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Requena (05/12/18) Redacción
El CSIF ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) contra el decreto 188/2018, de 19 de octubre, del Consell, por el que regula la concertación de los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales y la acreditación de las oficinas de farmacia para su prestación, lo que supone regular los servicios farmacéuticos asistenciales. La organización advierte que constituye una “privatización encubierta”.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) explica que “lo último que se le ha ocurrido a la Administración (valenciana), es la creación de la farmacia comunitaria”. Por medio de un convenio con empresas privadas, en este caso oficinas de farmacia, dará un servicio a la población con visitas a domicilio de pacientes crónicos, pastillas que deben tomar o revisión de botiquines. El sindicato subraya que esto supone un deterioro de la sanidad pública al quitar competencias a profesionales de Atención Primaria, sobre todo de Enfermería”.
Este decreto del Gobierno Valenciano, en palabras del responsable de CSIF CV en Sanidad, Rafael Cantó, conlleva que, “de ese modo las farmacéuticas privadas controlarían los botiquines de los asegurados, que son pacientes dependientes de la Seguridad Social y por tanto corresponde a los Centros de Salud; “por lo que se trata de una privatización encubierta de servicios públicos”, añadió.
CSIF ha trasladado su oposición a este decreto a la Conselleria de Sanidad, ya que “estas tareas deben realizarse desde la propia sanidad pública potenciando la Enfermería de Atención Primaria, mejorando la ratio de profesionales por pacientes y destacando su labor”. Lo cierto es que el Decreto está aprobado y publicado, a falta de desarrollarlo. “No entendemos que haya una legislación que permita elegir médico pero no ir a la farmacia que queramos” dijo Cantó.
Al preguntarle por la situación en la que quedarán los profesionales de atención primaria de la comarca Requena-Utiel, al igual que las del resto de la Comunidad Valenciana comentó que de ser así,(de salir adelante el decreto), un vecino de la Avenida Arrabal en Requena, por poner un ejemplo, no podría adquirir sus medicinas en la farmacia más cercana a su vivienda, sino que lo haría en la farmacia que le asignen, aunque este mucho más lejos.
La central sindical lamenta que la Administración no se haya reunido previamente con las fuerzas sindicales para aplicar una medida que afecta a las condiciones de los empleados públicos, además de suponer “una privatización encubierta” y “vulnerar la libertad del paciente de elegir farmacia”.
El sindicato apunta que “este tipo de medidas no ayuda para nada a mejorar la sanidad pública”, y ha exigido a Conselleria de Sanidad que derogue el decreto 188/2018, de 19 de octubre del Consell, publicado el 31 de octubre. Además, se ha dirigido a la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para interponer recurso.
