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AVA-ASAJA denuncia que el Botànic II vuelve a desoír sus demandas y únicamente destina estas subvenciones a entidades asociativas jurídicas como cooperativas y SATs.

Requena (05/03/20) . Ava Asaja

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) critica que la conselleria de Agricultura deja fuera a los agricultores individuales de las ayudas a planes de reconversión y reestructuración colectivos contempladas en el marco del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de la Comunitat Valenciana, lo que implica la exclusión del 60% de la producción agraria.

Según la Orden publicada hoy en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), las bases reguladoras de dichas subvenciones únicamente fijan como posibles destinatarios de las mismas a entidades asociativas con personalidad jurídica, fundamentalmente cooperativas y sociedades agrarias de transformación (SATs). El Botànic II vuelve a desoír de este modo las demandas que AVA-ASAJA formuló, durante las últimas reuniones de la comisión de seguimiento del PDR, para que las ayudas también lleguen a los agricultores a título individual que posean un mínimo de superficie.

El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, matiza que “no vamos a negar la preferencia que deben tener las entidades asociativas a la hora de acceder a las ayudas de reconversión y reestructuración colectivos, pero consideramos inconcebible que la Administración niegue la entrada de dichas ayudas a los agricultores particulares porque supone una discriminación arbitraria y contraproducente para lograr la necesaria modernización del sector”.

Esta línea de subvenciones cubre el 40% de inversiones para la compra de tierras agrícolas; la implantación y reestructuración de cultivos permanentes, reinjertado y adecuación de los marcos de plantación a la mecanización; la gestión en común de parcelas; la mejora de la eficiencia hídrica y energética en el uso del agua de riego o la implantación de métodos de cultivo tecnológicamente avanzados; la adquisición de patentes, licencias, derechos y marcas registradas; y los honorarios de ingenieros o estudios de viabilidad.

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