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Requena (18/09/17). ElMundo.com/EFE Valencia
La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha negado que exista «ningún enfrentamiento» con el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por el decreto de plurilingüismo y ha admitido que algunas declaraciones del Consell, «quizá porque han sido desafortunadas, han sido interpretadas como un ataque frontal».
En los Desayunos de la Agencia EFE en el Colegio de Abogados de Valencia, Bravo ha precisado que hay que «distinguir la capacidad de todos para la crítica de un ataque al poder judicial. Este Consell, más allá de compartir o no las decisiones judiciales, tiene el máximo respeto por los jueces».
Preguntada por si cree que los jueces del TSJCV han «hecho política» al suspender el decreto del Consell sobre plurilingüismo, tras un recurso presentado por la Diputación de Alicante, Bravo ha respondido: «Cuando hablamos, según donde se ponga una coma, se puede entender como más o menos afortunadas unas declaraciones».
«A mí jamás se me ocurriría individualizar en los jueces una crítica, sin perjuicio de que pueda manifestar mi disconformidad. Más allá de las discrepancias, máximo respeto», ha agregado.»
No me atrevería a afirmarlo en la vida -que los jueces hayan hecho política-. Como consellera puedo dar argumentos por los que puedo compartir, o no, esas decisiones, pero en nuestras críticas hemos de fijar unos límites»
Respecto a si considera idónea la fórmula del decreto ley elegida por el Consell para hacer frente a la suspensión del decreto anterior de plurilingüismo, Bravo ha afirmado que es «un instrumento normativo que cualquier gobierno estatal o autonómico tiene a su disposición ante una situación de urgente necesidad».
«Este decreto ley cuenta con un informe favorable de la Abogacía de la Generalitat. El Consell no ha querido incumplir la decisión del TSJCV, sino que el decreto ley se aprueba precisamente para evitar incumplir el auto que impedía la aplicación del decreto anterior, que exigía la vuelta al modelo de 2012″, ha añadido.
Asimismo, ha defendido que el PP «usó una fórmula similar en Baleares» y ha subrayado que si este decreto ley «afecta o no a los derechos fundamentales, ya se pronunciarán los tribunales». «Se hizo para dar tranquilidad a miles de padres, y la nueva norma no incurre en los problemas que generaron la suspensión del anterior decreto».
A su juicio, «la oposición se ha dedicado a demonizar todos los cambios introducidos por la Conselleria de Educación cuando solo se ha pretendido impulsar mecanismos para favorecer a la lengua minorizada».
«Esto no es un ataque a los valencianos castellanoparlantes. El conocimiento de las dos lenguas nos da mayor riqueza, no afecta a nuestra historia y señas de identidad. Es triste que desde la oposición se radicalice el discurso, porque el Consell pretende que todos los valencianos conozcan las dos lenguas cooficiales», ha concluido.
