lunes, 25 noviembre
sábado, 5 agosto
El Gobierno planteará al resto de grupos políticos a la vuelta del verano la convocatoria de un panel de expertos que avale las conclusiones en las que se tramitará por ley el futuro de la energía nuclear en España.
El Ejecutivo trata así de evitar que las «presiones políticas» del resto de partidos que ha señalado como motivo para el cierre de la central nuclear de Garoña le obliguen a modificar posiciones, como ha sido el caso de la central situada en el norte de Burgos. El mantenimiento en activo de esta instalación fue una promesa electoral de Mariano Rajoy a los vecinos de la región que ha durado hasta ayer, cuando el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la no renovación del permiso de explotación de la central. Garoña, gestionada por Iberdrola y Endesa, iniciará en breve la fase de predesmantelamiento antes de ser traspasada a Enresa, empresa de titularidad pública encargada de recoger y almacenar los residuos radiactivos y desmantelar definitivamente las instalaciones.
Los partidos representados en el Congreso podrán nombrar sus expertos para participar en este panel que sentará las bases de la Ley de transición energética y cambio climático. Unas conclusiones comunes con partidos que votaron a favor del cierre de Garoña evitarían que el trámite parlamentario de esta ley que decidirá el futuro nuclear en España se vea comprometido.
El Ministerio de Energía, en cualquier caso, negó ayer que el cierre de Garoña (Burgos) amenace la «continuidad» del resto del parque nuclear español. Las centrales nucleares en España requerirán ser renovadas entre 2020 y 2028, empezando por Cofrentes (Valencia), explotada por Iberdrola.
Aunque el desmantelamiento tardará más de 15 años en llevarse a cabo, para el Partido Popular de Castilla y León, el cierre de la central ha supuesto un duro revés, ya que no ha ido acompañado de un plan de reindustrialización y empleo en la comarca.
La opinión tanto de Iberdrola como de Endesa es que la fiscalidad que grava la generación de la energía nuclear impide rentabilizar su explotación. De hecho, la primera, que se ha planteado vender su filial de energía nuclear, consideró el pasado martes «coherente» el anuncio del ministro Álvaro Nadal de dejar caer Garoña.
