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Requena (12/11/18) EUPV
El pasado 18 de octubre se dio a conocer la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que establece que serán los bancos, y no sus clientes, quienes asuman el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, el más importante que se paga cuando se formaliza el préstamo de una hipoteca. Con esta sentencia el Alto Tribunal cambiaba la opinión y variaba la jurisprudencia hipotecaria.
El fallo se fundamenta en que el negocio que se inscribe es la hipoteca y que el único interesado en elevarla a escritura pública y su posterior inscripción es el prestamista, es decir, la entidad bancaria, ‘que sólo mediante dicha inscripción podrá ejercitar la acción ejecutiva y privilegiada que deriva la hipoteca’.
Pero, solo 24 horas después, el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo tomó la decisión de convocar un Pleno de esta Sala para dejar sin efecto la sentencia. Esta polémica decisión judicial implica la no aplicación de esta nueva jurisprudencia a los recursos pendientes de resolver sobre la misma materia, además de ser un intento para dejar sin efecto la sentencia mediante una resolución del Pleno de Sala.
En cuanto la banca protestó, le faltó tiempo al Tribunal Supremo, para que servilmente, adoptara esta cuestionable decisión y es que, según el artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ‘las sentencias se ejecutarán en sus propios términos’ y ‘sólo podrán dejarse sin efecto en virtud de los recursos previstos en la Ley. Por tanto, ni existe norma legal alguna que otorgue competencia a un Pleno de Sala del Tribunal Supremo para dejar sin efecto una sentencia firme ni el Supremo tiene competencias para valorar la ‘repercusión’ de sus sentencias: debe limitarse a aplicar estrictamente la ley.
Tal y como nos temíamos, al final, el Tribunal Supremo ha revocado, por primera vez en su historia, su propia sentencia y ha fallado a favor de los poderosos, haciendo bueno el dicho de que la banca siempre gana. Desde Izquierda Unida entendemos que nos encontramos ante un nuevo caso de arbitrariedad del Poder Judicial, un poder constitucional que en este caso no respeta su propia independencia y se somete al designio de los más poderosos en una actitud, cuanto menos, arbitraria.
La moción fue aprobada con los votos de PSOE, Requena Participa, la concejala no adscrita Pilar Cervera y lógicamente el nuestro propio, votando en contra el Partido Popular y Ciudadanos (incluido el concejal de Requena y Aldea que ahora está en Ciudadanos).
La argucia para votar en contra es que en la moción se incluye la petición de la creación de una banca pública, que en realidad son excusas de mal pagador, ya que, si en Izquierda Unida apostamos por un polo de banca pública, es para impedir el chantaje que hace la banca privada. Además, es imprescindible que, si este país quiere desarrollar una política industrial coherente, que favorezca a las pymes, facilite el acceso a la vivienda y poner en marcha un nuevo modelo de desarrollo que reduzca el paro y sea sostenible económica y ecológicamente, ponga en marcha una banca pública.
Recordar que España es uno de los pocos países de nuestro entorno que no cuenta con una banca pública. En Alemania, la cuota de mercado de la banca pública llega a alcanzar el 24%. y ha demostrado su capacidad de financiar necesidades de investigación e internacionalización. Hasta el propio Banco Mundial, en su informe ‘Repensando el papel del Estado en las finanzas’, mencionaba «el positivo papel que han jugado los bancos públicos en varios países durante la crisis financiera para mantener el flujo de crédito» o «la evidencia del papel contra cíclico que han jugado varios bancos públicos durante la crisis».
Esperemos que, cuando en las próximas elecciones, los requenenses depositen su voto, recuerden de parte de quien están PP y Ciudadanos, si de la ciudadanía o de los poderosos.
