LA UNIÓ rechaza la obligación de registrar de forma electrónica los tratamientos fitosanitarios a partir de 2026 por suponer una mayor burocracia innecesaria para los agricultores

Valencia (03/03/25)- LA UNIÓ

La obligación por parte del Ministerio de Agricultura de registrar de forma electrónica los tratamientos fitosanitarios a partir del 1 de enero de 2026 supone una carga administrativa adicional e innecesaria para los agricultores, según denuncia la Unión Labradora y Ganadera. Ante esta situación, ya trasladó su preocupación a través de un escrito dirigido al ministro de Agricultura, Luis Planas, y en una reunión con la Secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García.

La organización agraria considera que actualmente la administración dispone ya de la información necesaria para el control del uso de productos fitosanitarios gracias a la interconexión de registros a través del Sistema de Información de Explotaciones Agrícolas (SIEX). Este sistema incluye ya el:

• Registro Electrónico de Transacciones y Operaciones (RETO) que permite conocer en tiempo real las compras de productos fitosanitarios por parte de los agricultores.
• Registro Oficial de Productores y Operadores de Medios de Defensa Fitosanitaria (ROPO) que garantiza que los agricultores que compran y aplican fitosanitarios están formados y cuentan con la habilitación necesaria.
• Registro de Explotaciones Agrarias (REA) que contiene toda la información sobre las explotaciones agrarias, permitiendo vincular la compra de fitosanitarios con la superficie y cultivos declarados.
• Cuaderno de Explotación que desde 2013 exige a los agricultores registrar las aplicaciones de fitosanitarios.

Además, existen asimismo certificaciones privadas como GlobalGAP que imponen requisitos estrictos sobre el uso de fitosanitarios para garantizar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad, complementando los controles administrativos.

LA UNIÓ señala que dado que la administración ya dispone de toda esta información, el nuevo registro obligatorio “supone una duplicidad de datos y un aumento injustificado de la burocracia, sin una mejora real en la trazabilidad ni en la seguridad alimentaria. Además, esa medida ha sido impuesta sin haber cuantificado su impacto en el sector agrario”.