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EL OBSERVATORIO DEL TEJO / JULIAN SANCHEZ

Mi profesor tutor D. Manuel Rodríguez Cavero, en mis tiempos de estudiante de Derecho del Trabajo, definía al estado de derecho mediante la afirmación siguiente: “El Estado de Derecho es la Organización política de la vida social sujeta a procedimientos regulados por ley, en el cual los actos del Estado están limitados estrictamente por un marco jurídico supremo (la Constitución Política del Estado) guiados por el Principio de Legalidad y el respeto absoluto de los derechos fundamentales”. Posteriormente, a lo largo de mi vida profesional, he ido encontrándome con otras definiciones más o menos técnicas, pero casi todas encaminadas por idéntica vía de asimilación de fundamentos. De entre todas ellas podría destacar la definición del doctrinario Sánchez Viamonte, quien define al Estado de Derecho como “toda organización política de la sociedad que reposa sobre normas fundamentales cuyo imperio se impone y sobrepasa toda voluntad”. En consecuencia, tanto una como otra definición, vienen a razonar la idea fundamental consistente en que lo que realmente constituye la principal característica del Estado de Derecho es el imperio inexcusable de un determinado orden jurídico donde gobernantes y gobernados deben inexcusablemente quedar sometidos al total imperio de la ley.

Es indudable que estos principios son acatados con una pulcritud determinante en estados serios donde se pretenda que una organización estatal fuerte y bien cohesionada, deba constituirse como garantía superior de la igualdad en los derechos y libertades de los ciudadanos a los que debe amparar. Consecuentemente para que el Estado de Derecho pueda existir, el respeto a la ley debe quedar siempre fuera de toda cuestión.

Ya hace tiempo que venimos asistiendo a las reiteradas burlas e irrespetuosas sacadas de contexto actuaciones por parte del gobierno de Cataluña, referentes a sentencias y otros pronunciamientos de los Tribunales de Justicia del Estado, en referencia a su acatamiento por parte de dicho gobierno autonómico, pero el sainete montado por el separatismo catalán sobre la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de citar a declarar a Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega como imputados por el referéndum del 9-N, ya viene a rayar en lo más selecto de las páginas más reconocidas del dislate.

Hasta lo más florido de las CUP, organización anarco-separatista, anticapitalista e insubordinats a l’estat espanyol, según ellos manifiestan, salió en apoyo del representante oficial de la burguesía catalana y principal encausado Artur Mas bajo la afirmación de que la imputación a Mas se constituía como «un nuevo ataque para tratar de doblar la voluntad del pueblo catalán».

Y si los más díscolos se pronuncian de esta forma, ya no digamos los afines: La vicepresidenta de la Generalitat, Neus Munté, califica el auto judicial como «juicio político». El portavoz de Convergència Democràtica (CDC) en el Congreso, Pere Macias,  de “persecución”. El presidente de ERC y número cinco de la lista “Junts pel sí” Oriol Junqueras aprovecha la ocasión para incidir: “La pertenencia a España es inviable, tenemos que ser independientes”. Todo el separatismo saltando como desde una ballesta, tal y como si hubiesen estado esperando una señal de pronunciamiento en el sentido pretendido. Mucha coincidencia aparenta una actitud, la cual había quedado en suspenso como consecuencia de un resultado supuestamente plebiscitario totalmente contrario a la situación prevista por ellos mismos.

Y es que no tiene mucho sentido la idea de culpar al actual gobierno del estado de manipulación de la voluntad del  juez Joan Manel Abril Campoy , quien fue elegido magistrado para el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en la terna propuesta por el Parlamento catalán, con el voto favorable del entonces vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por CiU Ramón Camp, y precisamente en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno.

El anuncio de la toma de posesión del magistrado se efectuó por el propio TCJC con el siguiente tenor: “Davant el President i la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i acompanyat de familiars, amics, autoritats especialment desplaçades des del Principat d’Andorra, representants del Parlament de Catalunya, autoritats i els Magistrats i Magistrades de la Sala Civil i Penal, el nou Magistrat, Joan Manel Abril ha pres possessió del seu nou càrrec, incorporant-se a prestar servei als ciutadans i ciutadanes des del rigor jurídic, i el profund coneixement de l’ordenament jurídic propi de Catalunya.

El President del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Excm. Sr. Miguel Angel Gimeno, li ha donat la benvinguda i ens ha recordat la importància del bon funcionament de l’administració de Justícia per l’Estat de Dret”.(sic).

En este completo derroche de despropósitos, tampoco deviene muy aclaratoria la manifestación efectuada por el actual ministro de justicia en el gobierno Rajoy, D. Rafael Catalá quien, seguramente pretendiendo argumentar lo que se debería justificar por sí mismo, añade más leña al fuego cuando, en el momento álgido de los anteriores pronunciamientos separatistas, valorando al poder judicial como un simple instrumento bajo la voluntad del gobierno de España, el ministro se despacha a su gusto, aduciendo la ocurrencia de que al señor Mas y sus “colaboradoras no se les que no se les imputó antes para no interferir en las elecciones”. Entonces, ¿en qué quedamos ministro?, ¿dio usted la orden, o fue el propio TSJC el que le manifestó a usted la intención? ¿No se da usted cuenta de que el maquiavelismo político atrae más como interpretación que la propia ineptitud?. Mientras tanto, y aprovechando la citación de Mas y el intento autoarrogatorio de “medalla” del ministro, Junts Pel Sí está urgiendo a la hasta ahora reticente CUP para que deponga dichas reticencias y le aporte en segunda votación los dos votos que necesita para ser investido Mas president. Vaya un “sainete” que tienen montado entre unos y otros.

Cada vez me encuentro más cerca del empecinamiento de Ciudadanos con regenerar el estado mediante la separación efectiva de poderes. La interferencia política no puede tolerarse más en referencia a la articulación del propio estado sobre unos poderes independientes, a efectos de que pueda establecerse un sistema de controles y equilibrios que limite las facultades de los distintos gobiernos y proteja al tiempo los derechos individuales.

En consecuencia, el poder legislativo debe constituirse como el órgano deliberante y decisorio responsable de la interpretación y ejecución del contenido de las leyes generales. Esta tarea debe obtener necesariamente su propio ritmo de actuación, sencillamente porque las leyes deben estar escrupulosamente establecidas a efectos de ser indubitativamente reconocidas como legítimas por la mayor parte de la ciudadanía y de los grupos de interés del país. El poder judicial aplica las leyes generales a los casos particulares y el poder ejecutivo, aparte de hacer efectivas las decisiones de los otros dos poderes, maneja la administración general del país y atiende su bienestar general.

Nuestro Estado de Derecho nunca podrá ser efectivo ni completo mientras los poderes judiciales sigan siendo elegidos por los mismos a los que deben vigilar y controlar. Tal y como en su día postularon Locke y Montesquieu, la efectiva división de poderes debe estar estructurada sobre la necesidad de que existan contrapesos y equilibrios, estableciendo un balance entre los distintos poderes de un estado a efectos de que, a través de los controles de unos sobre otros, se garantice la igualdad de derechos y deberes inherente a una democracia mediante la distribución de responsabilidades y controles entre los distintos poderes. No se puede, ni se debe, vulnerar este principio si queremos la igualdad y la seguridad jurídica de todos con base en la justicia.

O nuestros principales partidos políticos asumen de una vez estos principios, o realmente seguiremos estando en manos de los especuladores de turno, como oligarcas, tiranos, demagogos, antisistema o preconizadores de ríos revueltos, los cuales no proporcionan ganancias más que a los pésimos pescadores. El “sainete” de Cataluña, no puede ser más axiomático al respecto.

Julián Sánchez

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