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Fuente lasprovincias.es/ A. Rallo | valencia 

Los padres de un niño de casi cinco años con parálisis cerebral, hartos de la inoperancia de la Conselleria de Educación, han decidido llevar su lucha a los juzgados. El menor se encuentra actualmente escolarizado en un colegio de la comarca de Requena – Utiel.

LASPROVINCIAS omite expresamente el centro así como el nombre del alumno para evitar que pueda ser identificado. El estudiante padece una severa incapacidad motora, pero su falta de movilidad no afecta a su buena capacidad cognitiva.

Los progenitores habían presentado «numerosas reclamaciones» para que se dotara al centro de los medios educativos y materiales precisos para la atención del pequeño.

Sus peticiones no habían sido atendidas. La Dirección de Educación, Cultura y Deportes desestimaba, una tras otra, sus solicitudes. Y esta falta de respuesta pese a que la familia afectada cuenta con un informe psicopedagógico que determina que el plan óptimo para el niño consistía en su ingreso en un centro ordinario con una atención especial.

Los padres, ante la incapacidad de obtener una respuesta satisfactoria por parte de la administración, acudieron recientemente a la Justicia. El titular de un juzgado de lo Contencioso de Valencia decidirá al respecto. De entrada, la Fiscalía de Valencia, que ha intervenido en este asunto al dirimirse derechos fundamentales, se muestra plenamente favorable a las pretensiones de los demandantes.

Resulta «discriminatorio»

El ministerio público, en un informe elaborado por Manuel Campoy, considera que el silencio que en su día adoptó la Conselleria de Educación «resulta discriminatorio por razón de discapacidad y vulnera la Igualdad de Trato y Oportunidades». Recuerda el escrito que corresponde a las administraciones garantizar un puesto escolar a los alumnos con discapacidad prestando atención a la diversidad de necesidades «mediante la regulación de apoyos y ajustes razonables».

Además, deja en mera excepción la escolarización de los afectados en dependencias especiales. Esto sólo se materializará en aquellos supuestos en los que el alumno no pueda ser atendido correctamente en un centro ordinario. Además, siempre deberá tenerse en cuenta la opinión de los progenitores o tutores de los menores.

Los padres, al igual que la fiscalía, reclaman que la Dirección General de Educación sea condenada a poner en marcha las medidas necesarias para asegurar el desarrollo del alumno. En este caso, se trata de asignar un educador a jornada completa, un maestro especialista en pedagogía terapéutica, un profesional en audición y lenguaje y un fisioterapeuta. Además, debe existir un programa y la coordinación entre todos los especialistas anteriores para el beneficio del menor. La fiscalía añade también la obligación de que la Conselleria adopte todos los medios materiales. El informe insiste en que la Generalitat tiene la obligación constitucional y legal de garantizar la educación del menor. En este sentido, uno de los pilares básicos consiste en permitir al alumno «el pleno desarrollo de su personalidad y de sus capacidades personales».

Todavía aprovecha el ministerio público para lanzar un reproche a la pasividad de la Conselleria de Educación, al precisar que debería haber adoptado todas las medidas anteriores –dotación de personal y medios– sin que fuera necesaria una reclamación por parte de los progenitores.

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