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EL OBSERVATORIO DEL TEJO / JULIÁN SÁNCHEZ

Que el colectivo de pensionistas España (más de nueve millones de personas) es un combinado más que apetecible para la captación de votos hacia las distintas formaciones políticas, viene a ser una evidencia que nadie podrá negar. En consecuencia no puede extrañarnos que uno de los intentos de contacto público de nuestras formaciones agrupaciones locales, independientemente de su color o filosofía, sea precisamente el de los diversos colectivos de jubilados a los efectos de seducir su tendencia sufragista.

Este mismo medio publicita un encuentro programado para el 12 de enero entre la nueva formación Podemos y los jubilados de nuestro municipio. A tal efecto sería conveniente  recordar cual vino a ser el programa que dicha formación presentó ante la ciudadanía en la campaña de las últimas elecciones europeas, primera de comparecencia de dicha agrupación en lides lectorales. Los puntos ofertados fueron los siguientes:

–          Reducción la edad de jubilación a los 60 años.

–          Derecho a una pensión no contributiva universal con una cuantía igual al Salario Mínimo Interprofesional (no da una cifra de cuánto sería éste,  en intervenciones varias se hizo llegar la idea de que podría situarse entre 1.000 y 1.200 euros).

–          Derogación de la última reforma de las pensiones.

–          Prohibir la privatización o recortes del sistema público de pensiones».

En la presentación pública unos meses después del programa económico que vinieron a confeccionar los profesores Navarro y Torres, observamos ya una substancial rectificación en los diversos puntos programáticos al efecto, donde el profesor Navarro fue más explícito al puntualizar una realidad muy diferente. En referencia al controvertido tema de la jubilación, Navarro aseguró que “es factible y positivo incrementar las pensiones y rechazó que ello convierta el sistema en insostenible”. Igualmente rechazó la idea de que exista un problema demográfico como consecuencia de que cada vez haya más jubilados y menos asalariados rechazando dicha afirmación bajo el alegato de que se trata de un argumento para justificar los recortes.

Navarro se reafirmó en la idea de que es factible subir las pensiones si se incrementa el número de trabajadores. Defendió que la economía ha crecido más que la esperanza de vida, algo que, en su opinión, debe permitir que el sistema sea sostenible y también apostó por fijar la edad de jubilación en los 65 años, aunque defendió también que el modelo sea flexible para permitir a los trabajadores que así lo deseen alargar su vida laboral.

Como podemos observar, la oferta primaria con la que el partido Podemos desembarcó en Europa quedó bastante amortiguada, especialmente en lo referente a la edad de jubilación, la cual en solamente unos meses vino a pasar de 60 a 65 años.

Como pensionista, lo que yo solicitaría de las diversas formaciones políticas (no únicamente de Podemos), es la máxima seriedad y rigor a la hora de tratar algo tan trascendental como realmente debemos considerar al sistema de pensiones. No olvidemos que la condición de jubilado se adquiere por parte de los trabajadores/as tras una larga permanencia laboral que exige un nivel amplio de cotizaciones y sacrificio en toda una vida dedicada al trabajo por cada persona, y cuya condición se alcanza en la época más indefensa del individuo en cuestión, por lo tanto, estos temas deberían ser tratados con toda ausencia de demagogia y máximo sentido del rigor.

En primer lugar sería necesario recordar que nuestras pensiones suponen más del 85% de los 136.103 millones de euros que figuran como presupuesto consolidado para la Seguridad Social en 2015. De ellos, los ingresos por cotizaciones sociales apenas cubrirán un 80%. Lejos quedan los años en los que las cuotas de los trabajadores bastaban para cubrir el coste del sistema e, incluso, las cuentas de la Seguridad Social arrojaban superávit.

Que actualmente se constata un desfase de 27.000 millones existente entre el nivel de gastos previstos y los ingresos por cotizaciones sociales y que el mismo debe ser subsanado fundamentalmente por dos vías diferentes. La primera serán los 13.073 millones de euros que el Estado transferirá directamente de los presupuestos de los ministerios de Empleo y de Sanidad, mientras que la segunda procederá fundamentalmente del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, de donde saldrán estos 8.000 millones para cubrir las necesidades a corto plazo del sistema, a sumar a los 6.000 millones ya retirados en junio y julio para sufragar la extra de verano de los accionistas y el IRPF de las pensiones de julio.

En consecuencia, por mucho que se comente, hasta el momento ni las últimas reformas de la Seguridad Social ni la más reciente reforma fiscal, que aborda los incentivos a los planes de previsión social, han dado una solución definitiva a los problemas de sostenibilidad del sistema de pensiones, como consecuencia de ello, la desconfianza generada hacia el sistema público ha ido a peor, están sobrepasados por la excesiva información de distintas fuentes y a esto se añade un creciente recelo hacia bancos y aseguradoras.

En relación, con todo lo anterior, se deriva la idea de que el factor sostenibilidad no debe afrontarse únicamente con criterios económicos, sino que además se debe trascender a una decisión política de consenso que acuerde de forma conjunta el nivel de Estado del Bienestar queremos disfrutar en España, afrontando la necesidad de que se aborde la idea de inquirir la financiación complementaria a las cotizaciones sociales que otorguen factibilidad futura al propio sistema.

En consecuencia, la perspectiva del sistema público de pensiones dista mucho de quedar en manos de un partido determinado, habida cuenta que la forma de propiciar su sostenibilidad pasa imprescindiblemente en favorecer la vuelta al pacto, que tenga por cometido el incentivar un gran acuerdo de pensiones que involucre a todos los agentes implicados, debiendo tener siempre en cuenta la evidencia de que nada de esto habrá de servir para hacer sostenibles las pensiones si no  se crea empleo. O reducimos tajantemente las listas del INEM, o cualquier mecanismo que se cree será insostenible, sin ellos no hay solución para las pensiones. Dígase lo que se diga o hágase lo que se haga.

Julián Sánchez

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