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09 de diciembre de 2014. 19:41h
Efe. Valencia.
La acción de protesta de 2011 en la Central nuclear de Cofrentes, por la que dieciséis activistas de Greenpeace y un fotoperiodista se enfrentan a penas de dos años y ocho meses de cárcel, no afectó a la producción ni a zonas vitales de las instalaciones pero obligó a activar el plan de emergencia.
Así lo han manifestado hoy el máximo responsable de la central en el momento de los hechos, Felipe Galán, y el actual director de estas instalaciones, Tomás Lozano, durante su declaración en la tercera sesión del juicio que se celebra en el juzgado de lo Penal número 11 de Valencia.
Los activistas, junto a un fotoperiodista que estuvo en el lugar de los hechos, están acusados de delitos de desórdenes públicos, lesiones y daños tras pintar «Peligro nuclear» en una torre de refrigeración de la Central de Cofrentes en 2011.
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La acusación, que ejercen el Ministerio Fiscal, Iberdrola como empresa propietaria de la central nuclear y los guardias jurados presentes en el recinto el día de la protesta, reclama además a Greenpeace cerca de 360.000 euros como responsable civil subsidiario de la acción.
Galán, que en el momento de la acción de protesta se encontraba de viaje en Estados Unidos en un congreso internacional, ha informado de que tuvo conocimiento de los hechos cuando ya estaba declarada la alerta de emergencia y que se puso en contacto con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
Ha afirmado asimismo que desde la dirección técnica del CSN se le informó de que la alerta se había establecido y que les habían llamado desde Greenpeace reivindicando la acción pacifista.
La alerta, según Galán, obligó a concentrar al personal en los puntos establecidos para ello en estas situaciones de emergencia, aunque la acción no afectó a zonas vitales de las instalaciones y la actividad de producción de la central no se vio tampoco alterada.
El actual director de la central, Tomás Lozano, que en el momento de los hechos se encargaba de la gestión de la explotación y de la dirección del plan de emergencias, ha señalado además que hubo que «bloquear» todas las áreas vitales de la central, y que el personal estuvo «retenido» en los puntos de concentración hasta las 11.30 horas, cuando se levantó la alarma.
Lozano y Galán han coincidido asimismo en que la actuación de los vigilantes de seguridad de la central fue «impecable», y que desde el Consejo de Seguridad Nuclear les informaron de que un conocido miembro de Greenpeace les había llamado para reivindicar la acción de protesta.
En la sesión de hoy han testificado también, a requerimiento de la Fiscalía, el jefe de seguridad física de la central, Miguel Fernández Custodio, y cinco de los vigilantes de seguridad que reclaman indemnizaciones por lesiones durante la protesta.
Fernández Custodio ha manifestado su convencimiento de que la acción estaba «planificada y organizada» con una estrategia clara, y que por tanto fue premeditada.
Ha reconocido asimismo que tras esta acción se han realizado medidas adicionales para mejorar la seguridad de la central y que hubo un «apercibimiento» por este incidente.
Varios de los vigilantes, por su parte, han coincidido en que hubo forcejeos con los manifestantes, y que las vallas, que disponían de sensores y cámaras que se activaron y captaron la entrada a las instalaciones, se cortaron con «radiales» autónomas.
El juicio continuará mañana con las declaraciones de los agentes de la Guardia Civil de Requena que acudieron a la central tras la declaración de emergencia, y del médico forense del Instituto de Medicina legal de Valencia Fernando Carratalá.
