miércoles, 17 julio
martes, 8 enero
Requena (08/01/19) Partido Popular de Requena
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Transición Española es uno de los hechos histórico-políticos por los que nuestro país es admirado internacionalmente puesto que se logró transitar desde un régimen autoritario a la democracia de una manera ejemplar.
La Constitución Española recoge en sus artículos 1 y 2:
1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.
La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
S.M. el Rey y políticos de muy diferente signo, en ocasiones situados en las antípodas ideológicas, supieron entender que el futuro de España no podía basarse en una nueva división entre españoles, que nos había llevado a la guerra civil primero y a la dictadura después, sino en unas leyes que instaurasen un régimen democrático moderno, consagrasen derechos fundamentales como la libertad de expresión o de reunión y diesen cabida a todos los partidos que respetasen dichas leyes independientemente de su ideología.
Fruto de este convencimiento, compartido por la mayoría de la sociedad española que reclamaba un cambio, se alcanzaron acuerdos y se promulgaron leyes tan importantes para avanzar hacia la democracia como:
• la Ley de la Reforma Política que recibió el apoyo del 94,2% de los sufragios emitidos en el referéndum celebrado el 15 de diciembre de 1976.
• los denominados «Pactos de la Moncloa» en octubre de 1977 (que incluían el Acuerdo sobre el programa de saneamiento y reforma de la economía y Acuerdo sobre el programa de actuación jurídica y política), y que fueron suscritos por todas las fuerzas políticas (UCD,PSOE, Partido Comunista, Partido Socialista Popular, Federación Catalana del PSOE, Convergencia Socialista de Cataluña, PNV Convergencia y Unió.
• y la Constitución Española de 1978, aprobada con el respaldo del 88% de los votos, porcentaje que ascendió al 93,58% y al 91,47% en Cataluña y el País Vasco respectivamente.
Basten estos ejemplos del elevado apoyo del pueblo español, y de sus representantes, a las leyes y acuerdos que permitieron convertir nuestro país en una democracia para comprobar que el proceso de la Transición fue legal, legítimo y ampliamente apoyado por los españoles.
En definitiva, la Transición española fue un proceso en el que los políticos de todo signo entendieron, como lo hizo la sociedad española, que no había que mirar al pasado con ánimo de revancha sino para recuperar los mejores referentes de nuestra historia común y aunar esfuerzos para convertir España en una democracia, consolidar un régimen de libertades y llevar a nuestro país a la senda de la prosperidad.
De este proceso surgieron consensos y derechos que nos han llevado a vivir el periodo más estable y próspero de toda nuestra historia como Nación.
Derechos como el derecho a expresar libremente las opiniones, el derecho de reunión o de asociación fueron consagrados durante la Transición a través de la Constitución Española. Nuestra Carta Magna también reconoce el derecho a la educación, a la protección de la salud, al disfrute de una vivienda y al uso de nuestra lengua común, el castellano, respetando siempre las lenguas oficiales en las CCAA.
Una lengua, el español, que es la segunda lengua materna del mundo- tras el chino mandarín- con 550 millones de hablantes y que genera el 16% del valor económico del PIB (164.000 millones de euros) y del empleo en España (3,5 millones de personas) además de ser un factor fundamental en la internacionalización empresarial.
Consensos y acuerdos apoyados por todos y reflejados en principios constitucionales como “la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles» (Artíc. 2 de la Constitución Española);»el Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia» (Artíc. 56.1 CE); o «todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado y ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español» (Artíc. 139 CE).
Unos consensos y una legalidad que hoy, 40 años después, algunos políticos cuestionan pues consideran que sembrando dudas sobre el ejemplar -y ampliamente apoyado por los españoles- proceso de Transición de nuestro país, lograrán cambiar el actual sistema democrático y de libertades español para instaurar otro modelo inspirado en regímenes dictatoriales como el venezolano.
Otros porque basándose en una interpretación falsaria de la historia de España y en un inexistente derecho de autodeterminación (que ni nuestro ordenamiento jurídico ni el derecho internacional reconocen) han decidido, consciente y deliberadamente, incumplir la ley y organizar un referéndum ilegal en Cataluña con el único objetivo de dividir a España y a los españoles.
Un año después, muchos de esos políticos están a la espera de que la Justicia se pronuncie sobre los graves delitos que se les imputan, mientras otros tratan de continuar su terrible e ilegal legado dividiendo a la sociedad catalana entre «buenos» y malos» y socavando las instituciones garantes de la legalidad en Cataluña.
Asistimos a una vulneración de la legalidad vigente que se manifiesta también en:
• La sustitución en los espacios públicos catalanes de los símbolos que nos representan a todos, como la enseña nacional, por símbolos excluyentes e inventados.
• La imposibilidad de poder estudiar en castellano en muchos centros educativos de Cataluña.
• El adoctrinamiento sistemático que reciben los niños y jóvenes catalanes a los que se transmite una visión sectaria y falsa de la historia de España.
• La discriminación y el rechazo hacía todos aquellos que no piensen como los independentistas.
• La defensa de comportamientos violentos si estos se dirigen contra los representantes de las instituciones, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado español y/o contra la más de la mitad de los catalanes que no comparten la ideología independentista.
Este desafío a la Constitución, a la ley y al Estado de Derecho – pilares de nuestra democracia y libertad – planteado por los independentistas catalanes, merece una respuesta pacífica pero firme utilizando todos los instrumentos que la Constitución y las leyes nos ofrecen para salvaguardar la unidad de España y la igualdad de todos los españoles.
Es mucho lo que nos jugamos como país y como sociedad, y por ello, las fuerzas políticas que defendemos la democracia y el Estado de derecho debemos reafirmar nuestro compromiso común con la defensa de la Constitución, de la libertad y de la igualdad de los españoles.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular presenta al Pleno del Ayuntamiento de Requena las siguientes:
PROPUESTAS DE ACUERDO
PRIMERO.- Reivindicar el proceso de la «Transición Española» y las leyes, acuerdos y consensos que surgieron del mismo, puesto que constituyen los pilares en los que sustenta nuestra actual democracia y estado de derecho y rechazar cualquier tipo de revisionismo de esta época decisiva de nuestra historia común.
SEGUNDO.- Defender que los símbolos que nos representan como nación y como españoles, que nos representan a todos, ocupen el espacio que la Constitución y las leyes les otorgan y exigir, como recoge la Proposición de Ley Relativa a la defensa de la convivencia social, la neutralidad institucional y los símbolos nacional presentada por el Partido Popular, a los altos cargos y empleados públicos que se comporten de forma neutral en el desempeño de sus funciones, y que se abstengan de realizar, impidan y corrijan cualquier ataque que se pueda producir a los símbolos nacionales o a los derechos y libertades, para preservar la neutralidad institucional.
TERCERO.- Defender la Monarquía parlamentaria, no solo por ser la forma política de nuestro estado consagrada en el artículo 1.3 de nuestra Carta Magna, sino por ser el símbolo de la unidad y permanencia de una nación milenaria como España, por la inestimable y extraordinaria contribución de la corona al proceso de Transición española y por su ejemplar defensa de los derechos de los españoles y de la unidad de España.
CUARTO.- Defender el español como lengua vehicular y común de la enseñanza en todas las CCAA respetando siempre la existencia de las lenguas cooficiales reconocidas en los diferentes estatutos de autonomía pero sin que dichas lenguas sean impuestas y dejen sin efecto el derecho de todos los españoles a usar nuestra lengua común, el español.
QUINTO.- Apoyar la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española de manera firme con la amplitud y duración que se requiera para frenar el desafío independentista catalán, recuperar la unidad entre los españoles que viven en Cataluña, el respeto a la nación española y la historia que compartimos.
Esto significa, entre otras acciones, el control de la televisión pública catalana por parte de representantes del Estado, para garantizar que realmente sea un servicio público neutral y al servicio de todos los catalanes-y de las competencias gubernamentales que sean necesarias para garantizar un gobierno adecuado que vele por los intereses de todos los catalanes, sin exclusiones ni sectarismos, especialmente en las áreas de educación y seguridad pública.
SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo al Presidente del Gobierno de España, a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios del Congreso, del Senado y de la Cámara autonómica y a la Junta de Gobierno de la FEMP.
