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Adelo Montés Diana, Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Requena, presenta al Pleno de la Corporación, para su aprobación, la siguiente Moción contra el proyecto de ley del Aborto del gobierno de Rajoy
Exposición de Motivos

El gobierno de Mariano Rajoy ha aprobado, en el Consejo de Ministros del pasado viernes 20 de diciembre, la Ley del Aborto más restrictiva de nuestra democracia. Una ley en la que se plantea que interrumpir el embarazo volverá a ser un delito que solo queda despenalizado en ciertos supuestos, supuestos que son más reducidos que los de la Ley de 1985.

Es una reforma que supone un retroceso de más de 30 años, y convierte a España en uno de los países europeos con más restricciones, después de haber tenido en los últimos años una de las leyes de referencia en toda Europa.
Un retroceso que responde a la ideología más conservadora y retrógrada de nuestro país, y para la que el gobierno del Partido Popular no ha contado con la opinión ni la aportación de los sectores sociales y profesionales más directamente implicados en este tema.

Con los presupuestos de esta Ley, retrocedemos a etapas anteriores a los años ochenta, etapas de hipocresía e inseguridad jurídica, que forzaba a las mujeres a comprar el derecho al aborto fuera de nuestras fronteras, si su situación económica se lo permitía, o a arriesgar su salud y su vida con prácticas cruentas e inseguras

Ni siquiera la presencia de malformaciones fetales gravísimas será motivo de aborto. Aún con el tremendo sufrimiento que estos casos suponen para las familias, tal como pone de manifiesto el neurocirujano infantil Javier Esparza, uno de los directores médicos de su especialidad más reconocidos de España, y que alerta sobre las terribles consecuencias humanas de prohibir el aborto en casos de malformación grave del feto. Esparza expone desde su experiencia los sufrimientos que padecen los niños afectados por malformaciones congénitas del sistema nervioso, como la hidrocefalia congénita o la espina bífida abierta.

Y a todo esto le unimos los graves recortes que el gobierno viene aplicando en los últimos dos años para la aplicación de la Ley de Dependencia, y que están suponiendo rebajar drásticamente las ayudas a las familias. Es decir, el gobierno obliga a llevar adelante estos embarazos, apelando al “derecho a la vida” Pero, ¿de qué vida estamos hablando, cuando el Gobierno elude su responsabilidad de atender las necesidades de estas familias, al obligar, con los recortes en Sanidad, al repago de los medicamentos y al recortar los servicios y prestaciones de la Ley de Dependencia?

Pero el gobierno olvida un dato importante: las leyes restrictivas no reducen el número de abortos. Así lo demostró el año pasado un estudio de la Organización Mundial de la Salud, cuyas conclusiones son claras: Criminalizar el aborto es una política tan inútil como cruel, que solo sirve para aumentar el número de mujeres que se van a jugar la vida para poder decidir sobre su maternidad. Los países donde más se aborta son, precisamente, aquellos donde las leyes son más duras, mientras que ignoran que la verdadera solución al problema pasa por la educación sexual y las políticas de planificación familiar.

Queremos recordar aquí que el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas es un derecho humano fundamental, aprobado en el año 1995 por las Naciones Unidas en la Conferencia de Beijing.

Así mismo, también conviene recordar que en Marzo de este mismo año, la ministra de Sanidad e Igualdad, Ana Mato, asistió a la 57 sesión de la Comisión para la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas en Nueva York, y allí se comprometió con la siguiente conclusión convenida y aprobada en esta cumbre: “ promover y proteger el derecho de la mujer a tener control y a decidir con libertad y responsabilidad sobre cuestiones relacionadas con su sexualidad, entre ellas la salud sexual y reproductiva, sin coerción, discriminación ni violencia, y aprobar y acelerar la aplicación de leyes, políticas y programas que protejan y permitan el disfrute de todos los derechos reproductivos”, aludiendo a los programas aprobados en las Conferencias de El Cairo y Beijing.

Además, en el mes de septiembre el Gobierno envió al Comité de La ONU para la Eliminación de la Discriminación de la mujer, y a requerimiento de la Relatora Especial del CEDAW que pidió más información sobre las medidas concretas para implementar la estrategia nacional sobre la salud sexual y reproductiva, un informe sobre las medidas para fomentar la Igualdad en España. En ese informe se cita y defiende la actual ley de plazos que va a derogar como una norma que mejora el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva.

Esa ley a la que hace referencia el informe del gobierno de Rajoy, es la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, aprobada en el Parlamento español en el año 2010, con el gobierno del presidente Rodríguez Zapatero. Ley que surgió de la necesidad evidente de corregir la inseguridad jurídica que representaba la despenalización de supuestos delitos de aborto, y que se suma así a la práctica totalidad de países europeos que mediante una ley de plazos respetan el derecho a decidir de las mujeres.

Una ley, que contrariamente a la que pretende aprobar ahora el gobierno del Partido Popular, se elaboró a partir de un proceso de diálogo en el que participaron personas expertas de todos los ámbitos implicados (asociaciones feministas, profesionales sanitarios, juristas, del ámbito de la universidad, del campo de la bioética, y también asociaciones contrarias al derecho a decidir). Se escuchó a todo el que tenía algo de decir, a favor o en contra. Se buscó el consenso con todos los grupos políticos, y salió fortalecida en el proceso de tramitación de la ley, en el que participaron todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP y Unió.

Con la Ley de 2010 se alcanzó un gran consenso que hizo posible un ley a la europea, que sacaba del código penal el aborto como delito y reconocía el derecho a decidir de las mujeres. Pero que además hablaba de una cuestión fundamental, y que ahora desaparece también, como es la prevención de embarazos no deseados y de enfermedades de transmisión sexual.

Después de dos años de vigencia sin que se haya revelado ningún fraude de ley, sin que se hayan producido abusos ni alarma social, sin un aumento del número de abortos en España, Gallardón materializa la amenaza de eliminar el derecho a decidir de las mujeres sobre su propia maternidad, bajo la idea de que las mujeres no pueden decidir pues son víctimas. Y deben pedir permiso, para que decidan terceros a los que se les otorga la autoridad sobre sus cuerpos y sus vidas.

La nueva Ley del Aborto solo sirve para provocar sufrimiento inútil a miles de mujeres en nuestro país, que se verán obligadas a pasar por un calvario administrativo que puede que no logren superar, además del drama que ya supone tener que abortar. Es el mayor retroceso en los derechos y libertades de las mujeres en la historia de nuestra democracia.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Requena, solicita la adopción de los siguientes

ACUERDOS

1º- Solicitar al Gobierno Central presidido por Mariano Rajoy la inmediata retirada de la propuesta de Ley del Aborto

2º- Comunicar el presente acuerdo al Consejo de Ministros y a las Cortes Generales para su conocimiento y consideración.
En Requena, a 2 de Enero de 2014

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