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EL OBSERVATORIO DEL TEJO / JULIÁN SÁNCHEZ

Tras el simulacro de consulta celebrado en Cataluña el pasado día 9, donde quedó en evidencia una situación no tan clara como el separatismo catalán pretendió hacernos ver y donde el gobierno del presidente Rajoy dejó nuevas pruebas de su inacción más que irrefutable. Tras lo experimentado en Cataluña  lo único que quedó meridianamente claro vino a ser la idea de que el futuro de nuestro proyecto común de estado deviene por senderos más que inciertos y poco resolubles.

Por una parte la aventura nacionalista de viaje a ninguna parte. Por otra, un populismo que espoleado y dejado llevar por el empuje de una corrupción larvada en un sistema establecido para el dominio partidista, avanza hacia no sabemos dónde, sin ofertar ideas claras de acometimiento de un programa realizable y de futuro. Su última propuesta basada en la salida unilateral de España del Eurosistema deja muy en evidencia unas intenciones peligrosas en lo económico y regresivas en lo político. Únicamente una propuesta viene emergiendo con suficiente contundencia en el panorama nacional, la cual puede atisbarse como proyecto ilusionante que oferte esperanza de resolución a esta encrucijada en la que estamos incursos y cuya fluctuación deviene imposible a la idea de otorgar una salida efectiva y duradera hacia el actual proyecto autonómico salido de la Constitución de 1978 que aparenta agotado en todas sus actuales perspectivas.

Pero, en primer lugar ¿conocemos los ciudadanos el proyecto de federalismo que se nos propone desde el PSOE? Es una propuesta que deberíamos analizar convenientemente puesto que, como ciudadanos estamos obligados a conocer, como cualquier otra que razonablemente se establezca, si no queremos dejarnos llevar hacia caminos poco diáfanos cuya retroversión resulte posteriormente difícil de acometer.

En primer lugar puede surgir la pregunta: ¿Qué es un estado federal? Según la tesis de Hans Kelsen, podemos considerar que el Estado federal es el resultado de un proceso de descentralización política. Dicho de esta forma la afirmación puede aparentar como algo similar a lo que actualmente tenemos establecido en nuestro país, pero existen importantes diferencias de matiz entre ambas tal como posteriormente podremos comprobar.

En su declaración de Granada, el Partido Socialista Obrero Español recoge la idea de que tras treinta años de funcionamiento del Estado autonómico español y de desarrollo de la doctrina del Tribunal Constitucional, llegamos a un punto (teniendo en cuenta además las  tensiones territoriales últimamente experimentadas), en el que conviene afrontar un proceso de reorganización del Estado actual, el cual podemos considerarlo desde su creación como funcionalmente federal. La federalización sería, más que una propuesta original, el reconocimiento y la regulación de un hecho existente aunque implícito.

Según esta perspectiva, el PSOE considera que el actual Estado autonómico, que se origina con la Constitución de 1978 es algo así como un Estado en transición hacia un Estado compuesto que ahora hay que definir. Estamos, pues, ante una etapa más en esa evolución, y no ante un cambio radical de modelo.

Existe actualmente un concepto de federalismo nacional que contrasta con el federalismo plurinacional defendido por algunas izquierdas y nacionalismos periféricos que proponen la plurinacionalidad de España; la existencia de cuatro naciones políticas con concierto económico propio y el derecho de autodeterminación. Cuando hablamos de federalismo desde Cataluña o desde el resto de España hablamos de dos cosas distintas: el federalismo nacional pretende que España sea un Estado federal, mientras que los federalistas plurinacionales defienden una especie de pacto federal de sus territorios con el resto de España. El sentido  fundamental del primero viene a ser la reorganización y el buen funcionamiento del Estado, mientras que la del segundo básicamente se centra en el reconocimiento de las singularidades nacionales.

Es en este punto desde donde parte la propuesta socialista establecida en la declaración federalista de Granada, la cual viene a configurarse en los siguientes puntos:

1.- Establecer la soberanía funcional de los territorios en un Senado federal compuesto por delegados de los gobiernos autonómicos.

2.- Poner de manifiesto y  de forma definitiva un reparto competencial claro entre el Estado central y todos los territorios miembros.

3.- Constitucionalizar la administración municipal y su legislación reguladora, la cual pasaría a ser orgánica.

4.- Establecer el principio de ordinalidad en referencia al régimen fiscal común. Esto significa que podrían seguir existiendo transferencias entre comunidades autónomas, pero si en una Comunidad se recauda más cantidad per cápita que en otra, el gasto será mayor (es decir, se mantienen los rankings de ingresos y gastos per cápita igualados)

5.- Potenciar la función de los tribunales superiores de justicia autonómicos y reservar el papel de unificador de doctrina del Tribunal Supremo, suprimiendo el recurso de casación (revisión de hechos probados).

6.- Consolidar la igualdad de todos los ciudadanos españoles en el ejercicio de sus derechos individuales y sociales.

7.- Desarrollar los principios de lealtad federal entre las instituciones, así como el de participación de los territorios en los órganos y políticas públicas de ámbito estatal.

8.- Mantener el control de constitucionalidad de los estatutos de autonomía pero haciendo que sea anterior a su ratificación por referéndum.

Llevar a cabo un proyecto federal no va a resultar tarea fácil en unos momentos de visceral enfrentamiento entre dos sistemas de nacionalidades tan opuestas como el español y el catalán, donde los sentimientos aparentan alcanzar más peso específico que el sentido de la razón.

Se ha de tener en cuenta la realidad de que siendo el nuestro un Estado funcionalmente federal, los españoles no tenemos actualmente asumida una cultura federal. En consecuencia habría que hacer mucha pedagogía a efectos de que esta propuesta impregne con efectividad en las opiniones de los ciudadanos, mucho más preocupados por la situación económica que por el concepto de constitución administrativa del Estado.

La propuesta federal que el PSOE propone se constituye como una oferta evolutiva, prudente y razonable. Quizá más por realismo que por convencimiento ideológico.  Seguramente no alcanzará en principio a resolver en puridad, las fuertes tensiones con los nacionalismos periféricos, pero sí que habrá de contribuir a una necesaria y efectiva reorganización del Estado, manteniendo su unidad política y la soberanía nacional del pueblo español con el debido y más explícito reconocimiento a la diversidad interna. Este puede ser el principio de un entendimiento que lleve a establecer unas bases más modernas y funcionales para nuestra evolución democrática como país y la estructuración del Estado mediante la separación de poderes y libertad de competencias, algo cuya carencia hoy encorseta e impide nuestra natural evolución democrática.

Julián Sánchez

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