sábado, 18 mayo
lunes, 27 octubre
Fuente elmundo.es
I. PÉREZValencia
El sargento primero de la Guardia Civil que ejercía la comandancia en Cheste, actualmente suspendido por el Cuerpo tras imputarle delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo y pertenencia a organización criminal, ha presentado una querella contra la cúpula del instituto armado por descubrimiento de secretos, admitida a trámite por el juzgado de primera instancia e instrucción nº4 de Requena.
El demandante, J.J. Moreno, fue encarcelado en abril de este año en la prisión de Albocàsser, en régimen de aislamiento por su condición de funcionario, y tres meses y medio después fue puesto en libertad, previo pago de una fianza de 10.000 euros, en un auto que dice que «sus alegaciones han desvirtuado aquellas que se tuvieron en cuenta para dictar la resolución en la que se acuerda la prisión provisional».
El sargento primero, licenciado en Derecho, estuvo preparando entre rejas su propia defensa, que ha ido avanzando tras su puesta en libertad, junto al abogado Serafín Pons, quien en respuesta a las «numerosas irregularidades» del proceso ha extendido las quejas al CGPJ, denunciando la actuación de la titular del juzgado nº3 de Requena, y al Tribunal de Estrasburgo -con fecha de entrada 23 de octubre de 2014-, por «rechazar el Habeas Corpus el día después de la detención». La querella presentada contra la cúpula de la Guardia Civil incluye, entre otros responsables, al director general del Instituto Armado, Arsenio de Mesa y al general jefe de la 6ª Zona de la Guardia Civil de Valencia, Fernando Soler Santafé.
Todo empezó en 2003, cuando la investigación encabezada por el sargento Moreno llevó ante la justicia al entonces capitán de la Guardia Civil de la Pobla de Vallbona, por supuestos delitos contra los derechos de los trabajadores, falsificación y prostitución en el caso del Club Mundo Azul, en el que se investigaba la presunta corrupción de menores. «Las testigos principales nunca llegaron a aparecer», apunta el sargento, y el caso fue archivado sin poderse demostrar la connivencia de los dos agentes, uno de ellos el capitán, con el dueño del prostíbulo. «Al capitán lo apartaron un tiempo, pero después del expediente estuvo unos años en la Policía Local de Valencia y actualmente ha vuelto a la Guardia Civil como agregado en la Embajada de Rumanía», asegura el querellante.
‘Quitarme de en medio’
El sargento Moreno, en tratamiento psiquiátrico, continúa con su relato de los hechos, que en paralelo al episodio del Mundo Azul, tras el que quedó «marcado» dentro del Cuerpo, registró otras historias reseñables para tratar de entender la «persecución» que denuncia. Llegó a tierras valencianas a mediados de los noventa, aunque pasó algún intervalo en otros destinos como la localidad navarra de Estella, donde con 23 años vivió el atentado de ETA contra la comandancia de la Guardia Civil. Su esposa regentaba dos locales de restauración y ocio en cuyo capital participaba el sargento, que desató las «envidias» en la zona de Chiva y Cheste, por donde más se movía. «Muchos no soportaban verme con un Porsche», confiesa.
En ese contexto fue víctima de la «trampa» que le acabó poniendo en el disparadero. La declaración de un «traficante» bastó para que Asuntos Internos le acusara de trapichear con droga y el tema acabó en el juzgado «de la mujer del cabo primero de Requena», que le imputó varios delitos, curiosamente ninguno de ellos contra la salud pública. «En ocasiones, la Guardia Civil deja algunos casos o expedientes abiertos por lo que pueda pasar, por si les interesa incluir a algún agente que moleste, como era mi caso», denuncia el sargento, que explica la secuencia de su presunto delito: «un día entré en el pub que teníamos y me encontré a dos tipos que no dejaban de ir al baño de mujeres. Tiré la puerta y los sorprendí haciéndose rayas. Intervine la mercancía y los DNI y, al salir corriendo del local, llamé a una patrulla para que los parara. Les comuniqué que los iba a denunciar y llamé a los agentes de tráfico para que les hiciera la prueba de conducción bajo el consumo de estupefacientes. Esa fue mi relación con ellos, uno de los cuales declaró a Asuntos Internos que yo trapicheaba con un camello apodado el Chino». Y añade: «no sería yo muy listo, si fuera verdad la acusación, habiendo montado la que monté para detenerlos. Para ellos, es difícil investigarme porque dicen que tengo una inteligencia superior».
Ese fue el germen de su detención, después le atribuyeron su «relación con una banda de traficantes de obras de arte». «Cualquier cosa valía para quitarme de en medio; me acusaron de robar unas puertas por las que pagué 1.000 euros a un conocido y de blanquear 47.000 euros que puse en la cuenta de mi hijo cuando me los devolvió Hacienda». Asuntos Internos «llevó todo a los medios» mientras el sargento era tratado «como un delincuente». Hoy está en libertad y trata de defenderse acusando a sus superiores de «revelar secretos» a la prensa cuando el caso estaba bajo secreto de sumario. Entretanto, Asuntos Internos «sigue investigando» al sargento Moreno pese a que «el caso está judicializado».
LAS IRREGULARIDADES DEL PROCESO
Cuatro folios con la declaración de un «traficante» bastaron a Asuntos Internos para llevar al ex sargento de Cheste ante la titular del Juzgado nº3 de Requena. Fue en 2012, y tras implicar al sargento en «trapicheos» con cocaína, éste resultó imputado por tráfico de drogas, estafa, pertenencia a organización criminal, falsedad documental y blanqueo de capitales. No se le comunicó la apertura de diligencias. Luego se retiraría la acusación por tráfico de drogas.
Antes de que el Cuerpo le expedientara, el sargento Moreno estuvo de baja a causa de la diabetes que padece. Al conocer las acusaciones, él y su abogado, Serafín Pons, trataron de que les explicaran, «sin éxito», dónde estaba el origen del presunto blanqueo; qué documentos habían sido falsificados y a quién estafó supuestamente el sargento. No hubo respuesta.
El abogado del querellante cree que la fianza fijada por la juez para la puesta en libertad, después de ser encarcelado por los presuntos delitos referidos en el primer punto, era «desproporcionada», pues los 10.000 euros no se correspondían con sus ingresos, de 500 euros al mes por aquel entonces. En cuanto al secreto de sumario, la juez se amparó en él para no entregar la pieza de información personal, pero lo cierto es que lo decretó después, el 31 de marzo de 2014.
En mayo de 2014, relata el letrado, presentaron la recusación a la juez de Requena al entender que no era la más indicada para instruir el caso, siendo cónyuge del cabo primero encargado del Área de Investigación e Información en Requena. «La juez tenía la obligación de responder y trasladar el asunto a la Audiencia Provincial, pero no hizo ni una cosa ni otra».
El sargento y su abogado demandaron igualmente la declinatoria al entender que la juez «no era competente» en este caso, cuyos hechos recogidos en el escrito de imputación «se desarrollaron entre Lliria y Madrid y no en el partido judicial de Requena». Uno de los delitos imputados era la pertenencia a una banda que se dedicaba al tráfico de obras de arte, «a cuyos miembros presentó el sargento varias querellas», según el abogado. Por otro lado, el Habeas Corpus se pidió para que el juez explicara las acusaciones y no se concedió.
