El PSOE presenta una moción contra la «violencia de género»

Propuesta de resolución con motivo internacional contra la violencia de género 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El próximo 28 de diciembre se cumplirán diez años de la aprobación por el Pleno del Congreso de los Diputados de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. La popularmente conocida como Ley Integral ha supuesto un revulsivo respecto a la violencia de género en todos sus aspectos y se ha consolidado como modelo internacional.

De hecho, el pasado 15 de octubre, España recibió en Ginebra una de las menciones de honor del Premio de Políticas de Futuro (Future Policy Award 2014) que las instituciones ONU Mujeres, World Future Council y la Unión Interparlamentaria conceden a las mejores leyes y políticas del mundo que persigan poner fin a la violencia ejercida contra las mujeres y las niñas.

Las tres instituciones han considerado que la legislación española, en concreto la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, es una de las más importantes y eficaces normas para combatir y erradicar la violencia sexista en todo el mundo. Una violencia que califican como una de las formas más generalizadas de abuso contra los derechos humanos.

Los diez años de andadura de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género han servido para desmontar totalmente algún prejuicio de los detractores de esta lucha, como eran las llamadas “denuncias falsas”. La última Memoria de la Fiscalía General del Estado despeja cualquier duda al respecto afirmando que “El escaso porcentaje de causas incoadas cada año por delito de acusación o denuncia falsa… supone un 0,018%, suficientemente elocuente para rebatir las voces que se alzan en torno a la prevalencia de las “denuncias falsas” en materia de violencia sobre la mujer.”

Y el balance de la aplicación de las medidas ya desarrolladas de esta Ley Integral demuestra la necesidad de mantener un amplio consenso social y político, y de culminar su desarrollo.

Sin embargo, a pesar de la utilidad y del reconocimiento internacional recibido por la Ley Integral, las mujeres continúan sufriendo violencia de género y el número de asesinatos, lejos de disminuir, aumenta. Solo durante el mes de agosto, ocho mujeres fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas, la cifra más elevada de los últimos cuatro años.

Frente a esta realidad, la ley Integral está amenazada por el Gobierno del PP y sus continuos recortes presupuestarios en materia de igualdad en general (33% en esta legislatura) y de violencia de género en particular (22% desde la llegada al Gobierno del PP). Una ley amenazada también por las sucesivas reformas legislativas que atentan contra su espíritu y buena parte de su articulado como la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, denominada popularmente como Ley Wert o la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, por poner solo dos ejemplos.

Así, la Ley de Reforma Local, no consensuada con los partidos de la oposición e impuesta por el Gobierno del PP, ha calificado como impropias las competencias que los Ayuntamientos y las Entidades Locales venían ejerciendo en Igualdad y Violencia de Género, alejando de esta manera los servicios públicos de la atención de las mujeres y suprimiendo la labor de detección, denuncia y apoyo específico, que realizaban los servicios sociales municipales.

El Gobierno del PP está poniendo a la sociedad española en una encrucijada muy peligrosa, no solo porque está desmantelando sistemáticamente la lucha contra la violencia de género a base de recortes, sino porque está atacando sus cimientos ideológicos, legales y simbólicos.

La Ley Integral está amenazada por la irresponsabilidad de un gobierno central que ha hecho desaparecer el principio de igualdad del discurso político y la violencia de género de sus prioridades.

Por todas estas razones, se hace necesario redoblar los esfuerzos contra la violencia de género, volver a colocarla como prioridad política y exigir que se restituya el sistema de protección para las mujeres víctimas y todos los recursos y medidas que se han ido desmantelando en los últimos años.

Cuando el 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres, la ONU invitó a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a realizar actividades dirigidas a sensibilizar a la ciudadanía respecto a la violencia de género en este día de conmemoración internacional.

Por todo ello, y porque la tolerancia cero a la violencia contra las mujeres debe ser un valor de la sociedad en su conjunto y, para poder ser eficaz, llevarse a cabo también desde la administración más cercana a la ciudadanía, elevamos al Pleno la adopción de los siguientes

ACUERDOS
1.- Este Ayuntamiento dedica un sentido y doloroso recuerdo a la memoria de todas las mujeres asesinadas por violencia de género y expresa sus condolencias a sus familias y amistades.

2.- Así mismo, manifiesta su repulsa a todas las manifestaciones de dicha violencia, redobla su compromiso con las víctimas y declara la tolerancia cero con los maltratadores.

3.- Este Ayuntamiento se compromete a no reducir ni recursos, ni servicios, ni presupuestos para combatir la Violencia de Género así como a:

a)      Impulsar desde el ámbito local la sensibilización sobre la violencia de género, la detección y apoyo a las víctimas y sus hijos e hijas menores.

b)      Impulsar la aplicación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género en coordinación con todos los poderes públicos, tanto locales como autonómicos y estatales.

c)      Reclamar que los Ayuntamientos y entes locales recuperen expresamente las competencias en Igualdad y Violencia de género, con la consiguiente dotación presupuestaria suficiente, igual que el resto de las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, con el objeto de aplicar en su integridad y de forma eficaz la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

4.- Este Ayuntamiento exige al Gobierno estatal que:

a)      Adopte todas las medidas que permitan la aplicación efectiva y el desarrollo de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

b)      Reponga los fondos presupuestarios recortados

c)      Desarrolle el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género.

d)     Impulse la implantación de los medios telemáticos y evalúe esa implantación en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial.

e)      Revise y evalúe los protocolos de coordinación actuales para aumentar su eficiencia y garantizar su aplicación en todo el territorio.

f)       Impulse, junto con las Comunidades Autónomas, la finalización de la implantación de las unidades de valoración integral de violencia de género en todo el territorio.

g)      Avance en una mayor formación y especialización de todos los profesionales que intervienen frente a esta violencia y garantice que cualquier modificación que se lleve a cabo en las estructuras desarrolladas para perseguir esta violencia no pierda la especialización.

h)      Garantice el cumplimiento del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, conocido como el Convenio de Estambul.

i)        Realice las reformas en el Código Penal, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el Código Civil, en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, con objetivo de hacer más efectiva la protección y la tutela penal de la seguridad de los hijos e hijas menores que padecen la violencia de género en su núcleo familiar, aseguren el pronunciamiento expreso del Juez respecto de la necesidad de adoptar medidas específicas sobre el régimen de custodia, visitas, cuidado y educación de los hijos e hijas, procurando su mayor seguridad y atención, así como las medidas provisionales concretas, incluyendo otras medidas de asistencia y protección social integral.

5.    Remita este acuerdo a la Comisión de Igualdad de las Cortes Generales