viernes, 7 mayo
Diputación de Valencia subvenciona la instalación de renovables en edificios municipales, entre ellos están Camporrobles, Caudete de las Fuentes, Chera, Cortes de Pallas, Teresa de Cofrentes, Venta del Moro y Villargordo del Cabriel
Requena (07/05/21)
El área de Medio Ambiente de la Diputación de Valencia, a través de la estrategia Reacciona 2020, ha concedido ayudas por valor de 1,5 millones de euros para la instalación de placas solares fotovoltaicas para autoconsumo en edificios y equipamientos municipales de 80 localidades.
Maria Josep Amigó, vicepresidenta de la Diputación de Valencia y responsable del área de Medio Ambiente, ha anunciado que 80 municipios recibirán 1,5 millones de euros en ayudas en el marco de Reacciona 2020 para la instalación de placas solares fotovoltaicas para el autoconsumo en edificios y equipamientos municipales conectadas a la red, sin acumulación o con baterías, en el marco de la estrategia Reacciona 2020.
Según Amigó, la mitigación es una apuesta por un modelo energético más justo y descarbonizado, por lo que «el primer paso es la eficiencia para ahorrar y, una vez hemos reducido el consumo en los edificios municipales, sustituir las energías fósiles por energías limpias en los tejados o en las terrazas de estos equipamientos».
En la baremación de las ayudas se puntuaba si el ayuntamiento tenía el suministro eléctrico con certificado de garantía de origen 100% renovable, la ordenanza municipal reguladora de la solar fotovoltaica aprobada, las bonificaciones fiscales del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) o del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) por la instalación de placas, o haber realizado la auditoría energética de dos edificios municipales.
Entre estas 80 poblaciones se encuentran Camporrobles, Caudete de las Fuentes, Chera, Cortes de Pallas, Teresa de Cofrentes, Venta del Moro y Villargordo del Cabriel
Reacciona 2020 es una convocatoria impulsada por la Diputación de Valencia que regula la concesión de hasta ocho líneas de subvención en régimen de concurrencia competitiva para la implantación de actuaciones relacionadas con la energía, la movilidad, la gestión de residuos, la biodiversidad y el ciclo integral del agua. Se basa en tres líneas estratégicas: adaptación, mitigación y educación climática.