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Requena (02/07/18) Fuente lasprovincias.es – Á. MOHORTE
El cambio de Gobierno central no ha cambiado el reparto de nuevas extensiones de viñedos para cava fijado el pasado mes de diciembre y el perjuicio que supone para los productores de Requena. A pesar de la presión prometida por la Generalitat cuando la decisión fue tomada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, cuando ha enfrentado el asunto el equipo de Pedro Sánchez, el saldo ha sido el mismo: finalmente la superficie disponible en 2018 para autorizaciones de nueva plantación en toda la Denominación de Origen Protegida Cava ha sido de 57,4 hectáreas de terreno.
Entonces y ahora, esta cantidad se considera insuficiente desde el sector valenciano, mientras que desde la Conselleria de Agricultura se encaja como una herencia recibida y el secretario autonómico, Francisco Rodríguez, lo contrapone a las hectáreas de cultivo que se han conseguido seguir cultivando ‘reestructuradas’, las recuperadas para el cultivo tras un tiempo improductivas.
El presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Utiel-Requena, José Miguel Medina, lamenta que este reparto no sea el que los productores valencianos querían, entre otras cosas, porque de esa nueva superficie se prevé que no llegue prácticamente nada a los productores de cava autonómicos. La razón está en que para poder aprovecharse de estas hectáreas se deben cumplir los requisitos que impone la DO Cava y que incluyen que esas nuevas tierras hayan estado ya plantadas de uva específica para hacer cava en el pasado, algo habitual en el Penedés, pero no en Requena.
Desde Requena se lamenta que el ministerio sólo haya escuchado al sector productor de Cataluña
Cambiar esta exigencia no parece sencilla, entre otras cosas porque el consejo regulador del cava está dominado por los catalanes y sólo un miembro es valenciano, siendo además un representante de la Administración y no de la industria vitivinicola. Medina denuncia que no han sido escuchados por el ministerio y que sólo se ha atendido al sector productor catalán, contrario a la extensión de nuevas zonas de cultivo. El motivo está en que un cambio beneficia a la Comunitat Valenciana y a Extremadura, al ser las zonas productoras que más terreno demandan y pueden asumir más terreno, mientras que el Alto Penedés está prácticamente saturado.
«Presentamos alegaciones a la Conselleria y al Ministerio de Agricultura, pero no nos han hecho ni caso», señala Medina, aunque matiza que la responsabilidad es del ejecutivo central, que es el que toma las decisiones en este asunto. En opinión del viticultor valenciano, lo que hay que hacer es un estudio de mercado que permita una regulación realista de la producción de cava y no depender, como actualmente sucede, de las conclusiones de los estudios de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona y de la de La Rioja. «Está claro que hay que tomar medidas para no matar la gallina de los huevos de oro, pero hay que tener en cuenta que estamos teniendo un importantísimo incremento de demanda», señala. De hecho, sólo el cava valenciano ha crecido un 250% en las últimas fechas y hay margen de mejora.
Igualmente, Medina señala que se ha dejado fuera otras 93 hectáreas que estaban incluidas en un plan de reestructuración que terminaba en el año 2018. Los productores de cava solicitaron a la conselleria que presionase al ministerio para que autorizara esas hectáreas más de viñedo, inscritas fuera de plazo en el registro por la «tramitación burocrática», tras la publicación del decreto que limita el aumento de superficie de viñedo para cava.
Desde el Ministerio se defiende que el reparto de la superficie se ha realizado bajo los nuevos criterios de priorización establecidos por el Real Decreto 772/2017 de potencial vitícola. Para Agricultura, estos criterios han permitido reducir en gran medida las solicitudes sometidas a prorrata que generaban en ocasiones concesiones de superficies muy inferiores a las solicitadas.
