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EL OBSERVATORIO DEL TEJO  / JULIÄN SÁNCHEZ

El Estado de Derecho es definido jurídicamente como la Organización política de la vida social sujeta a procedimientos regulados por ley en el cual los actos del Estado están limitados estrictamente por un marco jurídico supremo (la CPE) guiados por el Principio de Legalidad y el respeto absoluto de los derechos fundamentales.

El Estado de Derecho se constituye como el garante del imperio universal de la ley en un estado civil y democráticamente constituido. El comportamiento estatal no puede ser discrecional. Los actos del Estado están sometidos a la Constitución política del Estado, marco que no debe rebasar. Además, esos actos deben estar guiados, siempre, por el Principio de Legalidad, ya sea el formal o el sustancial.

Para quien no se considere versado en temas jurídicos, diremos que, según definición aportada por el jurista Jorge Machicado, el Principio de Legalidad Substancial se constituye como un axioma extrajurídico de defensa social en virtud de la cual se sanciona con una pena o se somete a una medida de seguridad cualquier acción u omisión o estado peligroso de una persona o grupo que vaya contra la sociedad o el Estado.

El Derecho como tal, en modo alguno puede estar representado por la voluntad de una persona o de una minoría que se impone a una mayoría. En ese mismo sentido, sólo es Derecho la norma emanada de la soberanía popular en uso de su poder constituyente. De ahí que Estado de Derecho equivalga a Estado constitucional con el contenido dado a esa idea.

La vulneración continua del Estado de Derecho que se viene propiciando últimamente en nuestro país y que la ciudad de Barcelona se erige como exponente de esa gravísima disfunción, se ha llegado a constituir como la puerta de desemboque de una situación de conflictividad social donde la ley de la selva se impone a cualquier intento de convivencia civil y democrática.

Barcelona, bajo la directriz del populismo y el separatismo, se ha constituido, por mérito propio como la zona cero de los antisistema. Hasta tal punto que las propias autoridades se hacen cargo de pagarles el alquiler de los edificios ocupados con el dinero de los contribuyentes, llegando hasta el extremo de justificar y defender sus acciones ilegales. El concejal Jaume Asens, teniente de alcalde de Derechos Ciudadanos y Transparencia se constituía, supuestamente, como el letrado de referencia de los detenidos por violencia urbana, ocupaciones ilegales y venta de productos falsificados. Un habitual asesor para eludir la acción de jueces, fiscales y fuerzas del orden.

Pero el origen del conflicto, no deviene de la actual acción o inacción del actual gobierno populista de Barcelona cuyas consecuencias desembocaron en los terribles enfrentamientos experimentados desde el pasado día 23 cuando los Mossos d’Esquadra desalojaron los locales del Banco Expropiado y desde entonces, el barrio de Gràcia ha sufrido varias noches de protestas y altercados, con un balance de dos detenidos y 33 heridos y unos destrozos de más de 60.000 euros en mobiliario público y privado.

Hay que recordar al respecto, que el local, situado en plena Travesera de Gracia, estaba ocupado por grupos antisistema, que lo habían convertido en un símbolo del movimiento okupa. El inmueble había sido la sede de Caixa Tarragona primero y una oficina de Catalunya Caixa tras la absorción del primer banco por el segundo. La crisis llevó a la entidad bancaria en 2011 a cerrar la oficina, que fue inmediatamente tomada al asalto por colectivos radicales. El anterior alcalde, el convergente Xavier Trias, decidió evitarse un problema y, supuestamente, mediante la vulneración de la normativa vigente, circunstancia hoy investigada por la fiscalía, pagando religiosamente el alquiler al propietario, el dueño de una agencia inmobiliaria, consistente en una cantidad de 5.500 euros mensuales para evitar un posible enfrentamiento y ganarse, en balde, el afecto del movimiento okupa.

Las consecuencias de todo este maremágnum, han desembocado en que los vecinos de Gracia, precisamente uno de los distritos en los que más voto registró el partido de la alcaldesa populista Ada Colau, estén atemorizados con la extrema violencia de los radicales, circunstancia que les ha llevado a manifestar su indignación con la pasividad de la alcaldesa, que pide «proporcionalidad» (¿), a los policías y que, elude su responsabilidad animando a las agrupaciones vecinales para medien con los violentos. Alega que los okupas del “banc expropiat” no quieren hablar con las administraciones y que ella no puede hacer nada al tratarse de un local privado y no municipal.

Paralelamente la Fiscalía ha abierto una investigación al exalcalde de la ciudad Xavier Trias por un supuesto delito de malversación de caudales públicos, al haber estado pagando durante un año el alquiler de los locales del banco expropiado en el mentado barrio barcelonés de Gràcia con fondos municipales. Según ha informado el ministerio público en una nota, la Fiscalía de Barcelona ha encargado a la Policía Nacional que investigue los pagos del alquiler del local ocupado, que ascendieron a 65.500 euros al año, a la inmobiliaria propietaria de la finca. Los hechos «podrían ser indiciariamente constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos», lo que implicaría una pena de prisión, en caso de condena, de entre dos y seis años, además de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

En una comunidad donde se ha llegado al extremo de inculcar a la ciudadanía la transgresión de la ley y del derecho constitucional de forma sistemática, supuestamente bajo la pretensión de inspirar un espíritu prerrevolucionario que propicie su convergencia, en un futuro próximo, en la segregación de dicha comunidad a su estado de pertenencia, evidentemente se ha jugado con fuego, y ese fuego ha acabado por prender en una sociedad que anda a la deriva pésimamente encaminada por la demagogia, el populismo y la radicalidad.

Cuando se vulnera el Estado de Derecho, se están poniendo en cuestión los procedimientos regulados por ley mediante los cuales los actos del Estado están limitados estrictamente por un marco jurídico supremo guiados por el Principio de Legalidad y el respeto absoluto de los derechos fundamentales de las personas y que los poderes del propio Estado dimanantes de la soberanía popular, los cuales deben constituirse, en todo momento, como garantes de los intereses generales de todas las clases o sectores sociales en su conjunto, por encima de los de cualquier persona o grupo individualmente considerado.

Pero no desenfoquemos el problema de su punto original, habida cuenta que no debemos olvidar que el Estado de Derecho ha llegado a su situación actual en nuestro país a consecuencia de la violación sistemática de sus valores más fundamentales, mediante la acción llevada a cabo precisamente por quienes juraron o prometieron en su día ejercer la acción de salvaguarda de tan elementales principios. La corrupción sistemática, el enriquecimiento ilegal, la evasión impositiva y la adulteración del sistema de poderes del propio Estado, han llevado a la lamentable situación de que el populismo y el espíritu separatista más anárquico, hayan comenzado a tomar los resortes de poder del Estado de Derecho con la intención de dinamitarlo de forma metodológica bajo una falsa promesa de regeneración sui generis, y las consecuencias, ya determinantes en otros países como Venezuela o Grecia, ya estamos comenzando a experimentarlas en nuestro país, y Cataluña en general, y Barcelona en particular, son su más claro exponente.

Quien espere una sociedad mejor, precisamente cimentándola en los rescoldos de la incineración del Estado de Derecho, que desista de su esperanza. Para que un país aspire a un futuro de bienestar y perspectiva, debe de fundamentar dicha aspiración pasando por la reconstrucción y fundamentación de un Estado de Derecho propio firme y categórico, donde los poderes que lo fundamenten (ejecutivo, legislativo y judicial) alcancen a interactuar de forma absolutamente independiente, a efectos de controlar de forma efectiva la posibilidad de cualquier intento de vulneración de la constitución política, propiciando además la existencia de un sistema de responsabilidades sobre los servidores públicos, para así demandar los errores y establecer las gravámenes de los administradores en cada momento.

El próximo día 26 de junio los españoles tenemos ante las urnas la posibilidad de ejercer una acción de enorme responsabilidad. Desde la transición a la democracia, seguramente nunca habíamos obtenido un compromiso de similar envergadura. Que la demagogia, la mentira y las falsas apariencias no vayan a cegar nuestro entendimiento. Los últimos acontecimientos ocurridos en nuestro país bien, por una parte, o por otra ofertan una más que irreversible claridad, la corrupción y el populismo ya han propiciado suficientes señales al efecto, que cada cual sea dueño de sus propias exigencias y propiciamientos, sin olvidar nunca la realidad propia de que, posteriormente, sus consecuencias habremos de asumirlas todos en forma general y conjunta.

Julián Sánchez

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