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Requena (13/04/20)- PVH.

El derecho a la vida es inalienable, lo más valioso que poseemos. Cualquier Carta Magna de cualquier nación democrática lo tratará como la piedra angular de una sociedad civilizada. Sin embargo, vivimos tiempos convulsos en los que toca tomar decisiones que chocan frontalmente con este derecho. El Coronavirus está colocando a unas personas por delante de otras al más puro estilo Darwiniano.

El protocolo de intervención médica o triaje, nace de la idea de ser eficaz y obtener el mayor beneficio posible a la hora de desempeñar la función sanitaria. Nadie pondrá en tela de juicio una decisión de un médico que no duda al asistir primero a quien tiene más probabilidades de sobrevivir tras un aparatoso accidente con varias víctimas. El motivo parece obvio.

Para un profesional, tomar este tipo de decisiones puede resultar desagradable y fácil al mismo tiempo, desde una perspectiva lógica y científica, porque es un método que le permite salvar más vidas y esa es la prioridad. Así pues, para la comunidad médica se ha convertido en una práctica constante y normalizada.

Pero el COVID-19 está arrastrando este protocolo por los hospitales, obligando a priorizar la atención urgente hacia personas que por edad parezcan tener más probabilidades de superar los síntomas del Coronavirus. La barrera se ha establecido en los 75 años y en los centros se han recibido cartas desde el Ministerio de Sanidad aconsejando no emplear recursos con los enfermos que rebasen esta edad.

La suerte está echada para los mayores y un simple patrón de actuación decidido en una mesa de despacho, condena a muerte a quienes precisamente son más susceptibles de enfermar, apartando de un plumazo los recursos en forma de camas de hospital, de plazas de UCI y de respiradores de quienes más lo necesitan.

Si bien desde un primer momento, en las comparecencias diarias del Ministro Illa, hemos podido escuchar que no había ningún tipo de carencia de material sanitario en los Centros de Salud, la realidad ha resultado ser bien distinta y el desabastecimiento ha sido lo habitual en la mayoría de hospitales, tanto para el personal sanitario como para los contagiados de COVID-19.

La situación empeora cuando este protocolo se aplica incluso disponiendo de los recursos, justificando este triaje con recomendaciones que transgreden y condicionan la potencial capacidad de los profesionales médicos que se encuentran en primera línea para tomar la decisión oportuna y pertinente en cada caso.

La puntilla a los más vulnerables, los mayores, en forma de negación asistencial, evidencia un distanciamiento con la realidad social, una falta de empatía con nuestros padres y abuelos, verdaderos artífices del mundo tal y como lo conocemos, de la llamada Sociedad del Bienestar que disfrutamos, así como una macabra exigencia de desenganchar el vagón de cola con lo que se considera prescindible, cuando en realidad es lo más valioso.

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