lunes, 25 noviembre
miércoles, 14 septiembre
Los hechos sucedieron el pasado día 12 de septiembre, cuando los miembros de la rectora de una bodega cooperativa inscrita en la DO Utiel-Requena se encontraban tomando muestras en una parcela propiedad de un socio de la cooperativa, para determinar la calidad de la uva y decidir el momento de comenzar la vendimia.
Estando los miembros de esta rectora tomando las muestras junto con la enóloga de la bodega, se personaron en la parcela dos inspectores de trabajo junto con miembros de la guardia civil, y pidieron a los allí presentes que se identificaran, tras lo cual procedieron a levantar un acta de inspección donde se les solicitaba su alta en el REJA (régimen agrario) como trabajadores del propietario de la parcela. Cuando se les trasladó que no estaban trabajando, sino que realizaban un muestreo y eran los miembros de la junta rectora, los inspectores hicieron caso omiso a éstos y siguieron con el acta, a pesar que los allí presentes no llevaban ni tijeras de vendimia, cubos o cualquier otra herramienta que indicara que allí estaban trabajando, y por supuesto no había en la parcela ni tractor ni remolque.
Estos hechos demuestran el poco conocimiento o nulo conocimiento que tienen los inspectores de trabajo de la realidad agraria de la comarca, ya que además de denunciar a los miembros de una rectora (hay que indicar que estas personas no reciben remuneración alguna por pertenecer a la misma y trabajar así de forma desinteresada para el bien de su pueblo). Este tipo de actuaciones generan gran rechazo y desconfianza en todos los agricultores de la zona.
Como dijo el presidente de esta rectora, “no dábamos crédito a lo que estaba sucediendo, parecía todo una broma de mal gusto. No se puede permitir que se acose de esta forma a agricultores que solo quieren poder vivir de sus viñas”
Desde COAG-CV nunca hemos estado en contra de que se persiga a aquellos empresarios que no cumplen con sus obligaciones legales, que no dan de alta o que explotan a sus trabajadores, pero lo que no podemos tolerar es la persecución a la que se ve sometido el pequeño y mediano agricultor, en muchas ocasiones tratado como si fuera un delincuente, cuando lo único que trata es de vivir de su trabajo y de su tierra luchando contra los precios ínfimos que recibe (muchas veces por debajo de los costes de producción), la especulación, la entrada de productos de terceros países sin control, la burocracia y tantos y tantos problemas que tiene que soportar a sus espaldas.
