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EL OBSERVATORIO DEL TEJO. JULIÁN SÁNCHEZ

Desconocemos si por razones electoralistas o por un intento de banalizar el proceso nacionalista catalán, el ministro Cristóbal Montoro, en representación del ejecutivo nacional presentó hoy su “regalo de navidad” dirigido a los responsables de las finanzas autonómicas. El ministro, anunció a nuestras autonomías el envío al Consejo de Ministros de un real decreto que permitirá el pago de los intereses de la deuda autonómica, tanto a las regiones acogidas al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) como a aquellas que no lo hicieron por tener acceso a los mercados, o por cumplir con los objetivos de deuda, el déficit o pago de proveedores marcados por Hacienda.

El anuncio no vino a ser muy del agrado del el consejero de Hacienda de Madrid, Enrique Ossorio, quien escenificó su protesta absteniéndose en la votación de los planes económicos financieros que habían presentado las cinco comunidades autónomas (Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha y Cantabria) para reajustar el exceso de déficit de 2013 al no disponer, según manifestó el consejero madrileño, de información suficiente, ya que tampoco se entregó documentación al efecto.

Los razonamientos a su protesta tienen su fundamento en los siguientes puntos de la propuesta gubernamental. En la parte denominada Fondo de Liquidez Autonómica, a través del que se pagarán los intereses de la deuda de las comunidades adheridas al FLA con carácter retroactivo hasta 2012 y los intereses del endeudamiento nuevo que se contraiga en 2015 y su contrapartida, el Fondo de Facilidad Financiera que se habilitará para las comunidades no adheridas al FLA y les permitirá ahorrarse los intereses de la deuda generada en 2015, 2016 y 2017, ya que la pagarán a tipo cero.

En consecuencia con dicha propuesta, se da la circunstancia de que Cataluña va a recibir 3.700 millones con la puesta en marcha de estas medidas y Madrid apenas llegará a 90 millones. Solamente refiriéndonos a 2015, Cataluña recibiría unas subvenciones próximas a los 1.200 millones y Madrid no ingresará ni un euro”. Ossorio reconoció que pese a contar inicialmente con el apoyo de otras regiones, como Galicia, Castilla y León o La Rioja, se sintió bastante solo en la reunión y fue la única región que se opuso de forma rotunda a esa injusticia. Es evidente que la disciplina partidista influyó sobremanera en la actitud de dichas comunidades quienes dejaron solo a Madrid en su más que justificada protesta aún a costa de una dejación manifiesta de la defensa de sus propios intereses.

Lo que queda claro viene a ser que la protesta de Madrid deviene más que justificada, toda vez que la propuesta gubernamental aparenta premiar precisamente a las comunidades más despilfarradoras, castigando por el contrario a las que mejor cumplieron sus labores de ajuste presupuestario. Visto el espíritu del ofrecimiento, a  las comunidades acogidas al FLA se les coloca un tipo cero para las operaciones correspondientes a los ejercicios de 2012, 2013 y 2014, años en los que la deuda ha crecido de manera brutal y se les sitúa a tipo cero los créditos del plan de pago a proveedores»; y para las que no se acogen al FLA se propone un tipo cero para las nuevas operaciones de los años 2015, 2016 y 2017, ejercicios en los cuales los tipos de interés de les suponen próximos al niel cero.

No haría falta ser un gran experto en grandes conocimientos financieros para ser consciente de que, si Madrid y las otras comunidades cumplidoras, aceptasen las condiciones insertas en la propuesta de Montoro, les supondría dar su visto bueno a la manifiesta injusticia consistente en que en los años 15, 16 y 17 el montante financiero al que accedería, por ejemplo Madrid supondría un total de de 90 millones de euros, en contraste a los 3.700 millones que obtendría Cataluña al respecto.

Lo cierto y verdad viene a ser la evidencia de que, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda, en referencia al estado de cuentas de las Comunidades Autónomas, muestran que la mayoría ya rebasó en septiembre el objetivo del 1% para todo el año. Y, para 2015, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) hizo público un informe en el que alerta de que nueve comunidades presentan riesgos de incumplir el objetivo de déficit de 2015. Son Andalucía, Cataluña, Extremadura, Murcia y Valencia; y, en menor medida, también Aragón, Baleares, Madrid y La Rioja. En consecuencia ¿acierta el gobierno al proponer esa propuesta de financiación que aparenta favorecer a los más incumplidores? Evidentemente que en la pregunta queda implícita la respuesta. El despilfarro es la otra cara de la corrupción que además la favorece fehacientemente. No se puede, ni se debe pasar por alto el desahogo en la administración de los recursos públicos que llevan a quitar de lo imprescindible para favorecer lo superfluo.

En consecuencia con lo expuesto Autoridad Fiscal ya reclamó a principios de mes al Ministerio de Hacienda que activara las medidas preventivas que contempla la Ley de Estabilidad Presupuestaria ante la evidencia de que Cataluña, Valencia, Extremadura y Murcia duplicarían el límite impuesto por el Ejecutivo central, en referencia a que la legislación vigente contempla la posibilidad de que el Gobierno central inste a las comunidades a adoptar medidas correctivas para sanear sus cuentas y, en caso de incumplimiento, la norma incluye acciones coercitivas como sanciones o, incluso, la intervención de una comunidad. Pero parece ser que el Gobierno ha decidido emprender en este caso el sentido contrario.

Las comunidades catalana y valenciana, pongamos por ejemplo, pueden dar clases de corrupción y mala administración en grado preeminente pero, lejos de reconvenirles, parece ser que el Gobierno les premia; ¿electoralismo?, puede ser, pero lo cierto y verdad viene a ser que premiar la injusticia nunca suele ser fuente de buen gobierno, claro que, también podríamos preguntarnos: ¿en las circunstancias actuales dónde pueden encontrarse los buenos gobiernos?

Julián Sánchez

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