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  • LA UNIÓ de Llauradors y la Unión de Extremadura presentan un recurso contra la normativa del MAPA que limita la autorización de nuevas hectáreas de uva para cava
  • El recurso se basa  en la NO existencia de un acuerdo previo entre las partes representativas relevantes de la zona geográfica para establecer esas limitaciones , como es el caso de Requena y Almendralejo.

Requena ( 22/0/21) Fuente La Unió

Las asociaciones  de la Unión de Uniones, LA UNIÓ de Llauradors de la Comunitat Valenciana y la Unión de Extremadura, han presentado un recurso contra la limitación del Ministerio de Agricultura (MAPA) para autorizar nuevas plantaciones de uva para la Denominación de Origen Protegida (DOP) Cava y piden que se anule la normativa, ya que perjudica a las zonas productoras de Requena y Almendralejo.

La Resolución de 26 de marzo de 2021, que según las dos organizaciones recurrentes vulnera la normativa estatal y comunitaria, establece la superficie para autorizaciones de nueva plantación en la zona geográfica delimitada por la DOP Cava en como máximo 0,1 hectáreas para los años 2020, 2021 y 2022.

En el recurso exponen que “el art. 65 del Reglamento comunitario es claro, inequívoco y de directa aplicación general y exige, para el acogimiento y ponderación de las recomendaciones de las organizaciones y denominaciones, que vayan necesariamente precedidas del acuerdo concluido con las partes representativas relevantes en la zona geográfica de que se trate».  De tal modo, al parecer de los recurrentes, “no se puede considerar que exista el Acuerdo Previo que legitime al Consejo Regulador para presentar sus recomendaciones de limitar la superficie”.

Además, no solo lesiona el procedimiento, sino que atenta contra la unidad del mercado interior, contra la libre competencia y desprecia los principios en que aquel se basa, máxime dado que la atribución de hectáreas a ampliar no depende de una distribución equitativa, sino de la prioridad en el registro de la solicitud.

Igualmente afecta, de acuerdo con estas organizaciones, al derecho originario comunitario de plena aplicación en España que establece, como objetivo primordial de la PAC, «garantizar así un nivel de vida equitativo a la población agrícola, en especial, mediante el aumento de la renta individual de los que trabajan en la agricultura”.

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