lunes, 25 noviembre
jueves, 10 agosto
Requena (10/08/17) PP Requena
Las especies exóticas invasoras son una de las principales causas de pérdida de diversidad biológica en el mundo, como lo atestiguan las medidas desarrolladas en el ámbito del Convenio de Diversidad Biológica y en las estrategias y reglamentos desarrollados por la UE.
Para España, con su rica y variada biodiversidad, y también por su situación biogeográfica, éste ha sido y es un problema de primer orden, tanto desde el punto de vista biológico como económico. Por ello, esta cuestión ha sido abordada tanto en la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, como en los Reales Decretos desarrollados por el Gobierno y en las disposiciones adoptadas por las CCAA.
La Sentencia del Supremo de 16 de Marzo de 2016, tras el recurso de varias organizaciones ecologistas, anuló varios preceptos del Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el catálogo español de exóticas invasoras y estableció la inclusión de algunas especies en dicho catálogo, especialmente algunas especies de peces fluviales, como la trucha arco iris, la carpa, el lucio y el cangrejo rojo y el arruí que es objeto de caza principalmente en Murcia.
La modificación operada por dicha Sentencia ha generado una gran preocupación por sus efectos económicos y sociales ya que, además de implicar la prohibición genérica de posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos de varias especies que son objeto de aprovechamiento piscícola o cinegético, supone la imposibilidad de la práctica de caza y pesca deportivas de las especies catalogadas, salvo en el marco de campañas de lucha y erradicación de las mismas.
Esto ha supuesto un impacto económico negativo para los municipios rurales en los que estas actividades deportivas, turísticas y de ocio se llevan a cabo, especialmente en comarcas en las que el turismo relacionado con estas actividades constituye uno de sus principales ingresos.
Como consecuencia de la Sentencia mencionada, el Congreso de los Diputados aprobó el 14 de febrero y por amplia mayoría (Partido Popular, PSOE y Ciudadanos) una Proposición no de Ley para la modificación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Sin embargo, el Pleno del Congreso acaba de rechazar 21 de junio, la toma en consideración de la Proposición de Ley que el Grupo Parlamentario Popular había presentado para proceder a dicha modificación legal.
Cuando la finalidad pretendida no es otra que la de encontrar una solución que compatibilice la protección del medio ambiente de conformidad con la Sentencia del Tribunal Supremo, con la actividad y el empleo de los sectores cinegético y piscícola, en aquellas áreas en las que las especies exóticas invasoras no supongan un problema ambiental. Un asunto especialmente sensible para las Comunidades Autónomas, como administraciones directamente responsables de la gestión de estas especies y de la regulación de la actividad cinegética y piscícola, para los Municipios por la fuente de riqueza local que genera esta actividad y para la seguridad jurídica de los sectores afectados.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular presenta al Pleno del Ayuntamiento de Requena las siguientes:
PROPUESTAS DE ACUERDO
PRIMERO.- Expresar el máximo apoyo a la lucha contra las especies exóticas invasoras y su adecuada gestión con el desarrollo socioeconómico sostenible de nuestro municipio y en solidaridad con todos los municipios afectados.
SEGUNDO.- Instar al Congreso de los Diputados a tomar en consideración la modificación de la Ley 42/2007 y buscar las soluciones que hagan compatibles la protección del medio ambiente con la protección de la actividad y el empleo de sectores cinegéticos, piscícola y demás sectores relacionados, de especial incidencia en el mundo rural.
TERCERO.- Dar traslado de estos acuerdos a los Portavoces Parlamentarios de Congreso y Senado, así como a los Portavoces Parlamentarios de la Cámara Autonómica.
Junto con la transparencia de las administraciones públicas es necesario destacar la necesidad de mejora de estas en cuando a modernización y eficiencia se refiere, la asignatura pendiente de las instituciones y de este Ayuntamiento la podemos situar en la modernización y la eficiencia de la Administración. En pleno siglo XXI, la necesidad de la existencia de un mayor nivel de Administración Electrónica no se hace necesario, sino que es incluso imprescindible y significaría una mayor eficiencia en cuanto a recursos.
Dentro de las labores que tienen los grupos de la oposición, la más importante de ellas es la de control y fiscalización de las actividades que lleva a cabo el gobierno, por información necesaria se podría entender toda aquella que afectara en la participación efectiva en la actuación pública que contempla una multitud de asuntos concretos entre los que cabe destacar el derecho a la fiscalización de las actuaciones municipales y el control, análisis, estudio e información de los antecedentes necesarios obrantes en los servicios del Ayuntamiento tanto para la tarea de control, como para documentarse con vistas a decisiones a adoptar en un futuro. (Jurisprudencia, STS de 9/05/98, Ar. 4844).
Las implicaciones de la entrada en vigor de la nueva Ley 2/2015, de 2 de abril de la Generalitat Valenciana, de transparencia, buen gobierno y participación ciudadana, no solo es una herramienta para el cumplimiento de lo establecido, sino que su filosofía va más allá de un derecho de los ciudadanos y ciudadanas a demandar determinada información pública o de un deber de publicidad activa de nuestras administraciones, implica un cambio en las administraciones y en las formas de llevar a cabo las diferentes acciones.
El buen gobierno, la transparencia es una es una característica que se debería presuponer a las diferentes administraciones, mientras que el control y las fiscalización por parte de la oposición es un labor fundamental para el correcto funcionamiento de una administración pública.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular presenta al Pleno del Ayuntamiento de Requena la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- El Pleno del M.I. Ayuntamiento de Requena manifiesta la necesidad que dentro de la implementación de las medidas de modernización y acceso a la administración electrónica en todos los servicios de esta administración, se facilite a todos los concejales los medios para el acceso electrónico a la contabilidad del Ayuntamiento y los organismos dependientes para consultar su estado, así como a la consulta de forma directa a los decretos firmados y la consulta del estado de tramitación de los expedientes en los casos que procesa su autorización por el Alcalde/Presidente o concejal delegado.
El pasado 27 de enero el Consell aprobó el decreto por el que se establece el modelo lingüístico educativo valenciano. Esta norma, publicada en el DOCV nº 7973/06.02.2017 ha tenido un gran rechazo por parte de la comunidad educativa y han sido 9 los recursos que se han interpuesto contra ella por parte de la sociedad civil y miembros de la comunidad educativa. Finalmente, el decreto fue suspendido por la sección 4ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por Auto de 23 de mayo de 2017 que fue confirmado por Auto de 20 de junio de 2017.
El Conseller de educación, Vicent Marzà, ha afirmado en varios medios de comunicación que piensa seguir aplicando el plurilingüismo, su modelo de plurilingüismo y, de hecho, no ha dado ninguna instrucción a los centros, ni a las familias para dar respuesta al cumplimiento de la sentencia. Esta desobediencia manifiesta a los tribunales no tiene precedentes en la Comunidad Valenciana y es una actitud que no se puede consentir en un Estado de Derecho.
Si la justicia ha suspendido la aplicación del decreto del chantaje lingüístico ha sido porque considera que se pueden producir daños irreparables al alumnado, por lo que estamos ante un tema enormemente sensible que el Consell está obviando e infringiendo la ley para anteponer sus intereses ideológicos a los intereses del alumnado.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular presenta al Pleno del Ayuntamiento de Requena las siguientes:
PROPUESTAS DE ACUERDO
PRIMERO.- Exigir la dimisión del Conseller Marzà por ser el responsable de una norma que chantajea a las familias, para imponer su doctrina catalanista, y por desobedecer los autos del TSJCV que anulan el decreto del chantaje lingüístico.
SEGUNDO.- Instar al Consell a que cumpla de inmediato el auto del 20 de junio de 2017 mediante el cual queda suspendido el decreto por el que se regula el plurilingüismo en la enseñanza no universitaria en la Comunidad Valenciana.
TERCERO.- Instar al Consell a que elabore unas instrucciones específicas sobre la normativa aplicable en la actualidad en materia de plurilingüismo, por escrito, para todos y cada uno de los miembros de la Comunidad Educativa y que sean publicadas en el DOCV.
CUARTO.- Posibilitar a las familias que han presentado su solicitud de admisión en base a los niveles del decreto 9/2017 la posibilidad de modificar dicha solicitud, si así lo desean.
Durante los más de diez años transcurridos desde la entrada en vigor de la Ley 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género (LOMPIVG), se ha producido una intensa labor de desarrollo normativo para abordar la violencia de género en todos los niveles de la Administración, incluida la Administración Local. Es de destacar en el período 2005-2015 la aprobación de sucesivos planes específicos orientados a la prevención, asistencia y protección de la violencia de género, como la vigente Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer y el II Plan Integral de Lucha contra la Trata de Mujeres y Niñas con fines de explotación sexual.
La coordinación institucional es también un factor clave para alcanzar los objetivos de la Ley y conseguir una mayor protección de las mujeres víctimas de maltrato. La coordinación se configura como uno de los medios más eficaces para erradicar estos comportamientos antisociales por cuanto sirve para reforzar la prevención, aumentar la sensibilización y la conciencia social, permitir la facilidad de la denuncia, una atención integral y personalizada de la víctima, así como el control del maltratador.
Este compromiso de trabajar conjuntamente para mejorar los sistemas de lucha contra la violencia de género y de llegar a un Pacto de Estado en esta materia está rubricado en ambas Cámaras de las Cortes Generales. Así el Senado, a raíz de la presentación de una Propuesta de Moción del Grupo Parlamentario Popular, firmada por todos los Grupos de la Cámara, ha aprobado una declaración institucional, en la sesión de la Comisión General de las Comunidades Autónomas celebrada el pasado 27 de marzo, cuyo apartado 3.2 propone textualmente:
“Revisar y reforzar los protocolos vigentes para mejorar tanto la protección de las mujeres víctimas de violencia de género y de sus hijos e hijas como la detección temprana para evitar que las agresiones puedan producirse, para lo que es necesario garantizar el mantenimiento de la red de atención directa a las víctimas en todos los nieves, especialmente en la Administración local por ser la más cercana a los ciudadanos”
El Ministerio del Interior tiene elaborado un Acuerdo de Colaboración municipal para la cooperación y colaboración de la Policía Local en el Sistema de Seguimiento Integral de las Víctimas, que se configura como un instrumento valioso para la lucha contra la violencia de género. Este Ayuntamiento no puede dejar pasar pues la oportunidad de ratificar este Acuerdo, mostrar su participación activa contra esta clase de delitos y su rechazo más absoluto a la existencia de estos crímenes de violencia machista que muchas veces se producen en la intimidad familiar donde la víctima es más débil.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular presenta al Pleno del Ayuntamiento de Requena las siguientes:
PROPUESTAS DE ACUERDOS
PRIMERO.- Incorporar al Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de Requena al “Sistema de Seguimiento Integral de los casos de violencia de género”, y aprobar el modelo de Acuerdo de Colaboración con el Ministerio del Interior.
SEGUNDO.- Iniciar la tramitación del expediente a través de la correspondientes Unidad de Coordinación o Violencia adscrita a la Subdelegaciones del Gobierno en la provincia / Delegación del Gobierno en la CC.AA, de acuerdo con la Guía de tramitación para la incorporación de la Policía Local al Sistema VioGén.
TERCERO.- Facultar al Alcalde para la firma del Acuerdo de Colaboración entre el Ayuntamiento y el Ministerio del Interior para formalizar la incorporación a la que se refiere el acuerdo primero y de cuantas gestiones resulten necesarias para la formalización de la documentación requerida en la citada Guía.
