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El Observatorio del Tejo // Julián Sánchez     

El acuerdo sorprendente firmado el pasado día 20 entre Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Bildu, sobre la derogación de la denominada Reforma Laboral, en documento público cumplimentado a espaldas de los agentes sociales y hasta de gran parte del denominado equipo de gobierno, sobre todo, del área económica, lleva implícita una intención de muchísima más trascendencia que la propia derogación denota sobre sí misma y que, con toda su innegable trascendencia, pueda hacer suponer.

La idea de arrinconar hacia un lado a los agentes sociales de un tema que deviene implícito a su genuina razón de ser y existir, puede aparentar en principio un despropósito pero, que nadie se llame a engaño, el inspirador de la idea no vino a ser otro que Pablo Iglesias, doctrinario comunista conocedor de las estrategias que llevan al intento de éxito, a su obsesiva consolidación de la toma de poder de carácter absoluto sobre un estado cuyo gobierno, atraviesa por unos momentos de extrema debilidad, circunstancia la cual viene a hacer óptima la consolidación de dichos propósitos.

Con un Presidente de Gobierno obsesionado por mantenerse en el poder sea cual fuere la situación en la que vaya a quedar el propio estado y acorralado parlamentariamente ante la imposibilidad de proseguir con la ampliación del periodo del denominado “Estado de Alarma”, no concibió otra salida que la de encargarle a su principal aliado y, no olvidemos, máximo rival en el ejercicio del poder, en buscar socio que pudiese otorgar justificación, siquiera por otros quince días a una situación que se consideraba fundamental para el inmediato devenir gubernativo.

En consecuencia, ¿quién mejor que Bildu? Para los planes de Iglesias el socio ideal. En consecuencia, acuerdo firmado y revuelo de campánulas en el espectro gubernamental y socioeconómico de todo el estado.

Neutralizar a las organizaciones empresariales en un momento dado, no viene a propiciar mayor dificultad para las intenciones de un futuro gobierno comunista, solamente hace falta aplicar el tristemente famoso “exprópiese” del inefable Chavez y asunto arreglado, pero ¿y las organizaciones sindicales? Pues a estas formaciones, de momento, la salida puede ser arrinconarlas mediante el ninguneo para, posteriormente, proceder a reconducirlas al orden instituido, tal y como siempre se ha venido haciendo en los diferentes regímenes dictatoriales que se han venido imponiendo en el tiempo. Hagamos un escueto repaso histórico a dicha cuestión.

La actividad sindical en el ámbito soviético se ejercía mediante diversos perfiles. Todas estas facciones sindicales operantes en el nuevo estado fueron extinguidas y reagrupadas mediante los acuerdos adoptados en el Décimo Congreso del Partido Comunista Ruso (bolchevique) de la llamada «Plataforma de los Diez«, que venía a dirigir el propio Lenin, quien aboga por los sindicatos establecidos mediante la idea de proceder a la educación (adoctrinamiento) de los trabajadores, evidentemente bajo el estricto control del Partido Comunista. El lema indiscutible de dicho congreso vino a ser: “los sindicatos deben ser una escuela de comunismo”.

Bajo las directrices del Partido Comunista, los sindicatos operaban bajo el principio del centralismo “democrático”, constituyéndose en la organización mediante jerarquías de los órganos elegidos desde el nivel central de gobierno a la fábrica y los comités locales. De esta forma vino a ser como los sindicatos soviéticos terminaron, de hecho, en organizaciones realmente gubernamentales cuyo objetivo principal no era el de ejercer la legítima representación de los intereses propios de trabajadores, sino para promover los objetivos de gestión político-económica, establecidos por el propio gobierno y el PCUS, impulsado principalmente los intereses de producción.

En España, las épocas de dictadura no propiciaron mucha diferencia al respecto, sean de izquierdas o derechas. Toda dictadura emerge sobre el estricto control sobre lo social. El modelo sindical de la Dictadura de Miguel Primo de Rivera se estableció a través de los denominados “Comités Paritarios”, (empresarios y trabajadores) organismos creados por decreto-ley de 26 de noviembre de 1926, obra de Eduardo Aunós, responsable de Trabajo bajo la Dictadura de Primo de Rivera.

Dichos comités tenían como misión principal la regulación de las relaciones laborales en el seno de la Organización Corporativa Nacional. Tenían asignadas funciones jurisdiccionales e inspectoras y eran los encargados de elaborar y aprobar leyes reguladoras sobre las condiciones laborales, así como de resolver los conflictos entre la patronal y los obreros.

Como su propia denominación indica, estos Comités Paritarios estaban formados por vocales, en igual número por cada parte, los cuales ejercían la representación de los patronos y de los trabajadores. El presidente era un representante del gobierno y los vocales eran nombrados de forma libre por los empresarios y por los sindicatos. De esta manera, la UGT consiguió copar casi todos los puestos, habida cuenta que el sindicalismo anarquista (CNT) estaba prohibido. La participación del sindicato socialista en el sistema laboral corporativo diseñado por la Dictadura generó un intenso debate interno.

El franquismo también vino a basar su proyecto totalitario mediante la utilización del mundo del trabajo como pilar estratégico del régimen. En consecuencia, el conocido como “sindicato vertical” no vino a constituirse en calidad de una institución cualquiera en el ordenamiento político y económico de la España franquista, sino en la herramienta fundamental a través de la cual debía llevarse a cabo la política social del nuevo régimen, mediante la intención de imponer la disciplina entre los compendios que participaban en todos los ámbitos de la producción y, en definitiva, el que estaba llamado a llevar hasta sus últimas consecuencias la llamada “revolución nacionalsindicalista”.

La Ley de Bases de la Organización Sindical (LBOS), establecía el principio básico de unidad o verticalidad en un doble sentido. Por un lado, rechazaba el pluralismo sindical y confirmaba lo que desde 1936 era una realidad en la zona denominada “nacional”, que se constituía en la prohibición de existencia a cualquier otra organización sindical ajena a la oficial. Por otra parte, obligaba a empresarios y trabajadores, agrupados ambos bajo la condición de “productores”, a integrarse de forma vertical y “armónica” en los respectivos sindicatos nacionales en calidad de unidades naturales de convivencia, donde se imponía la superación definitiva de la lucha de clases.

Como podemos comprobar, mediante esta somera exposición histórica, en los principios básicos establecidos en todo sistema dictatorial y hurtador de libertades públicas, la idea del sometimiento y control del sistema socioeconómico deviene fundamental. En consecuencia, a nadie debe extrañar que el teorizante de la nueva estructura dictatorial presuntamente inspirada sobre el futuro de España, el Sr. Iglesias Turrión, haya diseñado el desmantelamiento de la actual normativa sociolaboral española, arrinconando a los agentes sociales elegidos libremente, sustituyéndolos intencionadamente por la organización marxista Bildu, hermana ideológica y de propósitos políticos de similar concepción a Podemos.

Los pasos se siguen dando y, aparentemente pocos se van percibiendo de lo que se viene tejiendo en España desde el corazón del actual gobierno. Aparentemente, algunos de sus ministros, muy especialmente los más integrados en las estructuras político-económicas europeas si aparenta haber reaccionado, pero ¿con la suficiente contundencia?

Veremos si esta supuesta reacción o, tal vez la fuerte presión que se viene generando en la calle y que inapelablemente va increscendo, deviene con suficiente contundencia como para lograr abortar tamaño despropósito que pone en jaque el futuro social y económico de España.

Julián Sánchez

 

 

 

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