martes, 26 noviembre
miércoles, 9 noviembre
Fuente: eldiario.es/Raul Rejón
Iberdrola acaba de iniciar los trámites ambientales para construir un almacén atómico en los terrenos de su central nuclear de Cofrentes: necesita un sitio donde guardar los desechos radioactivos para funcionar más allá de su actual autorización que termina en 2021, justo el año en el que la empresa prevé que se le llenara la piscina donde va a parar el uranio utilizado en su reactor para enfriarse.
El pasado 5 de octubre, Iberdrola remitió al Ministerio de Industria el Documento Inicial donde describe las características ambientales del Almacén Temporal Individualizado (ATI) que proyecta construir.
El ministerio lo remitió a Medio Ambiente el 21 de ese mes con lo que arranca proyecto para que Cofrentes pueda depositar allí el combustible. El documento asume que «la saturación de las piscinas de la CN Cofrentes se producirá en el año 2021» –cuando expira su permiso de explotación que desea renovar por otros diez años–.
Así, Iberdrola da por hecho que el Almacén Temporal Centralizado (ATC) que el Gobierno decidió desarrollar en Villar de Cañas (Cuenca) no va a estar a tiempo: «Se puede producir un retraso significativo en la puesta en servicio (…), lo que podría implicar la imposibilidad de retirar el combustible gastado», indica. Esa instalación debería recibir desechos de todo el parque nuclear.
El análisis de Iberdrola achaca este problema al «impacto de la decisión» de Castilla-La Mancha que amplió la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Laguna de El Hito que incluye los terrenos del ATC.
Sin embargo, el proyecto acumula otros problemas derivados de la ubicación escogida por el Ejecutivo. El subsuelo es mucho más permeable de lo supuesto y su anisotropía muy marcada. Esto quiere decir que sus cualidades varían según la dirección que se estudie: hace difícil prever cómo se comportaría el terreno en caso de fuga radioactiva.
Zona de inundaciones
Iberdrola ha decido construir su propio silo atómico en un punto de la central que «considerando la disponibilidad de espacio» califica como «único emplazamiento posible». Cae, como toda Cofrentes, en una Zona de Especial Protección para las Aves, la de la Sierra de Martés-Muela de Cortes, diseñada como refugio de rapaces y quirópteros.
Además, el recinto esta ubicado al lado del río Júcar (cuyas aguas utiliza para refrigerar la instalación) y, según el catálogo de la Comunidad Valenciana, en una zona de máxima peligrosidad de inundación. Sin embargo, la empresa indica que la Avenida Máxima Probable «corresponde a la cota 351,34 m» y que en las peores condiciones posibles llegaría a 368,16 m. Soluciona este riesgo informando de que el ATI se excavará en la cota «368,20 m». Un poco más alta.
Este primer paso implica que el Ministerio de Medio Ambiente indique la amplitud y detalle del estudio que tiene que realizar Iberdrola para darle el visto bueno. Y de ese visto bueno depende, en parte, la posibilidad de que la eléctrica obtenga, finalmente, la autorización para que Cofrentes siga operando.
Supone una pieza más en la idea de las eléctricas de llevar sus centrales más allá de los 40 años de servicio ya que, como subraya el Documento Inicial, se están tramitando almacenes similares en las instalaciones de Santa María de Garoña y Almaraz.
Contra el calentamiento global
En esta estrategia empresarial, Iberdrola ya ha añadido un componente medioambiental de máxima actualidad esta semana en la que comienza la XXII Conferencia sobre Cambio Climático en Marrakech: la lucha contra el calentamiento global.
El director de la central de Cofrentes, Juan Ignacio Ponce Guardiola, ha defendido que su instalación «contribuye a la lucha contra el cambio climático. No emitimos gases de ningún tipo. Si desapareciese la producción de Cofrentes, nos llevaría a una emisión entre 6,5 y 7 millones de toneladas de dióxido de carbono».
Un argumento sostenido por las patronales internacionales del sector que aseguran que « reducciones significativas en las emisiones de carbono, al tiempo que se mantienen las demandas de energía, no pueden conseguirse sin el sector nuclear».
De hecho, el grupo de presión Nuclear for Climate –financiado, entre otras 150 organizaciones, por las sociedades Francesa y Americana de Energía Nuclear– ha solicitado que la energía atómica «se beneficie de los mecanismos de financiación» previstos para atajar el cambio climático.
Se refiere al conocido Fondo Verde que debe reunir casi 100.000 millones de euros de los países desarrollados para ayudar al Sur Global a implementar fuentes de energía «limpias» sin renunciar al crecimiento económico. Es uno de los puntos clave de discusión de la Conferencia de Marrakech que debe desarrollar el Acuerdo de París.
En el otro extremo, una organización especialmente crítica con la producción atómica como Greenpeace ya ha pedido que no se dilate más el proceso de desmantelamiento de las centrales españolas. Su responsable de campaña Nuclear, Raquel Montón, asegura que los países que han prolongado la vida de sus centrales han terminado por aumentar su emisiones de CO2 ya que «la tasa de renovables es mínima», dice. Y añade como argumento para la clausura el riesgo de incidente: «Accidentes hay antes o después».
En medio, un estudio estadístico compartido entre el Instituto Federal de Tecnología de Suiza y la Universidad danesa de Aarhuis calculó el año pasado que la probabilidad de que se diese un d esastre nuclear como el de la central ucraniana de Chernobyl era «del 50%» antes de la mitad de siglo XXI. El trabajo, reseñado en la Revista del Instituto Tecnológico de Massachusttes (IMT), añadía que existía esa misma probabilidad para que se produjera un incidente de extensión «de cuatro kilómetros antes de diez años».
