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EL OBSERVATORIO DEL TEJO. JULIÁN SÁNCHEZ

Que nuevamente el estado Español ha quedado en evidencia como consecuencia de su interpretación del derecho y su armonización con la vigente normativa  comunitaria es un hecho. Están acostumbrados a la utilización de un derecho de “ir por casa” y eso precisamente casa mal con el equilibrado derecho internacional, por lo que la inseguridad jurídica pululante por nuestro país podría transformarse en objeto de la mofa y el pitorreo general si no fuese porque, al final de la película, siempre son los derechos y el bolsillo del ciudadano medio el que paga y afronta las consecuencias.

En este sentido, y después del enorme varapalo que supuso la eliminación de la doctrina “Parot” por parte del Tribunal de Estrasburgo, vuelve a ser el mismo tribunal quien ponga nuevamente las cosas en su sitio, estableciendo mediante sentencia la eliminación del impuesto conocido por “céntimo sanitario”, que viene a consistir en un recargo al consumo de hidrocarburos en España, aprobado por el gobierno de José María Aznar y con Cristóbal Montoro en el Ministerio de Hacienda, en calidad de un tributo que las comunidades podían aplicar para financiar la sanidad. Ese carácter finalista vulnera la legislación europea. El Ejecutivo suprimió el céntimo sanitario en 2013, transformándolo en un recargo en el impuesto sobre hidrocarburos.

Las razones de la ilegalidad son jurídicamente incontestables, toda vez que el consumo de gasolinas ya estaba gravado por un impuesto específico (el especial de hidrocarburos). En consecuencia solo venía a ser posible fijar un nuevo recargo si este hubiese perseguido una finalidad específica. Aunque las comunidades autónomas (receptoras del impuesto) destinan la recaudación a fines sanitarios y medioambientales, el tribunal no considera que exista un vínculo suficiente entre el gravamen y la finalidad. Eso ocurriría, por ejemplo, si los rendimientos se hubieran utilizado “obligatoriamente para reducir los costes sociales y medioambientales vinculados específicamente al consumo de hidrocarburos”. No resulta suficiente, en consecuencia, con una mera declaración genérica de que ese dinero sufraga la sanidad.

La sentencia del Tribunal Europeo obedece a una denuncia de 80 transportistas de Tarragona quienes consideraron el céntimo sanitario que fue establecido de forma ilegal, por lo que procedieron a establecer los recursos oportunos que les llevaron a Estrasburgo. Este colectivo asegura que tienen derecho a reclamar 6,5 millones de euros porque conservan todas las facturas de estos años. Las asociaciones de transportistas han estimado que solo ellos podrían recuperar hasta 2.300 millones de euros.

Evidentemente que las empresas cuentan con mayores posibilidades para poder efectuar las oportunas reclamaciones al hacerse extensiva la sentencia, habida cuenta que ellas deben conservar legalmente los recibos del importe del hidrocarburo consumido en sus contabilidades oficiales, lo que se viene a hacer problemático es el percibo por los particulares, la mayoría en pago efectuado al contado o bien mediante tarjeta de crédito cuyos justificantes pueden o no guardarse, ya que es requisito indispensable presentar las facturas o justificantes a la hora de reclamar el importe abonado de forma ilegal y durante un periodo máximo de hasta cuatro años.

Otro aspecto verdaderamente lamentable viene a ser la otra nueva situación de desencuentro que se produce entre el gobierno español y la Comisión Europea, acusada por Montoro desde el mismo momento de conocerse la sentencia, de haber otorgado la aprobación al gobierno para la imposición en su día del mencionado impuesto. Manifestación que fue contestada desde Bruselas inmediatamente mediante el siguiente tenor: “La Comisión Europea nunca autorizó este gravamen especial sobre los carburantes contra el que se ha pronunciado el Tribunal de Justicia”. Supongo que, de haberse producido, debe de haber constancia expresa de tal autorización, no viene a ser factible que una acción de esta trascendencia se cierre mediante un apretón de manos durante la toma de un café. Algunos razonamientos de nuestros políticos recuerdan más bien actuaciones propias de repúblicas bananeras que de estados de derecho libres y democráticos, tal y como esperamos que alguna vez sea considerado el estado español que actualmente padecemos.

Y ahora viene la parte más sustancial, Todas las Comunidades Autónomas que han aplicado el céntimo sanitario afrontan con evidente nerviosismo la sentencia del Tribunal Europeo, y la pregunta que actualmente vienen a efectuarse sus consejeros de Hacienda es la relativa a de dónde van a sacar el dinero. No hay que olvidar que todas ellas han estado sometidas a durísimos programas de recortes para reducir el déficit y ahora se enfrentan a un doble problema, como completar la financiación de la sanidad y como pagar las reclamaciones que se presenten.

Lo que en principio aparentaba ser una buena noticia para la generalidad de los contribuyentes españoles va a convertirse en la “lotería” para unos pocos y un nuevo y desagradable gravamen para los demás, muchos de ellos que pagaron, más bien pagamos, en su momento el susodicho impuesto y no vamos a poder rehacernos en forma alguna de tan injusta e ilegal exacción, más bien vamos a tener que contribuir nuevamente de forma obligatoria para que los recurrentes ganadores perciban lo que legalmente les ha sido reconocido y que, como mínimo, serán las cantidades arriba especificadas, toda vez que, queramos o no, lo ilegalmente percibido no van a pagarlo directamente los concejeros de hacienda de nuestras comunidades de su propio bolsillo, si no que, una de dos, o tendrán que habilitar un nuevo impuesto para recaudar lo obligado a reponer, o tendrán que efectuar nuevos recortes para poder hacerlo, con lo cual, vayas por la acera o por la calzada, al final atropellado.

Y ahora brota la pregunta: ¿Para cuándo narices van a exigirles responsabilidades y la reparación de sus desmanes a los propios ejecutores en su propio patrimonio? Eso y solamente eso les haría actuar con un poco más de decoro, atención al derecho, al sentido común y al de honradez. Pero, claro, eso ya sería mucho pedir en un sistema viciado donde, en lugar de la competencia, la honestidad y la capacidad, únicamente aparentan importar el amiguismo, la lisonja y el rápido enriquecimiento a costa de lo que sea. Una de dos, o les cambiamos de una vez o nos hunden, no hay término medio.

Julián Sánchez

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