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– La directora general de Inclusión Social, Helena Ferrando, plantea a las entidades ACCEM, CEAR, CRUZ ROJA y Cáritas los criterios para organizar las viviendas
– La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas asume la organización del proceso de acogida en la Comunitat Valenciana ante la «inoperancia» del Gobierno central

La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha planteado los criterios del Consell para organizar las viviendas que la ciudadanía puso a disposición de la Administración para poder acoger a las personas refugiadas, entre los que destacan la priorización de las zonas rurales para las familias con menores, la distribución de no más de dos familias en ciudades medianas y la priorización de municipios con tejido económico.

Así, se lo ha transmitido hoy la directora general de Inclusión Social, Helena Ferrando, a ACCEM, CEAR, CRUZ ROJA y Cáritas, entidades con las que se ha reunido, dentro de las iniciativas puestas en marcha desde este departamento con la finalidad de continuar el trabajo marcado en el plan de la Generalitat encaminado a la puesta en marcha de los protocolos de actuación que se han establecido en cada una de las áreas.

Ferrando ha afirmado que el Gobierno valenciano, «ante la inoperancia del Ejecutivo central» se ha visto en la obligación de asumir la organización de las cerca de 100 viviendas que los ciudadanos de distintas localidades pusieron a disposición de la Administración a través de la Xarxa de municipios acogedores, y que se han repartido entre las distintas entidades para su gestión.

Ha explicado que, ante la «dejación de funciones» del Gobierno español, la Conselleria «no puede esquivar su obligación de liderar la organización de estos recursos para garantizar que las personas que llegan a la Comunitat Valenciana buscando refugio cuenten con un equipo que les ofrezca apoyo psicológico y refuerzo laboral» y que además cuente con trabajadores sociales y educadores para garantizar su correcta integración.

La directora general les ha propuesto a las entidades una organización interna de cada una de las zonas a nivel comarcal para cada entidad, con el objetivo de que las familias «estén asistidas por un buen equipo tanto por parte de las entidades como por parte de la red pública de oficinas de atención a las personas migrantes municipal (AMICS)».

Para la directora general es especialmente relevante redistribuir y planificar con «sentido común» para que los servicios escolares, de vivienda, sanitarios y sociales puedan atender las especificidades de estas personas y hacerles un seguimiento adecuado «en su proceso de integración en nuestra sociedad, favoreciendo la interculturalidad con la sociedad de acogida y convivencia».

Así, según ha explicado Ferrando, se les ha planteado a las ONG especializadas que tengan una ratio de un equipo de profesionales por cada 10 familias por cada una de las zonas, al que se dará apoyo desde la Consellera de Igualdad.

Al respecto, ha avanzado que en breve la Conselleria publicará la orden bienal para financiar las Oficinas de Atención a Personas Migrantes (AMICS) con un presupuesto en 2016 más de 1,2 millones de euros que conseguirá «dar estabilidad y mayor ámbito de actuación para apoyar y atender a las personas migrantes y dar mayor cobertura y atención a las personas y familias refugiadas».

La Conselleria también trabaja en la posibilidad de «crear un sistema de derivación y de sistematización de la información conjunta para poder seguir trabajando y, por lo tanto, liderando la intervención municipal con los refugiados», según ha indicado.

Helena Ferrando ha aprovechado la reunión para aplaudir «el rechazo y repulsa de la sociedad» a que España se adhiera al preacuerdo de refugiados entre la Unión Europea y Turquía y ha invitado a la ciudadanía a «seguir presionando» y a «expresar su indignación» ante la gestión que están realizando los gobiernos centrales europeos de esta crisis humanitaria.

Infraestructuras

Cabe recordar que la Comunitat Valenciana ya tiene las infraestructuras preparadas para acoger a 1.400 personas, entre albergues gestionados por la Conselleria de Igualdad, instalaciones de ONGs y viviendas cedidas por entidades bancarias y personas particulares.

Hasta la fecha se han adherido a la Xarxa de municipios acogedores o Ciutats-Refugi coordinada por el Consell, un total de 133 municipios, de los cuales 39 son de la provincia de Alicante, 24 de Castellón y 70 corresponden a la provincia de Valencia.

Toda esta infraestructura, ha puntualizado la directora general, «todavía está a la espera de que el Gobierno de España autorice a la Generalitat para que pueda iniciar el traslado mediante el barco puesto a disposición de forma altruista por la empresa Balearia, con capacidad para 1.100 personas en cada viaje».

Comparte: Igualdad plantea priorizar la acogida de personas refugiadas en las zonas rurales para familias con menores