lunes, 25 noviembre
lunes, 15 marzo
Requena (15/03/21)
LA UNIÓ de Llauradors alerta del peligro de la expansión de la plaga de la avispilla del almendro que, según un estudio que han elaborado los servicios técnicos de la organización, afecta a unas 51.000 hectáreas de cultivo, el 55% de la superficie de la Comunitat Valenciana, causando ya hasta la fecha unas pérdidas de alrededor de 4 millones de euros. LA UNIÓ destaca que unos 3,1 millones de euros corresponderían a pérdidas directas en producción y los restantes 900.000 euros al aumento de los gastos fitosanitarios necesarios para minimizar los daños.
Esta plaga, considerada como una de las más importantes que afectan al almendro, está presente ya en todos los países mediterráneos, extendiéndose de este a oeste. En Francia se detectó por primera vez en 1981, mientras que la primera detección en territorio español es de julio de 2010 en Castilla-La Mancha, en la zona de la Manchuela. Desde entonces su expansión ha sido imparable: en 2015 llegó a Aragón, en 2016 a la Comunitat Valenciana, en 2018 en Murcia y en 2019 en Catalunya. En la Comunitat Valenciana la avispilla se detectó por primera vez en las comarcas del Valle de Ayora-Cofrentes y Requena-Utiel, limítrofes con la provincia de Albacete donde se había detectado en 2010. En estos momentos su presencia se sitúa ya en las comarcas alicantinas del Alto Vinalopó, Vinalopó Medio, l’Alacantí, Marina Baixa, l’Alcoià; en la castellonense del Alto Palancia; y en las de Valencia: Hoya de Buñol, Ribera Alta, Vall d’Albaida, y los términos municipales de Moixent y la Font de la Figuera, en la comarca de la Costera.
Castilla-La Mancha es la comunidad más afectada en España con el 40% del total de almendros afectados, seguida de la Comunitat Valenciana con el 26%, Aragón con el 18%, Murcia con el 14% y Catalunya, con el 2%.
Dificultad en detectar el inicio de la plaga
La Eurytoma amigdali es una avispilla de color negro de unos 7-8 mm de longitud. Las larvas son de color blanco al principio y van cambiando a grisáceo. La oruga pasa el verano y el invierno en el interior de la almendra, alimentándose de ella hasta que, tras crisalidar, sale al exterior en condiciones normales entre mediados de marzo y principios de abril.
Los frutos afectados, con la larva en su interior, permanecen en el árbol tras la recolección con un aspecto deshidratado, grisáceo y de menor tamaño que los frutos sanos. Estos síntomas son fácilmente detectables. Es muy importante, con el objetivo de reducir la siguiente generación y aprovechando su fácil detección, retirar, antes del comienzo de la brotación, todas las almendras afectadas y destruirlas, evitando de esa forma que las larvas se transformen en adultos en primavera.
El seguimiento de la plaga, debido a la ausencia de una feromona que permita conocer con exactitud el ciclo biológico, es muy complicado, por lo que, en la actualidad, los estudios se centran en detectar con la mayor precisión posible el comienzo de la emergencia de los primeros adultos.
El cálculo del momento exacto es trascendental ya que el periodo del tratamiento fitosanitario es muy corto y se ha de actuar antes de que las hembras hagan la puesta, ya que la realizan rápidamente después de emerger.
El gran peligro de esta plaga, según remarca el responsable del sector de frutos secos de LA UNIÓ, Ricardo Beltrán, es precisamente la falta de coordinación y el hecho de que no sirve solo con el tratamiento y control de forma individual. “Si mi vecino de parcela tiene los almendros abandonados o no actúa ante la avispilla, de nada sirve mi esfuerzo y las inversiones que haga en tratamientos. Por ello es muy importante eliminar los almendros afectados de los campos abandonados y también de las cunetas de las carreteras”, señala Beltrán.
La UNIÓ reclama a corto plazo, mientras no se logre el control y la minimización de daños, un paquete de ayudas directas a los productores afectados que compensen las pérdidas económicas provocadas por una plaga foránea.
Asimismo también plantea a las distintas Administraciones que coordinen un plan de actuación conjunta que permita el control, la disminución de daños y evite su expansión mediante una serie de actuaciones como el cumplimiento de la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal que establece la obligación de los particulares de vigilar el estado fitosanitario de sus cultivos, así como la mejora de los protocolos de actuación para el control en las zonas afectadas y un incremento del presupuesto para líneas de investigación de soluciones biotecnológicas.
