jueves, 24 octubre
viernes, 22 julio
Fuente: ABC – @ABC_CValencianaValencia
El coordinador del PP de Alicante en la Vega Baja, Adrián Ballester, ha acusado a la Generalitat de «discriminar y despreciar a los municipios y a las personas de la provincia castellanoparlantes e imponerles el valenciano a fuerza de decreto». A su juicio, «existe una discriminación que están sufriendo las personas y municipios castellanoparlantes por algunas posturas radicales del gobierno autonómico denominado ‘a la valenciana’».
En este sentido, ha desvelado que muchos ayuntamientos de la provincia de Alicante de municipios castellanoparlantes están recibiendo la información y las misivas de la Generalitat «solamente en valenciano», lo que a su juicio «supone una provocación y una falta de respecto a los ciudadanos que, a su vez, sí respetan a quienes hablan en valenciano, pero que libremente han decidido no utilizar esa lengua».
Tal como desveló ABC, la Generalitat pretende imponer a los funcionarios municipales de las comarcas castellanoparlantes una escala de conocimientos del valenciano en función de su puesto. De forma que, por ejemplo, los enterradores o los jardineros de Orihuela y Torrevieja tendrán que saber, al menos, expresarse oralmente en esta lengua, que nadie en sus municipios utiliza.
«Yo reto al señor Marzà a que explique por qué considera indispensable el valenciano para ser enterrador en el Alto Vinalopó, recoger la basura en Torrevieja o atender en la oficina de Turismo de Pilar de la Horadada, por ejemplo», ha diho Ballester. «Se trata de iniciativas que sólo se entienden desde el sectarismo, la radicalidad y la cortedad de miras. Imposición y derecho son incompatibles y en este caso, además, de imposición hay un desprecio absoluto a las comarcas castellanoparlantes».
«Ya algunos alcaldes de Compromís han pedido que el valenciano sea un requisito para acceder a la función pública», ha señalado el popular, en alusión a la información de ABC sobre la exigencia del valenciano para ser policía local en Ondara, pese a que la ley autonómica no lo estipula (al menos, de momento). Sin embargo, «han tenido que recular por ser una cuestión ilegal dicho requisito y solamente puntuable como mérito», ha añadido.
«El problema del tripartito es que no respetan a las personas y a sus decisiones. Quieren imponer a base de decretazo lo que la sociedad rechaza», asegura Ballester. «El señor Marzà, la señora Oltra y el señor Puig son muy libres de hablar en la lengua que les dé la gana, pero no tienen derecho a imponer el valenciano donde se habla en castellano», ha concluido
