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EL OBSERVATORIO DEL TEJO/JULIÁN SÁNCHEZ

La estrategia establecida para hacer efectivas las últimas reformas de pensiones en 2011 y 2013 incluyeron, para su fundamentación, numerosas medidas tendentes a prolongar la estancia de los trabajadores en el sistema. Fundamentalmente, establecieron el alargamiento de la edad legal de jubilación de los 65 a los 67 años de forma progresiva hasta 2027, y también endurecieron el acceso a las jubilaciones parciales y anticipadas.

Con anterioridad al establecimiento de estas reformas, el último Gobierno de Zapatero ya tomó ciertas medidas destinadas al intento de frenar las jubilaciones parciales e incentivar que los trabajadores siguieran en activo, conscientes de que una de las claves para alcanzar a hacer más sostenible la Seguridad Social, habría de ser el conseguir que los cotizantes se retirasen lo más tarde posible y con ello contabilizar más años aportando dinero a las arcas y menos años al percibo de la prestación de jubilación.

Con estas medidas se consiguió lenta pero ininterrumpidamente elevar la media de edad real de jubilación de los 63,6 años en 2008 a 64,33 años en 2013, cuando se alcanzó el máximo. Precisamente, en ese año el porcentaje de jubilaciones anticipadas sobre el total, alcanzó el 38,2%, llegando a ser el más bajo en dicho periodo.

Pero nuevamente en 2014, tras el primer año completo de aplicación de la reforma que empezó a aplicarse el 1 de enero de 2013, las jubilaciones anticipadas aumentaron un 3%,  pasando a representar el 41,29% del total. Esta circunstancia, unida a un descenso del 6,7% de las jubilaciones a la edad legal de retiro (65 años y dos meses en 2014), freno la escalada de la edad real de jubilación tras siete años de ascensos y esta se redujo a 64,1 años, tendencia que continúa su escalada en contabilización efectuada durante la primera mitad de 2015. En consecuencia, las jubilaciones a la edad legal (65 años y tres meses en la actualidad) caen un 7,6% mientras que las anticipadas en todas sus modalidades repuntan un 7,4%.

Además del excesivo desempleo, las sustanciales rebajas salariales han venido a debilitar enormemente la recaudación de la Seguridad Social y, por otra parte, el fondo más popularmente conocido como “la hucha de las pensiones”, cuya solidez aguantó el periodo más duro de la crisis creciendo ininterrumpidamente todos los años desde 12.000 millones en 2003 hasta 66.815 millones de euros a finales de 2011, ha perdido un total de 33.951 millones en los tres primeros años del Gobierno del PP. Si a ello venimos a sumar los 5.350 millones que el Ministerio ha usado del Fondo de Prevención de Riesgos Laborales, a este paso ambos Fondos se acaban inapelablemente en 2017.

Durante el cuatrienio de 2011 al 2014, además de hacer frente muy socorridamente a pensiones no contributivas (viudedad, orfandad, etc.) el gobierno decidió destinar un total de 25.000 millones de euros para sustentar los regalos fiscales, en forma de subvenciones a menores cotizaciones y mayores recursos concedidos a las Mutuas patronales, que propiciaron el déficit contable de las cuentas que sustanciaban el sistema contributivo de la Seguridad Social, cuando en modo alguno podría haberse producido esta circunstancia con otros criterios de administración, toda vez que en los años más duros de la crisis incluso se incrementaron a pesar de la caída del empleo. En 2007 las cotizaciones sociales supusieron 103.263 millones euros y en 2011 105.312 millones euros. Pero en el último ejercicio liquidado, 2013, bajaron a los 98.210 millones euros.

En consecuencia, si consideramos como es de justicia, que las pensiones deben ser una prioridad social, se debe actuar en consecuencia desde ya mismo. De no ser así, dentro de tres años se volverá a anunciar la necesidad de una nueva bajada de las pensiones a los efectos de cuadrar las cuentas. Todo ello no viene a ser otra cosa que una nueva trampa, puesto que no se puede meter mano a los recursos aportados por los trabajadores para su jubilación para acometer otras necesidades presupuestarias.

Las prestaciones no contributivas de desempleo, así como otras pensiones no contributivas deberían financiarse con recursos fiscales, y nunca como ahora sucede que  se cargan a los presupuestos específicos de la Seguridad Social. Las cotizaciones sociales no deben usarse como fórmula para recaudar fondos de formación (el 0,3%), o para permitir que las empresas que realizan su propia formación se ahorren estas cuotas. Lo lógico sería que dichos recursos se trasladasen a sustanciar las pensiones, que ahora precisan de  más recursos.

Es ilógico que cuando las Mutuas siguen obteniendo excedentes de la gestión de la enfermedad profesional y de los accidentes de trabajo, que no se destine legal y reglamentariamente su convergencia en el Fondo de Reserva. Deviene totalmente ilógica la evidencia de que el Fondo de Reserva merme alarmantemente, mientras las Reservas de las Mutuas Patronales aumentan continuamente.

Que no nos vengan a intentar confundir ni por un momento. Los ingresos por Seguridad Social que afectan al fondo de pensiones, nunca han debido estimarse en peligro, ni aún en los peores momentos de la crisis. Una cosa es el flujo de recursos y otra el uso y abuso que se ha efectuado de ellos por los gobiernos corrientes.

Las pensiones son sostenibles y su ataque injusto e intolerable, que cada palo aguante su propia vela y los recursos de las pensiones vayan indefectiblemente a la sustentación de la prestación que las originó, todo lo demás es trasladar una situación de angustia a un colectivo que ha pasado toda una vida aportando esfuerzo y recursos a su futuro y que, precisamente en su momento de mayor indefensión puede ver en peligro un derecho que debe ser respetado muy por encima de cualquier otra cuestión. Es simplemente un argumento de razón, legalidad y justicia.

Julián Sánchez

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