más que notable.
Aquellos enfrentamientos y actos de intolerancia impelidos por ambas partes, fueron diluyéndose tras el pronunciamiento del Tribunal Constitucional al respecto. El Alto Tribunal, partiendo de una interpretación de los preceptos constitucionales y estatutarios habidos en la materia, vino a establecer al respecto dos conclusiones de sumo interés: De una parte, admitiendo la consideración del conocimiento de la lengua propia de cada Comunidad como un “mérito”, no un “requisito” para la provisión de vacantes; y, de otra, afirma que el deber de conocer la lengua vernácula como modo de garantizar el derecho a usarla por parte de los ciudadanos de la respectiva Comunidad, se atribuye a la Administración autonómica en su conjunto, “no individualmente a cada uno de sus funcionarios”, configurando de esta manera lo que se ha venido a llamar como bilingüismo objetivo del servicio.
La sentencia del TC 82/1986 EDJ1986/82, en la que se estableció, junto a las SSTC 83 EDJ1986/83 y 84/1986, de 26 junio EDJ1986/84, el grueso de la doctrina constitucional sobre el deber de conocimiento de las lenguas cooficiales, donde se establece la obligación de garantizar el uso de las lenguas oficiales por los ciudadanos junto al deber de proteger y fomentar su conocimiento y utilización, legitimando, desde el punto de vista constitucional, que los poderes públicos prescriban el conocimiento de ambas lenguas oficiales, pero estableciendo un límite a la exigencia del conocimiento de la lengua vernácula de la Comunidad Autónoma, y este viene a ser, el necesario respeto a lo dispuesto en los arts. 14 y 23 CE EDL 1978/3879 art.14 EDL 1978/3879 art.23 EDL 1978/3879. De esta manera, devendrá inconstitucional dicha exigencia cuando sea contraria al principio de igualdad, introduciéndose el factor lingüístico como un elemento discriminatorio entre los aspirantes a las plazas ofertadas.
También el Tribunal Supremo vino a tomar cartas en el asunto. En este mismo sentido, en su Sentencia de 16 abril 1990, viene a estipular que «la exigencia de la lengua vernácula será discriminatoria cuando se imponga para cubrir plazas que no estén directamente vinculadas a la utilización por los administrados de la lengua de su Comunidad Autónoma, debiendo reservarse para aquéllas en las que la imposibilidad de utilizarla les pueda producir una perturbación importante en su derecho a usarla cuando se relacionan con la Administración».
Tras dicho pronunciamiento, las aguas volvieron al cauce. Ante el incontestable discernimiento de mérito otorgado por los altos tribunales al conocimiento de la lengua vernácula, gran parte de la ciudadanía aceptó la inmersión voluntaria sobre el conocimiento de la lengua cooficial, lo que vino a propiciar su fomento y extensión de forma pacífica, excepto en Cataluña, donde ya venimos a conocer su actitud ante las sentencias de los Tribunales del Estado.
Con la llegada de Marza y el tripartito y conociendo la filosofía de Compromís, la mímica catalana vuelve a aparentar hacerse efectiva en nuestra comunidad, por lo que la intransigencia y la imposición amenazan nuevamente la propia convivencia social, simplemente porque Compromís se había propuesto que el conocimiento del valenciano fuera una cuestión indispensable para el acceso en la Función Pública Valenciana. El propio conseller Vicent Marzà, también ha manifestado su determinación a imponer el conocimiento del valenciano para ser funcionario, así como la eliminación de la dispensación de la educación en esta lengua en zonas castellano hablantes, reavivando con dicha afirmación otra vez la polémica relacionada con la política lingüística. No, el incendio no lo vino a iniciar Berasaluce precisamente.
Pero parece ser que el tiro les está saliendo por la culata, habida cuenta que, impuesta la obligación anticonstitucional como requisito del conocimiento del valenciano para el acceso a la plaza de policía local, en tres ayuntamientos (Ondara, Bellreguard y Oliva), gobernados por la coalición separatista con apoyo del PSPV-PSOE, más próximo hoy al espíritu nacionalista catalán que a su propia identidad socialdemócrata, el alcalde de Compromís en Ondara Zeus Serrano, ha dado marcha atrás al proceso y ha corregido las bases de las oposiciones ya convocadas, en las que aparecía como requisito «estar en posesión del certificado de Grado Elemental (B1) de conocimientos del valenciano expedido por la Junta Calificadora», seguramente bien asesorado a consecuencia de la vulneración constitucional que las bases recogían y que vulneraban de pleno el derecho a la igualdad de la ciudadanía.
Nadie tuvo la delicadeza de indagar a la hora de acusarle, si Berasaluce estaba en posesión de la verdad cuando manifestaba no entender el valenciano, ni tampoco valorar la voluntad de que él mismo se ofrecía, con supuesta intención conciliadora, para esforzarse en entenderlo si se le hablaba un poco más despacio. Berasaluce no es tampoco funcionario público al que el estatuto obligue a conocer el idioma. Estimo que los desprecios y los exabruptos no era la mejor forma de contestar a su afirmación de desconocer el idioma cooficial. El único pero que podría oponérsele puede ser la autoarrogación de manifestarse en calidad de «representación de los habitantes de las comarcas del interior castellanohablantes», habida cuenta que a los cargos en la corporación provincial no se accede por elección directa efectuada por la ciudadanía, sino por designación institucional de las distintas organizaciones políticas representadas en el ente. En este sentido sí que se pudo pasar algún pueblo.
Pero tampoco me parece afortunada la afirmación hecha en valenciano al diario “La Veu” por nuestro alcalde Mario Sánchez alegando que “…els del PP només volen encendre una guerra que no existeix, que es desperten certes ferides que no existeixen”.Traducido: «…los del PP nada más quieren encender una guerra que no existe, que se despiertan ciertas heridas que no existen», simplemente porque, tal y como venimos demostrando, la guerra sí que ha sido establecida y no desde Javier Berasaluce precisamente, sino desde la propia cúspide directamente impositora de la actual Consellería de Educación Valenciana.
El PSPV-PSOE, haría bien en vigilar ciertas situaciones del tan cacareado “pacto a la valenciana”, anzuelo que no han mordido sus homólogos de Madrid. El idioma valenciano, debe ser motivo de concordia fraternal entre todos y cada uno de los miembros de esta comunidad, y, para favorecer su efectiva consolidación en todas nuestras comarcas, debe ser promulgado para su asimilación de forma voluntaria, gradual y evolutiva, tal y como lo venía siendo con anterioridad a la irrupción por los despachos administrativos de la Generalitat de los Oltra, Marzà y compañía imponiendo sus criterios ideológicos. Simplemente porque lo que debe ser argumento de cohesión y vertebración social, no debe convertirse nuevamente en arma arrojadiza de enfrentamiento y animadversión entre el núcleo endógeno de nuestra ciudadanía. A lo mejor la pretensión de todo este embrollo viene a ser la excusa que algunos andan buscando para conseguir otros fines más espurios que la carta constitucional española les impide afrontar por el camino legal.
Más diálogo y menos imposiciones, simplemente por el buen futuro institucional y social de nuestra singular comunidad, huyendo de las exigencias al trágala en aras a conseguir una conveniente y también posible convivencia social.
Julián Sánchez
