lunes, 25 noviembre
martes, 14 abril
Requena (14/04/20) Caixa Popular
Seguros RGA, la aseguradora de Caixa Popular, se ha adherido a esta excelente iniciativa sectorial que ha constituido la póliza colectiva que protege al personal sanitario que lucha contra el coronavirus en España. Entre todas las entidades han aportado más de 37 millones de euros para construir un fondo solidario.
Con este dinero, la patronal de seguro (UNESPA) suscribirá un seguro de vida colectivo que servirá para cubrir el fallecimiento por causa directa de la Covid-19 de quienes cuidan la salud de todos los ciudadanos en esta crisis sanitaria, así como un subsidio para los que resulten hospitalizados por haber contraído el virus.
El colectivo de profesionales que son susceptibles de ser favorecidos por este seguro de vida colectivo lo componen los médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería, celadores o personal de ambulancias que forman parte del sistema de Salud y se encuentran involucrados directamente en la lucha contra la pandemia.
“Esta crisis está sacando lo mejor de todos nosotros”, destaca Pablo González de Castejón, director general de Seguros RGA. “En el Grupo Caja Rural, integrado por cooperativas de crédito, siempre hemos apostado por la colaboración. Esta póliza colectiva a la que todos sumamos es un ejemplo del valor de la cooperación y de la suma de esfuerzos. Para Seguros RGA es un honor formar parte de esta iniciativa que protege a quienes nos cuidan en hospitales, centros de salud y residencias, a quienes están en la primera línea para enfrentar la pandemia”.
El capital asegurado en caso de fallecimiento por causa directa del virus asciende a 30.000 euros por persona, un dinero que recibirán los herederos legales del asegurado. En cuanto al subsidio de hospitalización, supondrá el pago de 100 euros al día a cada sanitario enfermo, siempre que su ingreso hospitalario supere los tres días, y hasta un máximo de dos semanas. Eso quiere decir que los pagos oscilarán entre los 400 y los 1.400 euros por persona. La protección tendrá una vigencia de seis meses, a contar desde el inicio del estado de alarma, que el Gobierno decretó el pasado 14 de marzo.
