lunes, 22 junio
Ambas organizaciones agrarias consideran que no se avanza en normativas importantes como la Ley de Estructuras o la Ley de l’Horta, entre otras, como le han hecho saber Carles Peris y Cristóbal Aguado en la reunión celebrada hoy
Continuando con la unidad de acción, este viernes se concentran en las puertas de la Conselleria de Agricultura por la crisis de la cebolla y la patata
Requena ( 22/06/20)
LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders y la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) han solicitado hoy de forma conjunta a la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, una mayor interlocución efectiva y que les sean consultadas, en tiempo y forma, todas las normativas agrarias y medioambientales antes de ser publicadas para que no ocurra como ha sucedido por ejemplo con las ayudas por la COVID-19. Así se lo han hecho saber los máximos dirigentes de ambas organizaciones, Carles Peris y Cristóbal Aguado, respectivamente en el transcurso de una reunión celebrada hoy.
En relación con la Ley de Estructuras Agrarias, AVA-ASAJA y LA UNIÓ han trasladado a Mollà que “si no está previsto ponerla en marcha ni dotarla de un presupuesto suficiente, que la deroguen y no hagan perder más el tiempo a los agricultores pues las expectativas iniciales se van truncando con el paso de los meses”.
Idéntico resultado a juicio de LA UNIÓ y AVA se produce con la Ley de l’Horta en la que ambas organizaciones tenían puestas esperanzas de que supusiera una hoja de ruta por fin para garantizar la viabilidad y rentabilidad de este espacio único y singular. Sin embargo, a las primeras de cambio, uno de los instrumentos para lograrlo, el Consell de l’Horta, se ha convertido “en una estafa y no sirve para nada porque las organizaciones agrarias no somos mayoría y las decisiones al final las tomarán las Administraciones Públicas”.
Sobre las medidas paliativas y preventivas ante los daños por la fauna salvaje, ambas organizaciones agrarias afirman que “están hartas de tantas palabras y promesas y que quieren hechos ya”. Tras cinco años sufriendo los efectos de la fauna sin ninguna medida eficaz, confían en que el nuevo Director General de Medio Natural, Benjamín Pérez, cambie la política realizada hasta la fecha o estudiarán posibles movilizaciones al respecto.
LA UNIÓ y AVA creen así mismo que hace falta una Ley por un Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) donde el sector productor sea una parte clave del Consejo Rector y no esté formado por organizaciones sectoriales y no agrarias. Este instituto tiene que ser capaz de solucionar los problemas e investigar para hacer rentable y competitiva la actividad agraria valenciana.
Sobre el recientemente anunciado grupo de trabajo de costes de producción por parte de la consellera Mireia Mollà, las dos organizaciones agrarias reclaman agilizar los trabajos e informar de su evolución para una vez analizado el coste de cada cultivo ver si se ajusta a la realidad.
En cuanto a la inspección en los puntos de venta demandan AVA y LA UNIÓ a la Conselleria de Agricultura una mayor coordinación con la Dirección General de Consumo y Comercio para que haya un cuerpo de inspectores especializados en productos agrarios. “El trabajo de inspección ni lo podemos ni lo debemos de hacer las organizaciones agrarias, si quieren que lo hagamos que nos faciliten recursos para hacerlo”, aseveran.
Concentración el próximo viernes
Dentro de este contexto de unidad de acción entre las dos organizaciones más representativas de la Comunitat Valenciana se enmarca la concentración prevista para el próximo viernes 26 de junio, desde las 10,30 horas, ante las puertas de la Conselleria de Agricultura por la crisis de precios en la cebolla y la patata.
Ambas organizaciones agrarias denunciarán así la falta de apoyo por parte de las administraciones ante una temporada marcada por la entrada de importaciones de hortalizas originarias del hemisferio sur justo al inicio de la recolección, por el cierre del canal Horeca y los mercados de proximidad derivado del Covid-19 y por el consecuente hundimiento de los precios ofrecidos a los agricultores (hasta 0,06-0,13 euros por kilo, menos del 60% respecto a las cifras percibidas la campaña anterior).
