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El gobierno de Mariano Rajoy aprobó el 20 de diciembre de 2013 en el Consejo de Ministros, la ley del aborto más restrictiva y retrógrada de la democracia en España.

La Ley de Protección de la Vida del Concebido y de los derechos de la Mujer Embarazada, así es como se llama, supone un grave retroceso que nos sitúa a los años preconstitucionales en los que las mujeres no podían decidir sobre su maternidad. Este proyecto de ley es volver a la clandestinidad para muchas mujeres que no desean continuar con su embarazo porque interrumpirlo durante las 14 primeras semanas ha dejado de ser un derecho, como reconocía la Ley de 2010, para convertirse en un delito.

Esta Ley ideada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón y apoyada por todo el gobierno, reconoce solamente dos supuestos en los que la mujer pueda abortar: Uno, en el caso de una violación, durante las primeras 12 semanas.

Y dos, en el caso que suponga un “grave peligro para la vida o la salud física o psíquica” de la mujer, durante las primeras 22 semanas. Pero, se restringen excesivamente las posibilidades de acogerse a este supuesto porque tiene que ser acreditado por dos informes de dos médicos diferentes, uno de los cuales será un psicólogo o psiquiatra que dictaminará que el embarazo genera a la madre un daño psíquico “importante” y con permanencia en el tiempo.

Es importante destacar que desaparece el supuesto de malformación del feto, enfermedad incurable o anomalía fetal incompatible con la vida. Este supuesto ha existido durante tres décadas, ya que se contemplaba en la Ley de 1985.

Se obstaculiza todo el proceso. Por una parte se amplia a siete días el periodo de reflexión y la información se dará en persona por trabajadores de servicios sociales. Este paso es previo a la intervención. Y por otra parte se recoge el derecho a la objeción de conciencia de todos los profesionales sanitarios desde el celador hasta el médico que pueda practicar un aborto. Con estas medidas se dificulta todavía más la práctica de un aborto.

No incluye ninguna medidas sobre prevención de embarazos ni sobre educación sexual como si figuraba en la legislación anterior.

La asociación Mujeres por Derecho de Requena como muchas organizaciones de mujeres en toda España, valora muy negativamente esta ley porque se suprime un importante derecho para las mujeres como es el derecho a decidir sobre nuestra maternidad. Las mujeres tenemos derecho a elegir como y cuando ser madres. Esta ley obliga a las mujeres a ser madres.

Vemos una involución y una actitud bastante conservadora y patriarcal en esta normativa puesto que personas ajenas a la mujer van a decidir sobre su maternidad. Se trata a la mujer como si fuera menor de edad, como si necesitara una tutela constante, de ahí los dos informes médicos que se exigen. Hombres ajenos a nosotras decidirán sobre un asunto que es exclusivamente femenino. Se trata de nuestro cuerpo y nosotras decidimos.

Finalmente pensamos que esta ley responde a otra clase de intereses. El gobierno del PP quiere contentar a su electorado más ultra y a la Conferencia Episcopal, en un momento en el que el Papa Francisco ha calificado como “obsesión la lucha contra el aborto”. La sociedad española no demandaba ningún cambio legislativo sobre este tema. Un dato importante a conocer, es que el año 2013 había disminuido en un 5 por ciento el número de abortos practicados en España. Con esta Ley el 95 por ciento de los abortos quedarían fuera, lo que supondría la clandestinidad y para las mujeres sin recursos un grave peligro para su salud o su vida, en cambio, para aquellas que si tengan medios podrán volver a abortar en otros países, como así ocurría en el Franquismo.
Asociación Mujeres por Derecho de Requena

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