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Fuente y foto lasprovincias.es

A. RALLO

No pudo evitar la tentación. La ahora acusada A. T. trabajaba de funcionaria en un juzgado de Requena. Una empresa debía dinero a su marido. A ella, gracias a su puesto, le resultaba tremendamente sencillo recabar información de gran interés para su pareja. Cometió el error de hacerlo a las 13.08 horas del 13 de mayo de 2011. Ahora se enfrenta a tres años de prisión.

Eso afirma la calificación fiscal que la acusa. La trabajadora disponía de las claves informáticas que permiten la consulta a través de internet de diferentes bases de datos oficiales. Esto permite averiguar datos acerca de la solvencia de particulares o empresas. No obstante, la entrada en estos sistemas quedó registrada en su computadora. Así, según consta en el escrito de calificación al que ha tenido acceso este periódico, la mujer hizo una consulta patrimonial acerca de una empresa que se encontraba en proceso de liquidación y que, además, era deudora de la sociedad que tenía su pareja. En concreto, consultó las bases de la Dirección General de Tráfico (DGT) y también del catastro.

Luego «facilitó los datos obtenidos a su marido», tal y como recoge el escrito de acusación. La sección informática del Poder Judicial rastreó sus gestiones. El objetivo de las mismas era obtener información para «facilitar el embargo de bienes» y asegurarse de esta forma «el pago de las deudas pendientes».

La actuación de la funcionaria ha tenido unas consecuencias que, sin duda, nunca imaginó. La fiscalía pide para ella tres años de prisión por un delito de revelación de secretos. Además, reclama su inhabilitación absoluta para el desempeño de un cargo público durante siete años, lo que le impediría mantener sus puesto en el juzgado de Requena.

No es la primera vez que funcionarios se aprovechan de sus responsabilidades para obtener un beneficio. Recientemente, un responsable de Correos fue condenado por quedarse tarjetas regalo de El Corte Inglés que diferentes empresas mandaban a sus clientes. Se aprovechó de su cargo de responsabilidad para apropiarse de estos queques. Posteriormente invirtió el dinero en diferentes compras, desde artículos de marroquinería a la adquisición de videojuegos.

También se dan otros casos de más gravedad, como aquel guardia civil de la provincia de Valencia que fue acusado de pedir 20.000 euros a otro hombre a cambio de no implicarle en unas diligencias policiales sobre drogas que, en realidad, no existían. El procesado reclamaba esta cantidad para emitir un informe exculpatorio de la víctima.

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