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EL OBSERVATORIO DEL TEJO. JULIÁN SÁNCHEZ

No es que sea una apreciación obsesiva mía que de vez en cuando voy sacando en mis artículos y comentarios escritos y radiofónicos, la evidencia de que tenemos un sistema institucional corrupto la acaba de sacar a luz el propio Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce en su comparecencia del pasado miércoles en el Congreso a los efectos de dar su opinión sobre las medidas anticorrupción propuestas por el Gobierno sobre una futura normativa legal al efecto.

Las críticas de Torres-Dulce fueron directas y sin paliativos. Lamentó la falta de medios legales, materiales y personales, así como la ausencia de mecanismos de acceso a bases de datos públicos para poder combatir la corrupción. Denunció una “Legislación insuficiente, enrevesada y con penas no acordes con la gravedad que se demanda por la ciudadanía”, la propiciación institucional que provoca “actuación exasperantemente lenta”, “absoluciones difíciles de entender y sin recuperación de dinero”, trabas de instrucción concluyentes en “prescripciones incomprensibles”, la proliferación de los “indultos a corruptos”, así como constantes “agujeros negros en la ejecución de sentencias”. Estas y otras conclusiones vienen a ser algunas de las manifestaciones devastadoras que Torres-Dulce denunció ante la Comisión Constitucional y que llevan a la sensación generalizada de que “la Justicia está coordinada en España para favorecer al poder”.

Lo más sorprendente de esta cuestión es que el máximo representante institucional de la defensa de los derechos ciudadanos ante la justicia, no pusiese su cargo a disposición de quien le nombró al cerrar dicha comparecencia. Viene a ser lo mismo que si a un arquitecto le contratan para la realización de un edificio monumental y no ponen a disposición del mismo los medios humanos, económicos ni materiales para realizarlo y sigue en el proyecto. Verdaderamente incomprensible.

Que se podía esperar de un sistema que se escuda en su supuesta legitimación “democrática”, pero que realmente lo único que procura es la permanencia alternativa de forma indefinida en dos únicas formaciones políticas en la detentación de todo el poder del estado. Mediante este mismo sistema el bipartidismo al uso, convenientemente administrado, se hace dueño de la totalidad  del dominio institucional que realmente debería estructurarse en tres porciones diáfanamente diferenciadas y convenientemente emancipadas; ejecutivo, legislativo y judicial pero que, merced a esta situación de control, una única persona, adecuadamente asistida y consentida por lo que formalmente podemos considerar como “oposición corporativa mayoritaria”, puede hacer valer su voluntad prevalente sobre el funcionamiento de los tres medios. Eso es la realidad de lo que ha acontecido en los últimos tiempos en el funcionamiento de las instituciones de nuestro país. En consecuencia, el mimetismo se ha venido extendiendo en similar porción sobre otros estamentos de inferior nivel tal y como podemos considerar a los propios sindicatos y las organizaciones empresariales.

Otro de los expertos comparecientes Benigno Pendás, director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, que depende de La Moncloa, reclamó que para al control de la corrupción se vaya más allá en el régimen de incompatibilidades de altos cargos, solicitó  que se aumente el control sobre las fundaciones de los partidos y que se extiendan a los diputados las restricciones y controles que establece el proyecto de ley de altos cargos, por ejemplo, sobre conflictos de intereses. Pero lo que realmente puede resultar un tanto discutible, a mi juicio, vino a ser la idea de que se abriese un debate sobre la mejora de los sueldos de los altos cargos y los políticos.

Pendás seguramente ignora la idea demostrada mediante la cual no existe tope ni techo que pueda aportar el pensamiento de exhaustividad sobre el bolsillo propio, lo que viene a ser lo mismo, que en cuestión de dinero, nadie alcanza a vislumbrar la idea de suficiencia, por mucha cantidad que vislumbre. Es de diáfana aceptación que el dinero que llega fácil no se sabe de dónde y se multiplica sin aparente esfuerzo, lo normal viene a ser que quede disponible para ser gastado sin límite ni control y bajo la creencia de que por más que se gaste nunca se va a acabar. En resumen, no se trata de cobrar más, se trata de gestionar con decencia, con un nivel adecuado de moralidad y con la consciencia de dar más de lo que se recibe. Ese debe ser el auténtico nivel que debe atesorar todo servidor público en un estado ejemplar, democrático y moderno de derecho.

Hoy, para ser político no se requiere un horizonte de estudios adecuado, una experiencia empresarial o de gestión importante, ni siquiera una carrera adecuada al nivel de cargo institucional al que se pretende, la única medida efectiva que le puede acercar a cualquier joven de cualquier sexo al desempeño de una jugosa “carrera política” no viene a ser otra que la expedita afiliación a las juventudes de uno de ambos componentes del bipartidismo oficial y plegarse a la sombra del poderoso que más asequible le resulte, a medio y largo plazo obtendrá el éxito pretendido, sin duda ninguna, sencillamente, porque dígase lo que se quiera, la elección de cada miembro a cada cargo público no depende directamente de la voluntad del elector, sino, muy al contrario, únicamente habrá de depender del parecer de la persona que ostente la capacidad de elaborar las listas y el lugar de prelación de cada candidato, por lo que, en consecuencia, el nivel de honradez, capacidad y significación de cada candidato/a queda por demostrar a todo efecto.

La presidenta del Círculo de Empresarios Mónica Oriol, durante un encuentro informativo el jueves pasado, ha planteado públicamente la rebaja del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a trabajadores/as los cuales no acrediten formación, justificando su petición en la idea de que “hay que dar trato desigual a formación desigual”. Bajo ésta misma máxima surgiría idéntica cuestión ¿Habría que revisar igualmente la situación de cargos políticos e institucionales a los efectos de depurar convenientemente la proliferación de personas las cuales están gestionando nuestra vida y futuro sin albergar un mínimo de competencia para ello? Esa es una cuestión la cual habría de dirimirse con urgencia a efectos de tratar de conseguir una racionalidad de sistema.

Es una vergüenza nacional que en los procedimientos abiertos para el control de la corrupción, los procesados se vean habitualmente absueltos y pululando por la calle libremente y los jueces que instruyeron o instruyen sus procedimientos se encuentren acosados, procesados y hasta condenados. En el caso Gürtel, de momento el único condenado ha sido el juez Baltasar Garzó, en el procedimiento contra Blesa, el juez Erpidio Silva está procesado y la jueza Mercedes Alaya debe de hacer gala de un temple de acero para conseguir su cometido de intentar poner a buen recaudo a quienes supuestamente consideran el dinero público dirigido a parados como un coto de su propiedad. Ese es el sistema en el cual estamos inmersos.

Nuestra sociedad ha mostrado un talante demasiado conformista o tolerante con el sistema corruptivo del estado que le ha llevado a una situación realmente insólita e inaguantable. El nivel de corrupción en España supera ampliamente la media europea y el asunto va increscendo sin que la cosa aparente encontrar oportunas vías de solución. Antonio Muñoz Molina manifiesta la idea de que si nuestra clase política desea seguir viviendo en el presente estado de corrupción y privilegios, esto no consiste sino en un deseo de perpetuarse en una estafa que ya no podemos permitirles ni permitirnos. Ni un minuto más en este permanente estado de corrupción, privilegios y mentiras, es ya hora de que la sociedad civil tome la iniciativa, queda claro que nuestros supuestos próceres no han demostrado capacidad para actuar a la altura de las circunstancias que el trascendental momento requiere desde ya mismo. El relevo sistemático y funcional debe ser ya una obligación y una realidad, no hay otra alternativa al respecto.

Julián Sánchez

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