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PSOE Requena.

El gobierno de Mariano Rajoy ha aprobado, en el Consejo de Ministros del pasado viernes, la Ley del Aborto más restrictiva de nuestra democracia. Una ley en la que se plantea que interrumpir el embarazo volverá a ser un delito, delito despenalizado solo en ciertos supuestos, supuestos que son más reducidos que los de la Ley de 1985.

Es una reforma que supone un retroceso de más de 30 años, y convierte a España en uno de los países europeos con más restricciones, después de haber tenido en los últimos años una de las leyes de referencia en toda Europa.
Un retroceso que responde a la ideología más conservadora y retrógrada de nuestro país, y para la que el gobierno del Partido Popular no ha contado con la opinión de las asociaciones de mujeres, ni de las organizaciones feministas, ni del personal sanitario que lleva todos estos años atendiendo a las mujeres que deciden abortar. Es el mayor retroceso en los derechos y libertades de las mujeres en la historia de nuestra democracia.

Con los presupuestos de esta Ley, retrocedemos a etapas anteriores a los años ochenta, etapas de hipocresía e inseguridad jurídica, que forzaba a las mujeres a comprar el derecho al aborto fuera de nuestras fronteras, si su situación económica se lo permitía, o a arriesgar su salud y su vida con prácticas cruentas e inseguras

Pero el gobierno olvida un dato importante: las leyes restrictivas no reducen el número de abortos. Así lo demostró el año pasado un estudio de la Organización Mundial de la Salud, cuyas conclusiones son claras: Criminalizar el aborto es una política tan inútil como cruel, que solo sirve para aumentar el número de mujeres que se van a jugar la vida para poder decidir sobre su maternidad. Los países donde más se aborta son, precisamente, aquellos donde las leyes son más duras, mientras que ignoran que la verdadera solución al problema pasa por la educación sexual y las políticas de planificación familiar.

La nueva Ley del Aborto solo sirve para provocar sufrimiento inútil a miles de mujeres en nuestro país, que se verán obligadas a pasar por un calvario administrativo que puede que no logren superar, además del drama que ya supone tener que abortar.

Ni siquiera la presencia de malformaciones fetales gravísimas será motivo de aborto. Aún con el tremendo sufrimiento que estos casos suponen para las familias, tal como pone de manifiesto el neurocirujano infantil Javier Esparza, uno de los directores médicos de su especialidad más reconocidos de España, y que alerta sobre las terribles consecuencias humanas de prohibir el aborto en casos de malformación grave del feto. Esparza expone desde su experiencia los sufrimientos que padecen los niños afectados por malformaciones congénitas del sistema nervioso, como la hidrocefalia congénita o la espina bífida abierta.

Y a todo esto le unimos los graves recortes que el gobierno viene aplicando en los últimos dos años para la aplicación de la Ley de Dependencia, y que están suponiendo rebajar drásticamente las ayudas a las familias. Es decir, el gobierno obliga a llevar adelante estos embarazos, apelando al “derecho a la vida” Pero, ¿de qué vida estamos hablando, cuando el Gobierno elude su responsabilidad de atender las necesidades de estas familias, al obligar, con los recortes en Sanidad, al repago de los medicamentos y al recortar los servicios y prestaciones de la Ley de Dependencia?

Sin embargo, para tapar las vergüenzas y corrupciones que cada día vamos conociendo del PP, Rajoy quiere contentar a la derecha más extrema, que parece ser la que domina en las decisiones del gobierno, y paga el tributo a la Conferencia Episcopal en forma de retroceso a los derechos de las mujeres.

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