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El Supremo declara nula la reforma impuesta por el Ministerio de Agricultura, que daba todas las competencias a la D.O.-en manos de la industria catalana- para la regulación de las plantaciones.
Requena (23/01/21)
Varapalo judicial al Gobierno de Pedro Sánchez, que cedió en sus primeros meses en la Moncloa las competencias de regulación de plantaciones de cava en toda España al Consejo Regulador de la Denominación de Origen (en manos de la industria catalana), en una decisión que se interpretó en el sector en diciembre de 2019 como una nueva cesión para conseguir contraprestaciones políticas y así asentarse en el poder.
Esta Denominación de Origen -con sede en Villafranca del Penedés- ha apostado en los últimos tiempos de forma decidida por limitar la producción de viñedos (la producción está congelada hasta el 2022), lo que impide el auge de comunidades como Extremadura (bodegueros de Almendralejo) o la Comunidad Valenciana (Requena), que vienen aumentando la venta de botellas de forma exponencial en los últimos años, en detrimento de Cataluña, región pionera y con mayoría en dicho Consejo desde las últimas elecciones de 2018, pero que ha sufrido las llamadas al ‘boicot’ de los productos catalanes, como la propia D.O. ha reconocido.
El Consejo Regulador viene justificando las limitaciones de plantación a la puesta en marcha de un plan de estratégico que pasa por adecuar la oferta a la demanda y mantener así la calidad y los precios de las botellas envasadas con la etiqueta de la Denominación de Origen. El objetivo: no devaluar el producto. Cataluña cuenta aproximadamente con 30.000 de las 37.955 hectáreas de cultivo con denominación de origen que existen en España mientras que en la Comunidad Valenciana la cifra es aproximadamente de 4.000 y en Extremadura, unas 1.400.
En diciembre de 2019, se aprobó que los derechos de nuevas plantaciones de viñedo para producir cava en 2020, 2021 y 2022 sólo podían ampliarse en 0,1 hectáreas para cada una de las tres anualidades, lo que de hecho representa una congelación de la producción.
En una sentencia hecha pública este sábado, el Tribunal Supremo ha estimado íntegramente el recurso presentado por la Junta de Extremadura contra la modificación del Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre, por el que se regulaba el potencial de producción vitícola.
La administración extremeña había solicitado al Alto Tribunal la declaración de nulidad de la reforma, dado que ésta imponía al Ministerio la aceptación de las recomendaciones presentadas por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cava y privaba a las Comunidades Autónomas de la posibilidad de emitir informes contra esas recomendaciones, como venía ocurriendo históricamente.
En concreto, mediante esta sentencia -ante la que no cabe recurso– el Supremo anula dos artículos del Real Decreto por los cuales el Ministerio eliminaba dicha consulta a las comunidades y además establece que las decisiones sobre las restricciones de replantaciones y nuevas plantaciones en las Denominaciones de Origen de carácter supraautónomico, -como es la del Cava- deben de ser establecidas no por el Consejo Regulador -como establecía el Real Decreto- y sí por el Ministerio de Agricultura. Es a la administración pública, por tanto, «al que le corresponde la presentación de la solicitud con la información necesaria que demuestre que hay un riesgo objetivo de devaluación de la producción, para proceder a adoptar nuevas restricciones», según se recoge en la sentencia.
El fallo del Supremo estima íntegramente el recurso del ejecutivo extremeño y declara la nulidad de la reforma, además de condenar en costas a la Administración del Estado, a la Organización Agraria Unión de Uniones (que apoyaba dicha reforma), y al Consejo Regulador.
La D.O. Cava aprobó en mayo 2020 por unanimidad la segmentación y zonificación del sector con la idea de poner en valor el origen y el territorio del cava. Debido a la pandemia, también ha aplicado una restricción histórica, limitando la producción a 10.000 kgs. de uva por hectárea (antes estaba en 12.000). Además, estipuló que las zonas del cava se dividían en cuatro: Comtats de Barcelona; Valle del Ebro, Viñedos de Almendralejo y Zona del Levante.
Según las últimas cifras oficiales, la DO Cava cuenta con unas 6.582 explotaciones repartidas en siete comunidades autónomas (Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón, La Rioja, Navarra y País Vasco), que agrupan este producto en 37.955 hectáreas que producen 249.500 botellas aproximadamente (el 66% de venta al exterior). De las 374 bodegas inscritas en la DO (4 de ellas extremeñas) y 214 empresas elaboradoras, según los datos de la propia página web de la DO, donde se añade que su principal función «es orientar, vigilar y controlar la producción, elaboración y calidad de los vinos amparados».
Fuente ElMundo.es
